Javier Divany Bárcenas
Los patitos Morena, PVEM y PT en la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen que expide la nueva Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales, con la que se garantiza el derecho a la herencia de las concesiones y combate el acaparamiento del líquido y el mercado negro.
Para la oposición, la aprobación de esta Ley es el intento del gobierno de “centralizar” el control de este recurso, para usarlo con fines políticos, toda vez que no se garantiza el respeto a las concesiones.
Con 328 votos en favor, de Morena y sus aliados del PVEM y PT; 131 en contra, de PAN, PRI y MC, más 3 de los petistas Javier Vázquez Calixto, Patricia Galindo y Jesús Fernando García, y cinco abstenciones, el pleno aprobó el dictamen.
Al inicio de la discusión se rechazaron mociones suspensivas de PRI y PAN, y enseguida Xóchitl Zagal (Morena) subió a tribuna acompañada de varios de sus compañeros –quienes llevaban pancartas con frases como “Se les acabó el negocio, corruptos del MC Prian”—para destacar que el dictamen fue producto de 450 audiencias públicas.
En los posicionamientos, el diputado Jesús Cuanalo Araujo (PVEM) manifestó que la presidenta Claudia Sheinbaum asumió la responsabilidad y el valor moral de presentar ambas iniciativas.
Con la reforma, indicó, no sólo se confirma el derecho humano al agua y se reconoce el líquido como un bien público y se le da prioridad al consumo humano y a la producción agroalimentaria; también se acabará con el acaparamiento y la extracción ilegal del agua, así como combatir el uso indebido y su venta ilegal.
“¿Cuántos lugares con concesiones de agua para la agricultura se convirtieron en fraccionamientos o en industrias y extraen millones de litros de agua? Se evitará que las industrias acaparen y nos vendan nuestra propia agua, y se acabará el negocio de la transmisión de derechos entre particulares, un mercado millonario a costa del recurso hídrico que es de todos”, declaró.
Martín Cuanalo, puntualizó que, en atención a los campesinos y productores, se lograron 54 modificaciones.
Destacó que la reforma termina con el acaparamiento y la extracción ilegal del agua, combate el uso indebido y la venta ilegal del recurso, impulsa el tratamiento de aguas residuales, garantiza el derecho sucesorio de la tierra y del agua, amplía plazos para la renovación de las concesiones, y no penaliza a quienes comentan desvíos de causes cuando se trate de uso agropecuario familiar o doméstico.
“Por supuesto que está iniciativa está a favor del campo, a favor de la producción agroalimentaria y sobre todo, a favor de garantizar la disponibilidad de agua para todas y para todos en la nación.
Me refiero a las generaciones presentes y también a las futuras obedeciendo a la realidad actual. No comprendo porque sujetarse a un marco que no es realista y que protege a los grandes acaparadores del recurso”, declaró.
Por su parte, Francisco Javier Borrego Adame resaltó que el dictamen fue construido con base en las observaciones en foros regionales, y señaló a la oposición de haber repartido “grandes cantidades de agua” durante sus gobiernos, pero privaron del líquido a comunidades enteras.
Una de esas entregas arbitrarias del líquido, dijo, fue a la familia LeBarón, del estado de Chihuahua, a la cual se le dieron “más de 160 títulos de concesión, más de 47 mil metros cúbicos, con los cuales se han enriquecido, y no quieren perder esos privilegios”.
El vice coordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, afirmó que el dictamen garantiza la “sucesión automática” de los derechos, en caso de herencia por fallecimiento del concesionario o por la venta de tierras.
“No se trastocan las herencias, pero sí se va a terminar con el mercado negro y los 20 mil pozos no autorizados. Chihuahua es el paraíso ilegal de la perforación”, sostuvo.
