Niños con cáncer: el abandono detrás del presupuesto.
Por Ernesto Zavaleta
Terminó la discusión y se definió en la cámara de los diputados el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, la preocupación ya es otra, el INE, y atrás quedaron los olvidados, los que no votan, los que incluso fueron acusados de traidores a la patria por un expatriado con lujos en la OMS.
En México, alrededor de 5 mil niñas, niños y adolescentes son diagnosticados cada año con cáncer y más de 2 mil pierden la vida por esta enfermedad en ese mismo lapso. Detrás de esas cifras hay una realidad que el discurso oficial sobre la transformación del sistema de salud no consigue ocultar: miles de familias enfrentan la enfermedad de sus hijos con la incertidumbre de no saber si encontrarán los medicamentos necesarios para continuar sus tratamientos.
El propio Gobierno federal reconoce que el cáncer infantil constituye la principal causa de muerte por enfermedad entre los menores de cinco a 14 años. Y la esperanza de supervivencia es de 56% para los menores enfermos de cero a cinco años, para ellos sólo hay piezas caducadas, incluidos medicamentos oncológicos y una cita puede tardar hasta seis meses en el eficiente sistema de salud que prometieron varias veces desde el púlpito del Palacio Nacional, “mejor que el de Dinamarca” decían.
El cáncer infantil no espera a que se resuelvan los problemas administrativos, a que lleguen las licitaciones ni a que las instituciones terminen de reorganizarse. Una quimioterapia que no se aplica oportunamente, un medicamento que no llega o un tratamiento que se interrumpe pueden comprometer la posibilidad de supervivencia de un menor.
Mientras el Gobierno federal presume incrementos presupuestales y habla de consolidar un sistema de salud universal, la oposición en la Cámara de Diputados ha advertido que los recursos siguen siendo insuficientes para atender las necesidades reales de la población, particularmente en hospitales, medicamentos e infraestructura médica.
El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 contempla 2.7 billones de pesos para el sector salud, un incremento real de 11.3 por ciento, de acuerdo con las cifras presentadas durante la discusión legislativa. Pero el aumento global no significa que las carencias estén resueltas ni que los recursos lleguen de manera suficiente a todos los hospitales y pacientes.
El análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) sobre el proyecto presupuestal identificó una distribución desigual de los recursos adicionales. Aunque el gasto público en salud propuesto ascendía a 1 billón 136 mil 648 millones de pesos, 75.6 por ciento de los recursos adicionales se concentraba en la población con seguridad social.
Además, los hospitales e institutos de la Secretaría de Salud dispondrían de 1.5 por ciento menos recursos frente al gasto ejercido en 2025. El presupuesto para medicamentos e insumos médicos aumentaría, pero ese crecimiento no elimina las dificultades de distribución y abastecimiento que enfrentan las instituciones.
La organización México Evalúa también identificó una brecha preocupante: para 2027, el gasto destinado a personas con seguridad social alcanzaría 767 mil millones de pesos, frente a 339 mil millones para quienes carecen de ella. Una diferencia de 126 por ciento que evidencia la desigualdad en el financiamiento de los servicios médicos.
Es precisamente en esa población donde se encuentran muchas de las familias que dependen de los hospitales públicos para conseguir los tratamientos oncológicos de sus hijos.
Durante la discusión presupuestal, legisladores de oposición cuestionaron que el incremento general del gasto no se traduzca en una mejor atención médica. PRI y PAN advirtieron sobre la insuficiencia de recursos para los servicios públicos y los institutos de salud, mientras que desde otras bancadas se reclamó que las prioridades presupuestales no corresponden con las necesidades de los pacientes, pero ni una coma cambió en este renglón.
Y no se trata de una discusión abstracta sobre porcentajes o partidas presupuestales. Se trata de menores que necesitan medicamentos para seguir viviendo.
Las cifras oficiales del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia indican que entre 2020 y 2024 se notificaron 7 mil 435 casos nuevos de cáncer en niñas, niños y adolescentes, de los cuales 3 mil 676 correspondieron a leucemias.
La situación se agrava porque aproximadamente 75 por ciento de los casos se diagnostica en etapas avanzadas y la supervivencia global a cinco años se estima en apenas 56 por ciento. Son indicadores que reflejan la importancia de garantizar diagnósticos oportunos, atención especializada y continuidad en los tratamientos.
