Presidente de la Comisión de Hacienda fundamenta dictámenes, en materia de ingresos, del Paquete Económico 2027

Política
  • Fortalece la recaudación, cierra espacios a la evasión, facilita el pago de impuestos, impulsa la inversión y atienda necesidades sociales: diputado Carol Antonio
  • Se desechó moción suspensiva presentada por el diputado José Elías Lixa Abimerhi (PAN)

El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputado Carol Antonio Altamirano, fundamentó tres dictámenes del Paquete Económico 2027: el que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027, reforma la Ley Federal de Derechos, y modifica disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y se expiden disposiciones transitorias.

Antonio Altamirano recordó que los tres dictámenes derivan de la iniciativa que envió la titular del Poder Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo.

Reconoció a las y los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, su disposición al diálogo y con prudencia y sensatez contribuyeron a generar un ambiente de respeto, cordialidad y colaboración institucional, que permitió desarrollar los trabajos legislativos en el marco de la pluralidad parlamentaria.

Comentó que sostuvieron reuniones de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se escuchó a los representantes de los sectores social y privado, quienes expusieron sus inquietudes y formularon propuestas que contribuyeron al análisis y a varias modificaciones que se recuperan en los tres dictámenes.

Destacó que en cuanto a la Ley Federal de Derechos, el dictamen plantea que su actualización no debe entenderse únicamente como una revisión de cuotas; también permite adecuar las disposiciones legales a los costos de los servicios, a la necesidad de operación de las instituciones y a las condiciones actuales de aprovechamiento de los bienes nacionales.

El propósito que se atiende—añadió—es mantener una correspondencia justa y proporcional entre los servicios que proporciona el Estado, los costos asociados a su prestación y los beneficios que reciben quienes hacen uso de ellos, bajo los principios de legalidad y certeza jurídica. Exige distinguir entre recaudar y cobrar de manera justificada, siendo que los derechos tienen una naturaleza específica, corresponden a servicios que presta el Estado en funciones de derecho público o al uso y aprovechamiento de los bienes que pertenecen a la nación.

Por ello, su revisión demanda criterio de proporcionalidad, certeza jurídica y correspondencia con las condiciones reales de cada actividad. Lo que se busca es que en la Ley Federal de Derechos se reconozcan los costos efectivos de los servicios, se corrija diferencias injustificadas entre trámites equivalentes y se establezcan reglas que permitan identificar con claridad cuándo y cómo corresponde pagar un derecho. “No se propone—afirmó—una actualización indiscriminada, sino ajustes asociados a servicios y aprovechamientos concretos”.

Aclaró que a la iniciativa del Ejecutivo Federal se le hicieron tres modificaciones sustanciales: se redujo el incremento que contenía sobre el derecho que pagan los visitantes extranjeros que ingresan a nuestro país con fines turísticos. La propuesta original contemplaba un aumento de 35 por ciento para pasar de 983 pesos a mil 334. Con la modificación aprobada la cuota se estableció en mil 158 pesos, lo que representa un incremento de únicamente 17.8 por ciento; es decir, un 50 por ciento menos.

Se modificó la clasificación de diversas zonas costeras del país para actualizar las cuotas aplicables por el uso, goce o aprovechamiento de la Zona Federal Marítimo Terrestres y de los ambientes costeros. Esta reclasificación permitirá fortalecer los ingresos de los municipios de San Nicolás, Guerrero; La Huerta, Jalisco; Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco, Isla Mujeres y Cozumel, en Quintana Roo; Mazatlán, Sinaloa, y Santa María Colotepec, Oaxaca.

En este caso—abundó—se reconoce que las playas de Santa María Colotepec colindan con las playas de la zona turística de Puerto Escondido, que pertenece al municipio de San Pedro Mixtepec, por lo que se propone su reclasificación de la zona 2 a la zona 3. Esto va a permitir que el municipio de Santa María Colotepec y los demás generen mayores recursos para atender directamente sus necesidades.

También, dijo, se incorporó la exención del pago de derechos los domingos para visitantes nacionales y extranjeros residentes en México que accedan a áreas naturales protegidas donde se encuentren museos, monumentos o zonas arqueológicas.

