La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) advierte que el Acuerdo General AG-POAJ-025/2026 del Pleno del Órgano de Administración Judicial (OAJ), por el que se regula el Proceso de Evaluación del Desempeño del Personal de Carrera Judicial, constituye en realidad una nueva oleada para desmantelar la estabilidad del personal de carrera judicial.
Con el pretexto de implementar un proceso de evaluación para secretarias, secretarios, actuarias, actuarios y oficiales judiciales, con un supuesto carácter diagnóstico en las próximas semanas, se enmascara un mecanismo arbitrario que pone en riesgo la estabilidad de la función jurisdiccional.
El esquema impone una ponderación del 30% basada en cuestionarios de percepción subjetiva aplicados por superiores y compañeros, sumado a un 60% controlado de manera unilateral por la Escuela Judicial. Al restar valor a la experiencia de campo y los conocimientos técnicos y jurídicos se supedita la estabilidad a criterios de apreciación o popularidad, se abre la puerta a que en un futuro próximo, las evaluaciones posteriores puedan derivar en la separación del cargo y afecten directamente la permanencia laboral de la base trabajadora, lo que de suyo genera incertidumbre jurídica.
JUFED expresa su más amplia solidaridad con la lucha del personal de carrera judicial, cuyos integrantes ya han demostrado, en su gran mayoría, contar con la experiencia y los conocimientos técnicos jurídicos indispensables para sacar adelante las labores jurisdiccionales. Hoy se pretende vulnerar los derechos de la base trabajadora y se anticipa el trato que se buscará imponer a toda la estructura de la judicatura.
Asimismo, JUFED se suma a la preocupación externada por la base trabajadora, en cuanto a que los exámenes con ese nivel de subjetividad y discrecionalidad pueden dar margen a que muchas personas trabajadoras se vean afectadas y las evaluaciones se erijan como vías para presionar o expulsar al personal incómodo o se liberen espacios para personas ajenas a la institución.
Obligar a que se hagan evaluaciones de forma discrecional y subjetiva, no sólo les genera una carga extra y estrés a las personas que quita tiempo valioso para sus labores, sino que ignora las evaluaciones previas y de ingreso que en su oportunidad fueron realizadas y que evidencian razonablemente que el personal cuenta con los conocimientos indispensables para llevar a cabo sus labores.
Si bien son bienvenidos los mecanismos de diagnóstico que permitan mejorar la administración de justicia, la verdadera profesionalización y excelencia en esa labor, no se lograrán mediante instrumentos punitivos o subjetivos de evaluación, sino a través de otros mecanismos como la capacitación continua y condiciones propicias.
Las directrices del acuerdo publicado ayer imponen parámetros discrecionales sobre la medición del desempeño. En lugar de abonar a la certeza sobre el respeto a los derechos laborales, tal como se prometió en la Constitución, este esquema genera inestabilidad e incertidumbre sobre el futuro profesional del personal de carrera que durante años ha servido a la Nación con profesionalismo.
Para JUFED es claro que la operatividad y eficacia de los órganos jurisdiccionales con personas juzgadoras electas sólo es posible gracias a la base trabajadora. La entrega profesional de las y los secretarios, actuarias y actuarios, y oficiales judiciales es parte de la fuerza que sostiene el compromiso con la justicia constitucional en nuestro país.
