- 3 de cada 4 gobiernos publican información incompleta de deuda pública
- Solo Querétaro, Jalisco, Tabasco y Nuevo León exhiben datos con calidad; 28 estados tienen información desactualizada y/o escasa
- La transparencia fiscal de los estados cae a 59.28 puntos, su menor nivel desde 2003; 26 de las 32 entidades se ubican en el nivel Deficiente del ITDIF 2026
- El 53% de las entidades NO cumple con publicar salarios del Ejecutivo y responsables de las secretarías; 62% incumple en información sobre gastos de representación, y 71% con exhibir su padrón de beneficiarios de servicios
- Únicamente 43% de los gobiernos pública información de obra tanto de licitación como de adjudicación directa
La disponibilidad de información sobre la deuda pública de los gobiernos estatales presenta uno de los mayores rezagos en materia de transparencia fiscal en el país, un “nuevo hoyo negro” donde las entidades incumplen la ley.
Con datos de la reciente evaluación, registra un cumplimiento de apenas 33%, de acuerdo con los resultados del Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF) 2026, elaborado por aregional.
El estudio revela además un deterioro general de la transparencia fiscal, cuyo promedio nacional descendió a 59.28 puntos de 100, la calificación más baja registrada desde 2003,
Los resultados muestran que las deficiencias en la información abarcan rubros relevantes para conocer cómo se administran y ejercen los recursos públicos. El 71% de los estados no cumple con dar a conocer el padrón de beneficiarios de servicios; 62% incumple con la información sobre gastos de representación por secretaría y 53% con la correspondiente a los salarios del Ejecutivo estatal y de los funcionarios públicos responsables de las secretarías.
En contraste, la publicación del Padrón de Proveedores registra un cumplimiento de 78% entre las 32 entidades evaluadas.
El panorama también presenta dilaciones en la información histórica necesaria para dar seguimiento a las finanzas estatales: la estadística sobre ingresos alcanza un cumplimiento de 55%, mientras que la correspondiente al gasto público se reduce a 39%.
A ello se suma la limitada disponibilidad de información sobre sanciones administrativas, pues sólo 37% de los estados cuenta con ella.
El ITDIF es un instrumento estadístico desarrollado por aregional desde 2002 para conocer la disponibilidad de información pública relacionada con la gestión financiera de las entidades federativas.
En su edición 2026, la evaluación comprendió seis bloques: Marco Regulatorio; Marco Programático-Presupuestal; Costos Operativos; Rendición de Cuentas; Evaluación de Resultados, y Estadísticas Fiscales. Su propósito es dar seguimiento a la información que los gobiernos estatales generan y mantienen disponible en sus portales electrónicos oficiales.
18 gobiernos reprobados; la transparencia fiscal cae a su menor nivel desde 2003
Los resultados generales del ITDIF 2026 muestran un promedio nacional de 59.28 puntos en una escala de cero a 100, donde cero representa transparencia nula y 100 un nivel altamente transparente. Frente a la evaluación de 2025, el promedio nacional perdió 1.94 puntos y acumuló su sexta edición consecutiva a la baja. aregional señala que la calificación de este año es, además, la más baja desde 2003, cuando se realizó la segunda medición del indicador.
La disminución se refleja también en la distribución de las entidades. De los 32 gobiernos estatales evaluados, 26 fueron clasificados en el nivel Deficiente de transparencia fiscal, es decir, obtuvieron menos de 75 puntos. De ellos, sólo ocho superaron el promedio nacional y 18 entidades, equivalentes al 56.25% del total, quedaron incluso por debajo de los 59.28 puntos.
A nivel nacional, únicamente Querétaro y Jalisco alcanzaron la clasificación de estados Transparentes, al superar los 90 puntos. Querétaro se mantuvo por quinto año consecutivo en el primer lugar, con 97.86 puntos, mientras que Jalisco ocupó la segunda posición, con
93.55 puntos.
En el nivel Suficiente de transparencia fiscal se ubicaron Guanajuato, con 88.41 puntos; Sinaloa, con 78.90; Hidalgo, con 77.62, y Puebla, con
76.40 puntos. El resto de los gobiernos estatales quedó dentro del nivel Deficiente.
En el extremo inferior de la clasificación se encuentran Guerrero y Aguascalientes. Este último permaneció en el lugar 32, con 34.12 puntos, pese a haber incrementado su calificación en más de 20 puntos respecto de la evaluación anterior. Guerrero se ubicó en el penúltimo lugar, con 35.30 puntos.
