El régimen aumenta la represión para que los activistas abandonen el país, para intimidar a la población y presionar a Estados Unidos y a la Unión Europea. Nada de eso va a solucionar la grave crisis estructural ni las desconfianzas dentro de la propia élite. Cuba está abocada a vivir un proceso de transición política, económica y social.
Madrid, 6 de noviembre de 2026
Octubre cerró en Cuba con al menos 387 acciones represivas contra la población, entre ellas 30 detenciones arbitrarias y otros 357 abusos, denunció este viernes el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
Se recibieron reportes de 73 denuncias realizadas por presos políticos, comunes y sus familiares, mientras que los sitios de viviendas para impedir los movimientos de activistas llegaron hasta los 145.
Otras violaciones producidas fueron amenazas, peticiones fiscales, hostigamientos y citaciones policiales. Las provincias más afectadas fueron La Habana, Matanzas y Villa Clara.
“El régimen aumenta la represión para que los activistas abandonen el país, para intimidar a la población y presionar a Estados Unidos y a la Unión Europea. Nada de eso va a solucionar la grave crisis estructural ni las desconfianzas dentro de la propia élite. Cuba está abocada a vivir un proceso de transición política, económica y social”, expresó Yaxys Cires, director de Estrategias del OCDH.
Las detenciones arbitrarias estuvieron dirigidas principalmente contra activistas, opositores, expresos políticos, periodistas independientes, líderes religiosos y ciudadanos que ejercieron su derecho a la protesta pacífica. Entre los casos registrados destacan los expresos políticos Alexander Díaz Rodríguez y Guillermo “Coco” Fariñas Hernández, así como los activistas Mario Alberto Hernández Leyva y José Antonio Riquenes Rodríguez. También fueron detenidos los manifestantes del 11J Abdiel Cedeño Martínez y Dairon Yunior Labrada Linares, mientras cumplían con las obligaciones de presentación impuestas tras su excarcelación.
Entre los casos relevantes se encuentra la detención violenta del pastor evangélico Rolando Fidel Pérez Lora, conocido como «Pregonero de Cristo», quien fue arrestado el 1 de octubre por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria cuando se dirigía al Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este para acompañar a la activista Anna Sofía Benítez Silvente (Anna Bensi) y a su madre, Caridad Silvente, durante la celebración de su juicio. El arresto ocurrió en un contexto de vigilancia, restricciones de movimiento y detenciones contra personas que intentaban asistir a la vista judicial.
La represión también alcanzó a personas que protestaron por la situación del país, como Ariel Limias Leyva y Oscar Echevarría Rubio, así como a periodistas independientes, entre ellos Yunia Figueredo Cruz y Frank Correa, quienes denunciaron amenazas e intimidaciones durante los interrogatorios. Asimismo, se documentaron detenciones relacionadas con actividades religiosas, iniciativas de ayuda humanitaria y reclamos por servicios básicos.
Abusos contra presos políticos
En octubre se documentaron al menos 63 abusos contra presos políticos en Cuba, entre ellas agresiones físicas, amenazas, aislamiento en celdas de castigo, negación de atención médica y medicamentos, restricciones de comunicación con familiares, traslados arbitrarios y condiciones de reclusión que ponen en riesgo la salud y la integridad de los encarcelados.
Entre los casos más preocupantes destacan los de Carlos Alain Abrahantes Valdés, Ediolvis Marín Mora y Virgilio Mantilla Arango, quienes denunciaron castigos, incomunicación y falta de asistencia médica en prisiones de Camagüey. Asimismo, se reportaron agresiones físicas contra Yandi Dita Rodríguez y Roilán Álvarez Rensoler; el aislamiento prolongado del periodista independiente Henry Constantín Ferreiro y las amenazas de muerte denunciadas por Denys Hernández Ramírez. También se registraron huelgas de hambre de varios presos políticos, entre ellos Amaury Díaz García, Danisbel Labrada Morales y Yunaykis Linares Rodríguez, en protesta por las condiciones de encarcelamiento y las restricciones impuestas por las autoridades penitenciarias.
La falta de atención médica constituyó una de las denuncias recurrentes, con casos como los de Saylí Navarro Álvarez, Félix Navarro Rodríguez, Jorge Bello Domínguez y Ana Ibis Tristá Padilla, quienes enfrentan problemas de salud y dificultades para acceder a tratamientos especializados. Asimismo, se denunciaron restricciones a las visitas familiares, privación de llamadas telefónicas, alimentación insuficiente y condiciones sanitarias deficientes en diferentes centros penitenciarios. En conjunto, los casos registrados reflejan la persistencia de maltratos, represalias y vulneraciones de derechos fundamentales dentro del sistema penitenciario cubano, particularmente contra personas encarceladas por motivos políticos.
Sitios policiales
En octubre de 2026 se documentaron al menos 145 acciones de vigilancia y sitio policial contra periodistas independientes, activistas, opositores y familiares de presos políticos en Cuba, mediante operativos de la Seguridad del Estado destinados a restringir su libertad de movimiento e impedir su participación en actividades públicas y religiosas.
