Washington, DC—La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) repudia las declaraciones realizadas por Daniel Ortega, en las que anunció que en Nicaragua «no volverá a haber elecciones», así como la iniciativa de reforma a la Constitución presentada por la Asamblea Nacional, orientada a perpetuar el ejercicio del poder, restringir la competencia política y eliminar las condiciones necesarias para la alternancia democrática.
Según la información disponible, el 28 de julio de 2026, el presidente de la Asamblea Nacional presentó una iniciativa de reforma a la Constitución que, entre otras medidas, propone ampliar de seis a siete años el mandato de la denominada copresidencia y establecer que este sea renovable. Asimismo, eleva a rango constitucional restricciones que impedirían la participación política de personas consideradas por el régimen como «golpistas» o «traidoras a la patria», con el objetivo de «prevenir la injerencia externa e impedir que el golpismo tome el poder». Conforme al cronograma oficial anunciado, dicha iniciativa será sometida a aprobación, en primera legislatura, el 1 de septiembre de 2026.
En particular, la Comisión advierte que la nueva ampliación de los períodos de mandato de la copresidencia, la amenaza de eliminar la celebración de elecciones libres, auténticas y competitivas, así como la constitucionalización de restricciones al ejercicio de los derechos políticos, profundizan el proceso de consolidación autoritaria y de perpetuación en el ejercicio del poder mediante la eliminación de las condiciones necesarias para la alternancia democrática.
En su informe especial sobre Nicaragua, contenido en el Capítulo IV.B de su Informe Anual, la Comisión alertó que la reforma constitucional realizada en 2025, que modificó más de 100 artículos de la Constitución, consolidó un régimen incompatible con los principios de la democracia representativa al derogar el principio de separación de poderes y concentrar el poder en la figura de la copresidencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Todas estas medidas resultan incompatibles con el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y con los principios de la Carta Democrática Interamericana.
La Comisión insta a Nicaragua a abstenerse de adoptar reformas contrarias a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y a restablecer las condiciones para el ejercicio efectivo de los derechos políticos, a fin de que la ciudadanía pueda elegir y ser elegida en elecciones libres, auténticas, periódicas y competitivas.
Persisten graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. La represión transnacional del régimen se ha intensificado, lo que, unido a la migración forzada de personas nicaragüenses, ha generado serios desafíos en materia de seguridad para otros Estados de la región. A esta situación se suma el impacto del accionar del crimen organizado en Nicaragua y otros países del área.
La Comisión reitera el llamado a los Estados Miembros de la OEA a utilizar, de conformidad con la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y los instrumentos que sean pertinentes, los mecanismos disponibles para contribuir al restablecimiento de la institucionalidad democrática, el Estado de derecho y el pleno respeto de los derechos humanos en Nicaragua, conforme al principio de garantía colectiva del sistema interamericano.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.