- El Congreso de la Ciudad de México fue sede de este evento en el que participaron expertos en la materia y legisladores de 23 entidades federativas
El Congreso de la Ciudad de México fue sede del Foro “Financiamiento para la Transición Energética Justa desde la Legislación Subnacional”, en el que participaron expertos en la materia y legisladores de 23 entidades federativas, el cual contó con el apoyo de la diputada Adriana Espinosa de los Monteros García.
Este encuentro de diálogo, que se realizó el viernes 28 de agosto en el Recinto Legislativo de Donceles, fue impulsado por la Red de Legisladores Estatales para el Cambio Climático (RELECC) y las organizaciones Política y Legislación Ambiental (POLEA) e IDEA-Iniciativa Climática de México.
En su intervención, Espinosa de los Monteros aseveró que el cambio climático es una realidad que no se puede ignorar ni postergar su solución, porque está transformando las condiciones de vida de millones de personas en todo el planeta, y afecta con mayor intensidad a las personas con menos recursos y a las comunidades más vulnerables.
“Es un verdadero honor participar en este encuentro para abordar un tema que representa uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo, pero también una de las mayores oportunidades para construir un futuro más sostenible, más equitativo y socialmente responsable”, subrayó la legisladora de MORENA.
Detalló que el incremento de la temperatura; las sequías prolongadas; las lluvias extremas; las inundaciones; los incendios forestales; las pérdidas de la biodiversidad, y la creciente presión sobre el agua y los recursos naturales, son manifestaciones de una crisis climática que urge respuestas inmediatas.
Asimismo, aseveró que el cambio climático va más allá de una responsabilidad ambiental porque representa un desafío social, económico, energético y de justicia. Ello, agregó, obliga a los gobiernos y congresos estatales a replantear políticas públicas en la materia, así como fortalecer las herramientas jurídicas y financieras que permitan construir comunidades más resilientes y un futuro sostenible.
“Desde los congresos locales tenemos una responsabilidad fundamental: crear las condiciones jurídicas, presupuestales e institucionales para que la transición energética sea accesible para todas y todos. La legislación subnacional tiene una enorme capacidad para transformar la realidad cotidiana”, recalcó.
Precisó que estos órganos deben explorar fondos estatales y municipales para la transición energética; esquemas de financiamiento verde; incentivos fiscales; alianzas público-privadas; mecanismos de inversión social; programas de financiamiento para pequeñas empresas y, particularmente, instrumentos que permitan que las familias de menores ingresos puedan beneficiarse de las nuevas tecnologías energéticas.
“La energía limpia debe ser también una energía accesible. Una transición justa debe garantizar que los beneficios económicos y ambientales lleguen a las comunidades que históricamente han enfrentado mayores condiciones de vulnerabilidad”, puntualizó la diputada Adriana Espinosa de los Monteros.
Como parte de las actividades, participaron tres expertos en la materia: Ana Sofía Tamborrel Signoret, consultora especializada en cambio climático, transición energética y justicia climática; Rodolfo Godinez, catedrático de la UNAM, y Gabriela de la Torre Ríos, representante de C40 Cities, red global climática que acompaña a las ciudades para tener planes de acción climática. También Andrés Ávila, Secretario de la RELECC y la diputada María Isabel Ortiz, quien coordinó dicho foro,
En su presentación, Ana Sofía Tamborrel afirmó que la injusticia climática refleja una triple desigualdad, pues las personas más pobres son las más vulnerables, ya que tienen menor capacidad de adaptación y resiliencia, en contraste con los más ricos, quienes son responsables de la emisión de gases invernadero. “En México, 10 por ciento de la población emite casi tres por ciento de gases de efecto invernadero versus los más ricos que emiten casi el 30 por ciento”.
Rodolfo Godínez señaló que los municipios enfrentan obstáculos para realizar acciones en este rubro, debido a que carecen de respaldos fiscales ante la emisión de bonos verdes; incapacidad técnica para cumplir con las convocatorias de proyectos climáticos, y que no son considerados porque los inversores prefieren proyectos con mayor retorno económico, entre otros.
En su turno, Gabriela de la Torre expuso que invertir en la movilidad eléctrica significa mejorar la calidad de vida de la población, pues se reducen gastos de salud por la mala calidad del aire.
Luego de las presentaciones, las y los legisladores manifestaron sus dudas e inquietudes a los panelistas en diversos reglones, a partir de problemáticas específicas de sus estados.