Una parte importante de estos hechos ocurrió el 1 de octubre, coincidiendo con el juicio contra la creadora de contenido Anna Sofía Benítez Silvente (Anna Bensi) y su madre, Caridad Silvente. Durante esa jornada se denunciaron cercos policiales y prohibiciones de salir de sus viviendas contra las periodistas Camila Acosta y Yoani Sánchez, el escritor Ángel Santiesteban-Prats, el periodista Reinaldo Escobar, la líder de las Damas de Blanco Berta Soler y el expreso político Ángel Moya. También fueron vigilados el activista Adelth Bonne Gamboa y varios integrantes del colectivo juvenil Fuera de la Caja Cuba, entre ellos Karel Daniel Hernández Planas, Mauro Reigosa Pérez, Abel Alejandro Andrés Navarro y Amanda Beatriz Andrés Navarro.
Otras acciones documentadas estuvieron dirigidas contra integrantes del movimiento Damas de Blanco, quienes denunciaron operativos de vigilancia y cercos policiales durante todos los domingos de octubre, con el propósito de impedirles asistir a misa.
Estas prácticas continuaron durante el mes, con nuevos operativos contra Camila Acosta, quien denunció haber sido nuevamente sitiada y amenazada el 28 de octubre, así como contra el activista Aurelio Cabrera González en Sancti Spíritus y los activistas Jesús Vilche Herrera y Josefa Márquez Muños en Cienfuegos. También se registró vigilancia contra Wilber Aguilar Bravo, padre del preso político del 11J Walnier Luis Aguilar Rivera.
Citaciones policiales
Durante octubre se documentaron al menos 12 citaciones contra periodistas independientes, activistas, opositores y ciudadanos vinculados a iniciativas sociales y humanitarias en Cuba, varias de ellas acompañadas de interrogatorios, amenazas de encarcelamiento y otras acciones de intimidación por parte de la Seguridad del Estado.
Entre los casos registrados destacan las citaciones reiteradas al periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez, colaborador de Diario de Cuba, y al activista Adelth Bonne Gamboa, quienes denunciaron presiones de las autoridades. Asimismo, el activista cristiano Anthony Martínez fue citado en varias ocasiones después de asistir al juicio de Anna Sofía Benítez Silvente (Anna Bensi) y su madre, Caridad Silvente. También se documentó la citación del expreso político Julián Mazola, beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien posteriormente fue trasladado a una estación policial, mientras su hermana recibió amenazas de agentes de la Seguridad del Estado.
Las citaciones también alcanzaron a personas vinculadas con actividades humanitarias, como Zula López y Lendra Martínez, colaboradoras de un proyecto de distribución de alimentos a personas vulnerables en Santiago de Cuba. Asimismo, fueron citados el activista Bismark Mustelier Galán, en relación con la aparición de grafitis antigubernamentales en Palma Soriano, y el opositor Evangelio Sánchez Alayo, quien fue detenido tras comparecer ante un tribunal.
Al menos 35 personas imputadas en cuatro procesos con peticiones fiscales
Durante el mes de octubre de 2026, se documentaron al menos 35 personas imputadas en cuatro procesos con peticiones fiscales en Cuba, relacionados con publicaciones críticas en redes sociales, actividades de integrantes de la masonería y participación en protestas ciudadanas. Las solicitudes de sanción incluyen penas de privación o limitación de libertad, según el proceso.
La Fiscalía solicitó penas de hasta diez años de privación de libertad contra cuatro personas de la provincia de Granma, en un proceso relacionado con la difusión de videos críticos, conversaciones privadas y recargas telefónicas. Los imputados son Yaquelín García Jaén, Daniel Barrios Figueredo, Ariel Eugenio Arzuaga Peña y Yoalis Mayelin Figueredo Carbonell. El caso refleja la utilización de procedimientos penales contra personas por actividades relacionadas con la expresión de opiniones críticas y sus comunicaciones.
Además, solicitó penas de entre dos y cuatro años de limitación de libertad y multas de 20.000 a 25.000 pesos cubanos contra José Ramón Viñas Alonso, Fernando Marcos García, Ángel Santiesteban Prats y Osvaldo Ernesto Villegas Digat, acusados del presunto delito de tráfico ilegal de moneda nacional, divisas, metales y piedras preciosas. Los cuatro imputados permanecen sujetos a medidas de reclusión domiciliaria y prohibición de salida del territorio nacional, según la documentación del proceso.
En Ciego de Ávila, la Fiscalía Provincial solicitó penas de hasta trece años de privación de libertad contra participantes en las protestas del 13 de marzo de 2026 en el municipio de Morón. Entre los 18 imputados identificados se encuentran Katherine Gutiérrez Sánchez, Iledier Taguada Machado, Kevin Samuel Echavarría Rodríguez, Yaisdelis Castillo Hernández, Hosuan Naranjo Chacón, Juan Manuel Griñán Clemente, Jonathan David Muir Burgos, Yohanel Estrada Rodríguez, Andrés Manuel Guillén Pedroso, Carlos Alejandro Caballeiro Delgado, Madian Estela Castellanos Darias, Jessica Maura García Veranes, Jailer Israel Valero Luis, Leodanis Degalis González, Luis Alberto Hernández Martínez, Pedro Luis Figueras Díaz, Christian de Jesús Crespo y Brian Pérez Muñoz.
La Fiscalía Municipal de Bayamo, provincia de Granma, solicitó penas de hasta cinco años de privación de libertad contra nueve ciudadanos procesados por su participación en la protesta popular del 23 de mayo de 2025. Los imputados son Pedro Luis Zamora Isac, Alexander Guzmán Silva, Ever Ernesto Pérez Aliaga, Arael Rodríguez Escalante, Alejandro Vargas Ortiz, Luis Manuel Zamora Guevara, Rosa María Socarrás Moralez, Aleyda Valera Álvarez y Katia Sucel Estrada Valera.