El problema del desabasto tampoco puede considerarse una discusión superada.
En junio de este año, una investigación publicada por La Jornada documentó que entre 2020 y 2024 caducaron 18.4 millones de piezas de medicamentos, incluidos oncológicos, en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Los fármacos, valuados en más de 121 millones de pesos, permanecieron almacenados en instalaciones de una empresa privada mientras padres de pacientes denunciaban la falta de insumos y realizaban protestas para exigir quimioterapias.
La contradicción es difícil de ignorar: mientras familias enteras buscaban medicamentos para sus hijos, millones de piezas permanecían almacenadas hasta perder su vigencia.
Si bien no puede afirmarse que cada fallecimiento por cáncer infantil sea consecuencia del desabasto, pero tampoco puede minimizarse el riesgo que representa interrumpir tratamientos que requieren continuidad y oportunidad.
Mientras el Gobierno defiende sus cifras presupuestales, y asegura con insultante seguridad que no hay desabasto de medicamentos, miles de familias siguen enfrentando la angustia de conseguir medicinas e insumos para tratamientos que deberían estar garantizados en los hospitales públicos… Y cada uno de esos días acerca a la muerte a una niña, a un niño cuyos padres ni acceso tienen para expresar su angustia ante la protagonista de la mañanera.
Cuando un país no puede asegurar que sus niños tengan acceso a los tratamientos para combatir una enfermedad mortal, el problema deja de ser exclusivamente presupuestal: se convierte en una deuda del Estado con su infancia.
La pregunta que el Gobierno debe responder es sencilla: ¿de qué sirve anunciar billones de pesos para el sector salud si no existe la garantía de que un niño con cáncer recibirá a tiempo los medicamentos que necesita?
Morena mira al pasado mientras junta al INE se hunde en el escándalo
A 20 años de la elección presidencial de 2006, Morena quiere regresar a las urnas de aquel proceso para investigar el supuesto fraude que llevó a Felipe Calderón a Los Pinos y privó, según la narrativa del movimiento, a Andrés Manuel López Obrador de la Presidencia.
Ariadna Montiel llevó a San Lázaro la petición para crear una Comisión Especial por la Verdad y la Democracia, con el argumento de que las declaraciones de Vicente Fox sobre su intervención en aquellos comicios justifican esclarecer lo ocurrido. Ricardo Monreal ya anticipó que Morena utilizará su mayoría para impulsar la propuesta.
La iniciativa llega en un momento particularmente incómodo para el oficialismo: mientras pretende revisar las presuntas irregularidades de hace dos décadas, el árbitro electoral enfrenta uno de los mayores cuestionamientos de su historia reciente por el caso de Guadalupe Taddei, y para este tema nadie pidió una comisión especial.
Pero el contraste resulta todavía más delicado. El INE atraviesa una crisis de credibilidad luego de la salida de Taddei, en medio de señalamientos por presuntos conflictos de interés y contrataciones irregulares.
La FGR mantiene 15 carpetas de investigación en las que aparecen más de 50 personas físicas y morales, entre ellas familiares de la exconsejera presidenta, su expareja y proveedores del organismo. Las indagatorias incluyen posibles delitos como tráfico de influencias, desvío de recursos y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La gravedad de los señalamientos no equivale a una sentencia, pero sí coloca bajo sospecha a una institución cuya razón de ser es garantizar elecciones confiables.
Morena exige revisar la historia del árbitro electoral de 2006 justo cuando tiene que dar explicaciones sobre el funcionamiento del INE de 2026. Si realmente se trata de defender la democracia y esclarecer irregularidades, la vara debe ser la misma para todos: investigar a Vicente Fox y a quienes intervinieron en aquella elección, pero también llegar hasta las últimas consecuencias en el caso Taddei, sin proteger a nadie por filiación política.
De lo contrario, la comisión especial corre el riesgo de convertirse en un ejercicio de memoria selectiva: mucha disposición para revisar las derrotas de hace 20 años y demasiadas resistencias para esclarecer los escándalos del presente. La democracia no necesita investigaciones a conveniencia; necesita autoridades electorales confiables, cuentas claras y responsabilidades, sin importar de qué partido provengan los señalados.



