- La sustentabilidad del transporte no depende del cobro al usuario, sino de modelos financieros integrales, subsidios transparentes y reglas claras
- En la CDMX El Metro y el Metrobús enfrentan presiones para mantener tarifas bajas, independientemente de los costos reales de operación
En la Ciudad de México sistemas de transporte como el Metro y el Metrobús enfrentan presiones para mantener tarifas bajas, independientemente de los costos reales de operación, reveló Fernando Páez, especialista del Instituto de Recursos Mundiales (WRI Colombia), quien analizó los desafíos financieros y estructurales que enfrentan los sistemas de movilidad urbana, durante la conferencia magistral “Tarifa técnica vs tarifa política: el dilema de la sustentabilidad”.
En el marco del 17º Congreso Internacional de Transporte (17CIT) Páez consideró que el principal reto no consiste en elegir entre tarifa técnica y tarifa política, sino en construir mecanismos transparentes capaces de reconciliar ambos componentes mediante subsidios inteligentes, nuevas fuentes de financiamiento, contratos modernos y gobernanza técnica.
Los subsidios, dijo, no representan necesariamente un problema para los sistemas de transporte público, siempre que existan reglas claras y mecanismos transparentes para su asignación, ante lo cual hizo un llamado a construir modelos de movilidad que integren accesibilidad social, sostenibilidad financiera, planeación institucional y modernización tecnológica dentro de una visión de largo plazo.
En el mismo sentido, indicó que el tema no solamente corresponde a la capital de México, sino que numerosos modelos de transporte público en América Latina han comenzado a mostrar límites operativos y financieros derivados de esquemas sustentados principalmente en el cobro tarifario.
Indicó que actualmente, alrededor de 570 millones de personas habitan en la región y aproximadamente 200 millones utilizan diariamente sistemas de transporte público, por lo que la estabilidad financiera y operativa de estos servicios tiene impacto directo en la movilidad urbana, el acceso a oportunidades y la calidad de vida.
Señaló que las decisiones políticas orientadas a congelar tarifas pueden generar alivios temporales para los usuarios, aunque también pueden provocar deterioro progresivo de los sistemas cuando no existen mecanismos complementarios de financiamiento.
El especialista en estos temas explicó que la diferencia entre “tarifa técnica” y “tarifa política” radica en que la primera corresponde al costo real de operación de un sistema —considerando mantenimiento, operación de flota, costos de capital, tecnología, infraestructura, administración y energía—, mientras que la tarifa política es el monto finalmente definido para cobro al usuario, generalmente condicionado por factores sociales, económicos y políticos.
Durante su participación, Páez sostuvo que la discusión sobre tarifas no puede limitarse únicamente al precio del pasaje, reconoció que, durante años predominó la idea de que la tarifa pagada por las personas usuarias podía sostener por sí sola la operación del transporte público; sin embargo, actualmente múltiples ciudades enfrentan déficits operativos, disminución de pasajeros y presiones crecientes sobre los presupuestos públicos.
Añadió que la reducción de usuarios representa un desafío adicional debido a que los ingresos tarifarios disminuyen mientras continúan aumentando los costos de operación, mantenimiento, energía, tecnología e infraestructura. El director ejecutivo de WRI Colombia señaló que en diversos sistemas de transporte el costo real de cada viaje es significativamente superior a la tarifa efectivamente pagada, situación que obliga a los gobiernos a cubrir diferencias mediante subsidios o mecanismos alternativos de financiamiento.
En ese sentido, sostuvo que no puede existir movilidad sostenible sin sistemas financieramente sostenibles y afirmó que los procesos de modernización tecnológica requieren esquemas claros de financiamiento de largo plazo.