Asimismo, 10 entidades no alcanzaron siquiera los 50 puntos: Baja California, Quintana Roo, Ciudad de México, Chiapas, Coahuila, Sonora, Oaxaca, Nayarit, Guerrero y Aguascalientes. aregional señala que los estados clasificados con transparencia fiscal Deficiente presentan problemas como falta de actualización, información histórica insuficiente, hipervínculos inactivos o errores de acceso, además de información incompleta o poco útil.
Persisten rezagos en obra pública y adjudicaciones
Otro de los principales focos de atención del ITDIF 2026 es la información relacionada con obra pública y sus mecanismos de adjudicación. Sólo 43% de los estados publica información de obra pública tanto en licitación pública como en adjudicación directa, lo que limita la disponibilidad de datos para conocer las condiciones bajo las cuales se asignan y ejecutan estos proyectos.
El estudio identifica únicamente a seis gobiernos estatales que publican información con variables de calidad sobre obra pública: Baja California Sur, Colima, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí y Tamaulipas.
En contraste, 11 gobiernos estatales no disponen de información relacionada con la adjudicación de obra pública: Baja California, Campeche, Coahuila, Ciudad de México, Guerrero, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Los rezagos no se limitan a la obra pública. En materia de programación y planeación, el Programa Anual de Adquisiciones sólo es publicado por 42% de los gobiernos estatales, mientras que la mitad de las entidades no publica su Cartera de Proyectos de Inversión 2026.
En cuanto a los recursos federales destinados a los municipios, Michoacán, Coahuila, Tlaxcala, Campeche, Morelos, Sonora y Veracruz no publicaron los acuerdos de distribución de los recursos federales de los Ramos 28 y 33 en sus respectivos portales. En contraste, 28 de los 32 gobiernos estatales evaluados cuentan y mantienen disponible un sistema de consulta de participaciones federales entregadas a los municipios.
Cinco de los seis componentes del Índice retroceden
La caída de la transparencia fiscal también se observa al revisar individualmente los seis bloques que integran el ITDIF 2026. Cinco registraron una disminución en su porcentaje de cumplimiento respecto de 2025 y únicamente Costos Operativos presentó un comportamiento positivo.
El Marco Regulatorio, aunque continúa como el componente con mayor cumplimiento, bajó de 82.0% en 2025 a 77.5% en 2026. El Marco Programático Presupuestal pasó de 70.1 a 67.2%; Rendición de Cuentas disminuyó de 77.7 a 73.9%; Evaluación de Resultados retrocedió de
59.7 a 52.1%, y Estadísticas Fiscales pasó de 51.1 a 45.1%. Costos Operativos fue el único bloque que avanzó, al pasar de 42.0 a 47.7%.
De esta forma, ninguno de los seis bloques alcanzó siquiera 80% de cumplimiento. Además, Costos Operativos y Estadísticas Fiscales permanecieron por debajo de 50%, aun cuando el primero fue el único componente que mejoró respecto del año anterior.
Los resultados contrastan con rubros donde sí existe un nivel elevado de disponibilidad. Por ejemplo, 90% de los gobiernos estatales publica información sobre el presupuesto planeado de los tres últimos ejercicios fiscales y 86% hace disponible la información de ingresos programados correspondiente al mismo periodo. Asimismo, 97% mantiene activa una liga al marco jurídico estatal, aunque 75% no dispone de una opción de búsqueda en las páginas donde presenta dicho marco jurídico.
Para aregional, el ITDIF constituye un instrumento para conocer la disponibilidad de la información fiscal generada por los gobiernos estatales mediante la revisión de sus portales electrónicos oficiales. La organización sostiene que se debe cumplir con las Leyes vigentes en la materia: la transparencia debe ir más allá de la información solicitada por la normatividad y contribuir a que los gobiernos locales publiquen información adicional de interés general, de manera que pueda fortalecerse el acceso a la información y la rendición de cuentas.
La consultora también destaca que la elaboración de indicadores de transparencia y de finanzas públicas son base para diagnósticos y análisis especializados que permiten generar conocimiento sobre la evolución de la rendición de cuentas y el desempeño gubernamental, lo que contribuye al fortalecimiento institucional, al ejercicio pleno del derecho constitucional de acceso a la información, y al cumplimiento de las leyes vigentes.