Washington, D.C., — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) dan seguimiento a los graves impactos humanitarios de los recientes terremotos en Venezuela. El Estado debe garantizar los derechos humanos, incluyendo los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), de manera integral y transparente, atendiendo las necesidades diferenciadas de personas y grupos en situación de especial vulnerabilidad, tanto en la fase de emergencia como en los procesos de recuperación y reconstrucción posteriores.
Los terremotos del 24 de junio ocurrieron en un contexto preexistente de ausencia de Estado de derecho y de emergencia humanitaria que limitan la capacidad estatal de respuesta. Dicho contexto estaba marcado por un deterioro sostenido de la democracia y del goce de los derechos humanos, caracterizado por la coexistencia de patrones de represión con una crisis económica con impactos humanitarios, así como por la persistente escasez de servicios básicos.
En 2025, alrededor de 20 millones de personas vivían en pobreza multidimensional, es decir, aquella que se manifiesta en distintos ámbitos, como la salud, educación, trabajo, vivienda y servicios básicos. En 2024, 13,5 millones enfrentaban necesidades críticas, como aparece registrado en el capítulo IVB sobre Venezuela del Informe Anual de la CIDH. Este contexto estaba marcado también por un grave deterioro del sistema sanitario; falta de personal médico e insumos hospitalarios esenciales; y restricciones persistentes en el acceso a agua potable y alimentación adecuada.
Actualmente, existen vacíos estadísticos que impiden comprender el alcance de las afectaciones de los terremotos. Según comunicado oficial del gobierno, al 24 de julio de 2026, al menos 5.546 personas fallecieron; 16.740 resultaron heridas; 6.462 han sido rescatadas y 128.324 familias afectadas habrían recibido auxilio estatal. No hay información oficial consolidada sobre personas desaparecidas o no localizadas; y ante esta ausencia, sociedad civil reporta al menos 29.484 personas con las que aún no se habría logrado establecer contacto.
A tres semanas de la emergencia, persisten serias preocupaciones sobre la garantía de los DESCA en las zonas afectadas. El sistema hospitalario continúa bajo presión crítica, mientras subsisten dificultades en el acceso al agua potable y saneamiento. A ello se suma la necesidad urgente de atención en salud mental y apoyo psicosocial ante los impactos individuales y colectivos derivados del desastre. Asimismo, siguen las limitaciones en la remoción de escombros, identificación de personas fallecidas, entrega de restos a sus familiares y gestión digna de los cuerpos. Se ha reportado sobrecarga de morgues y servicios forenses, y barreras económicas para el acceso a servicios funerarios.
De acuerdo con información oficial, al menos 17.907 personas habrían perdido su vivienda y 107 campamentos transitorios han sido habilitados en Caracas, La Guaira y Miranda. Al respecto, se denuncian desafíos por la alta ocupación de estos espacios, la seguridad y la insuficiencia de servicios de agua, saneamiento e higiene, lo que podría aumentar el riesgo de enfermedades. Asimismo, Naciones Unidas reporta riesgos de protección en albergues y espacios de acogida, y el incremento de las cargas de cuidado para mujeres y niñas.
Se ha recibido información sobre diversos desafíos para la respuesta humanitaria, incluyendo restricciones de acceso a zonas afectadas para la prensa; obstáculos al funcionamiento de centros ciudadanos de acopio; retención de insumos destinados a comunidades; problemas de coordinación en la distribución de ayuda, revocación de permisos a un equipo médico internacional y retención de vehículos con suministros, según documentado por la sociedad civil.
Asimismo, existe preocupación por el aumento de personas desplazadas por la pérdida de sus viviendas y los riesgos de desplazamiento interno hacia otras zonas del país. Al respecto, sociedad civil ha informado sobre posibles traslados no voluntarios de personas afectadas por la emergencia sísmica a otros estados del territorio nacional y falta de información pública sobre los protocolos aplicables al traslado y reubicación de personas damnificadas en albergues temporales.
Al respecto, es oportuno recordar que los Estados tienen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para prevenir, mitigar y responder de manera oportuna y efectiva a los impactos de los desastres, garantizando el pleno respeto y protección de los derechos humanos durante todas las fases de la emergencia, la recuperación y la reconstrucción. La asistencia humanitaria debe prestarse de manera oportuna, suficiente, coordinada y sin discriminación. Asimismo, los Estados están llamados a garantizar la debida identificación de las personas fallecidas, la localización y trazabilidad de sus restos de manera gratuita y célere, con trato digno a sus restos y apoyo a sus familiares sobrevivientes.
La CIDH y su REDESCA reiteran su solidaridad con el pueblo venezolano, y a las personas de la diáspora que no pueden retornar para acompañar a sus seres queridos durante la emergencia. A la vez, expresan su preocupación ante la magnitud de la emergencia humanitaria derivada del desastre, que ha agravado una crisis preexistente de erosión de la institucionalidad democrática y del Estado de derecho, que compromete seriamente la capacidad del Estado para garantizar una respuesta humanitaria oportuna, transparente y efectiva.
En este marco, se urge al Estado a garantizar información pública, oportuna, accesible y verificable sobre la magnitud de la emergencia y las acciones de respuesta. Venezuela debe garantizar el acceso efectivo a salud, agua potable, saneamiento, alimentación, vivienda y otros servicios esenciales, tanto en las comunidades afectadas como en los albergues temporales, con especial atención a las personas y grupos en situación de mayor vulnerabilidad, incluyendo niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas mayores, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas o con necesidades continuas de atención en salud, así como personas privadas de libertad.
Asimismo, el Estado venezolano está llamado a adoptar todas las medidas necesarias, incluyendo la cooperación internacional, para asegurar una gestión digna de los cuerpos y garantizar procesos adecuados de búsqueda, recuperación, identificación, entrega y tratamiento de las personas fallecidas, con respeto a sus familiares y a las prácticas culturales y religiosas de las comunidades.
Frente a los desplazamientos internos, la CIDH llama a que el Estado establezca mecanismos adecuados de registro, información y acompañamiento para las personas afectadas, facilitar la reposición de documentación personal perdida como consecuencia del desastre y garantizar que cualquier medida de traslado, reubicación o retorno sea voluntaria, informada, segura y digna, con pleno respeto de la unidad familiar y mediante enfoques diferenciados conforme la Resolución 2/24 de la CIDH.
A su vez, la CIDH y su REDESCA hacen un llamado a la comunidad internacional y a las organizaciones multilaterales para que proporcionen un apoyo sostenido y coordinado a la respuesta humanitaria y a la reconstrucción, que priorice la garantía de los derechos humanos y la participación efectiva de las comunidades afectadas y de la sociedad civil venezolana en el diseño, implementación y seguimiento de dichos procesos. Finalmente, la CIDH reitera que Venezuela debe restablecer el orden constitucional, garantizando una legı́tima y pacı́fica sucesión constitucional que permita empezar a reconstruir la institucionalidad llamada a prevenir y atender este tipo de desastres.
La Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de fortalecer la promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano, liderando los esfuerzos de la Comisión en esta materia.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes, elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, que no representan a sus países de origen o residencia.