- En el Congreso de la CDMX se aprobó un Punto de Acuerdo para que la funcionaria garantice los derechos humanos de ese sector de la población
El Congreso de la Ciudad de México pidió a la Alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, no criminalizar las protestas de la comunidad de la diversidad sexual y de género, luego de lo sucedido el pasado 9 de octubre cuando colectivas trans se manifestaban frente a la sede de la demarcación.
En la Sesión Ordinaria de este jueves, la diputada Brenda Ruiz Aguilar presentó un Punto de Acuerdo, que fue aprobado por el Pleno, para que Rojo de la Vega garantice los derechos humanos y se abstenga de incurrir en actos de hostigamiento, discriminación, persecución, violencia institucional o criminalización de la protesta social en contra de poblaciones LGBTTTIQ+.
Asimismo, requirió a diversas instancias permitir medidas precautorias; brindar acompañamiento integral y protección a las víctimas, y determinar las responsabilidades por violaciones a derechos humanos derivadas la violencia contra las manifestantes.
La legisladora de MORENA recordó que varias colectivas de la comunidad LGBTTTIQ+ convocaron a una manifestación pacífica el 9 de octubre en la Alcaldía Cuauhtémoc, para exigir una audiencia con Rojo de la Vega en demanda de garantías de seguridad, erradicación de violencia institucional y condiciones dignas para sus actividades laborales en el espacio público.
“Colectivas como Casa Lleca, Lupilla Xiu, Transuixxx y Justicia Histórica Trans acudieron a la explanada de la Alcaldía a pedir una audiencia con la Alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega. Querían hablar de condiciones dignas para trabajar y de vivir sin hostigamiento”, afirmó.
La representante popular precisó que en lugar de privilegiar el diálogo, la respuesta de la demarcación fueron empujones y agresiones que dejaron un saldo de más de 13 personas lesionadas, entre ellas mujeres trans, personas no binarias y periodistas.
“Días después, la Alcaldesa anunció denuncias penales contra quienes se manifestaron. Una autoridad que golpea a quienes piden ser escuchadas y después las acusa, está ejerciendo violencia institucional”, reclamó.
Como parte del debate, los morenistas Iliana Sánchez Chávez, Leonor Gómez Otegui, Alberto Martínez Urincho y Ángel Tamariz Sánchez manifestaron su respaldo a los derechos humanos de las personas trans y aseguraron que acompañarán sus causas.
En ese contexto, enumeraron diversos actos de agresión de la Alcaldesa de Cuauhtémoc y exigieron su renuncia, bajo el argumento de que la funcionaria ha sido incapaz de atender a la comunidad de la diversidad sexual y de género.
Por su parte, la petista Jannete Guerrero rechazó los señalamientos de la oposición sobre una supuesta falta de acciones legislativas a favor de la población LGBTTTIQ+. Al respecto, afirmó que el Congreso capitalino ha promovido 34 iniciativas y 16 Puntos de Acuerdo relacionados con sus derechos.
La diputada Diana Sánchez Barrios resaltó la lucha histórica de la izquierda y de los colectivos de la diversidad sexual por el reconocimiento de sus derechos. En ese sentido, la Coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente (APMCFI) señaló que los derechos ganados son resultado de décadas de organización y trabajo conjunto de la sociedad civil.
Por su parte, los panistas Frida Jimena Guillén Ortiz, Daniela Álvarez Camacho y Federico Chávez Semerena argumentaron que la Alcaldía Cuauhtémoc es la única que cuenta con un programa social dirigido a este sector de la población e hicieron un llamado a las otras demarcaciones a implmentar programas similares.
También pidieron que en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el próximo año se definan recursos para acciones de salud, vivienda, seguridad y trabajo a favor de las poblaciones de la diversidad sexual y de género.
El Punto de Acuerdo aprobado solicita a la Alcaldía Cuauhtémoc informar sobre la actuación institucional en dicha manifestación, precisando las acciones realizadas, instrucciones emitidas y medidas adoptadas para aclarar los hechos, atender a las personas afectadas y prevenir su repetición.
Asimismo, pide a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, por medio del Órgano Interno de Control de la demarcación, investigar posibles responsabilidades administrativas de quienes ordenaron, ejecutaron o permitieron las agresiones, y las posibles omisiones en deberes de supervisión.