Javier Divany Bárcenas
La diputada federal Elena Edith Segura Trejo, del Grupo Parlamentario de Morena, impulsa la Ley General de Protección Patrimonial contra el Despojo Inmobiliario, una iniciativa que busca brindar mayores garantías a las familias mexicanas para evitar que pierdan su patrimonio a causa de escrituras falsas, juicios simulados, suplantación de identidad o redes dedicadas al fraude inmobiliario.
La propuesta parte de la premisa de que la protección del patrimonio debe ser una causa de justicia y no un tema partidista.
Uno de los casos que refleja la dimensión del problema es el de República de Cuba 11, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde está por cumplirse un año desde el despojo del inmueble y los legítimos propietarios continúan fuera de su patrimonio.
Casos como éste evidencian la necesidad de que el Estado cuente con herramientas legales para proteger de manera inmediata a las víctimas y evitar que los procesos judiciales terminen favoreciendo a quienes actuaron al margen de la ley.
Como parte de la iniciativa, la legisladora plantea crear una Alerta Inmobiliaria Nacional, para que cualquier propietario sea notificado de inmediato cuando alguien intente modificar la situación jurídica de su inmueble.
También propone un bloqueo registral preventivo, un Registro Nacional de Operaciones Inmobiliarias de Riesgo y fortalecer a las fiscalías con mayor presupuesto, unidades especializadas, más ministerios públicos, policías de investigación, peritos y herramientas tecnológicas que permitan investigar con mayor rapidez y reducir la impunidad.
Ademas, responde a un problema de carácter nacional. En la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia reportó más de 20 mil carpetas de investigación por despojo entre 2020 y abril de 2026.
En tanto, el Estado de México registró 5 mil 594 denuncias durante 2025, cifras que muestran la necesidad de una estrategia integral para enfrentar este delito.
La iniciativa también reconoce los esfuerzos de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, por fortalecer la coordinación institucional para combatir el despojo, en congruencia con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de consolidar el Estado de derecho, combatir la corrupción y proteger el patrimonio de las familias mexicanas.
Asimismo, advierte que detrás de numerosos casos operan grupos organizados que utilizan escrituras falsas, poderes apócrifos, notificaciones irregulares, juicios simulados y suplantación de identidad, incluso con la posible participación de abogados, notarios o servidores públicos.
Las personas adultas mayores se encuentran entre las principales víctimas de estas prácticas, por lo que la iniciativa busca cerrar los espacios de impunidad y fortalecer la protección jurídica de quienes han dedicado toda una vida a construir su patrimonio.