Por lo que respecta a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el diputado Antonio Altamirano dio a conocer que la Comisión consideró procedentes sus principales medidas al estimar que contribuyen a modernizar el sistema tributario, facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y fortalecer la recaudación mediante reglas más claras y equitativas.

Uno de sus ejes, en el tema de Resicos, con el fin de incentivar la formalidad y apoyar a los pequeños contribuyentes y al sector primario, se incrementa el límite de ingresos para tributar en el Resico de personas físicas de 3.5 millones a cinco millones de pesos anuales, y para personas morales de 35 millones a 50 millones de pesos.

Se eleva de 900 a un millón de pesos el monto máximo de ingresos exentos para las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, refrendando el compromiso absoluto con la soberanía alimentaria.

Explicó que otro tema importante fue el control de deducciones autorizadas y pérdidas fiscales, para lo cual se incorpora un mecanismo de control en la determinación del ISR, el cual estandariza un límite máximo para las deducciones autorizadas del 96.67 por ciento o 99 por ciento, según el comportamiento de la empresa, y limita la disminución de pérdidas fiscales al 50 por ciento de la utilidad fiscal del ejercicio.

Informó que se deroga el régimen opcional para grupos de sociedad y se incluyen en la ley los estímulos temporales para los polos de desarrollo; es decir, se elevan a rango de ley disposiciones transitorias de los estímulos fiscales vinculados al Plan México, los Polos de Desarrollo para el Bienestar del Istmo de Tehuantepec, los Polos de la Economía Circular y los Polos Industriales de Yucatán, otorgando certidumbre jurídica a la deducción inmediata de inversiones y deducciones adicionales por capacitación e innovación hasta el 2030.

Con relación a la Ley de Ingresos, comentó que la iniciativa presidencial estima ingresos por 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos, de los cuales seis billones 263,488.1 corresponde a ingreso tributario, lo que representa un incremento del 3.9 por ciento con respecto a 2026, y se prevé un endeudamiento neto interno de un billón 700 mil millones de pesos, 4.49 por ciento menos que en el ejercicio fiscal anterior.

El legislador resaltó que se contempla un estímulo fiscal para ganancias por enajenación de acciones en ofertas públicas iniciales mediante una tasa preferencial del 10 por ciento del IVA, sujeta a condiciones como un límite de valor de mercado de hasta 50 mil millones de pesos, con lo que se impulsará la inversión productiva.

También, considerando que la política fiscal debe proteger actividades con valor social, se propone aplicar tasa cero de IVA a comercializadores de libros, periódicos y revistas cuyos ingresos por este concepto representen al menos el 90 por ciento del total del ejercicio previo. “Esta medida—aseguró—apoyará al sector, fomentará la lectura y mejorará la liquidez de las librerías, fortaleciendo el acceso a la cultura”.

Además, mencionó que el objetivo de la Ley de Ingresos es fortalecer la recaudación, cerrar espacios a evasión, facilitar el pago de impuestos, impulsar la inversión y atender las necesidades sociales bajo la certeza de que una hacienda pública fuerte es indispensable para hacer efectivo los derechos y las políticas sociales.

Invitó a las y los legisladores a votar a favor de los tres dictámenes para que “que el Estado pueda cumplir con sus responsabilidades de forma sostenible, fortalezcamos una política fiscal que recaude mejor, facilite el cumplimiento, fomente la inversión y atienda el bienestar social. Votemos con la convicción de que cada ingreso público se traduce en un compromiso frente a la ciudadanía y entendamos que una política fiscal responsable se mide por la capacidad de transformar los recursos en desarrollo y oportunidades para nuestro país”.

Desechan moción suspensiva

En votación económica, el Pleno desechó una moción suspensiva presentada por el diputado José Elías Lixa Abimerhi (PAN), para detener la discusión y votación del dictamen y devolverlo a la Comisión de Hacienda, a efecto de ampliar la discusión, reevaluar la finalidad de la propuesta en materia de endeudamiento y realizar las modificaciones necesarias.