- La Habana, Matanzas, Villa Clara y Camagüey fueron las provincias con mayor número de acciones represivas. Casi la mitad de los actos fueron contra mujeres.
- Los datos son provisionales, pues la grave situación energética ha dificultado la rápida documentación y transmisión de información. Al menos una treintena de casos están en proceso de verificación.
MADRID.- En agosto se produjeron en Cuba al menos 304 acciones represivas verificadas contra la población civil, de las cuales 37 fueron detenciones arbitrarias y 267, otros abusos del régimen, denunció este miércoles el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
El sitio policial de viviendas de activistas llegó hasta los 158 casos, mientras que los abusos contra presos políticos y comunes (46), hostigamientos, multas y citaciones policiales fueron otras violaciones fundamentales registradas en agosto.
La Habana, Matanzas, Villa Clara y Camagüey fueron las provincias con mayor número de acciones represivas. Casi la mitad de los actos fueron contra mujeres.
Las 37 detenciones arbitrarias estuvieron relacionadas especialmente con las protestas ciudadanas contra los apagones y las difíciles condiciones de vida, así como la reiterada detención de expresos políticos.
Entre los casos vinculados con protestas se encuentran Pedro Lázaro Gutiérrez Collado, detenido durante un toque de cazuelas en Calabazar; Walter Junior Blanco Prieto, arrestado tras una protesta en La Habana Vieja; Reyser Núñez Vaillant, detenido durante un cacerolazo en Santiago de Cuba; y Maikel Armenteros Orama, arrestado mientras protestaba contra los apagones en Santa Clara. El 27 de agosto sobresalió además la detención de 13 ciudadanos en La Habana antes de que pudieran iniciar una protesta pacífica prevista desde el Capitolio hasta el Malecón.
Paralelamente, se registraron nuevos arrestos de varios expresos políticos, entre ellos Osmani Mendoza Ferriol, Alexis Sabatela Ugarte (colaborador del OCDH) y Yosvany Sepúlveda Martínez. Por su parte, Andy García Lorenzo, exprisionero político de las protestas del 11J, fue detenido el 30 de agosto en Santa Clara.
El OCDH denunció el reiterado acoso contra la familia del pastor evangelico independiente Ibrahim Rozabal, en Santiago de Cuba, además de a otros miembros de la Alianza de Cristianos de Cuba (ACC), así como a un grupo de practicantes yorubas, lo cual mantiene constante la represión del régimen también por cuestiones relacionadas con la práctica de las creencias religiosas.
Igualmente denunció, que continúan las acciones del Ministerio de Justicia contra la masonería, como el caso de José Ramón Viñas Alonso, soberano gran comendador del Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba, una de las principales instituciones masónicas del país, quien fue citado, interrogado y amenazado el martes 18 de agosto por parte de la policía política.
Durante agosto de 2026 se documentaron numerosos abusos contra presos políticos, caracterizados por condiciones penitenciarias precarias, falta de agua y alimentación adecuada, negación de atención médica, incomunicación, aislamiento en celdas de castigo, amenazas y agresiones físicas.
Varios prisioneros recurrieron a huelgas de hambre para protestar contra los malos tratos y las condiciones de reclusión, entre ellos Guillermo Carralero López, José Ramón Solano Randiche, Amijail Sánchez González y Marcos de la Luz Caballero Granados.
También se denunciaron graves problemas de salud sin atención adecuada, restricciones de visitas familiares y amenazas de muerte contra reclusos. Entre los casos más preocupantes destaca el de Ángel Serrano Hernández, preso político del 11J condenado a 15 años, quien, según testimonios recibidos por su familia, habría sido golpeado fuertemente por agentes penitenciarios, enviado a una celda de castigo y posteriormente trasladado a la prisión 1580 bajo un régimen de mayor severidad.
Asimismo, Adrián Curuneaux Stevens denunció encontrarse en un grave estado de desnutrición y sin la atención médica y alimentación que requiere, mientras otros presos permanecieron incomunicados o denunciaron la falta de asistencia médica y condiciones insalubres. Igualmente sucede con el preso político Roberto Pérez Fonseca.
Durante agosto de 2026 se documentaron numerosos operativos de vigilancia y sitios de viviendas en Cuba, dirigidos principalmente contra activistas, periodistas independientes, familiares de presos políticos y miembros de organizaciones opositoras.
De manera particular, las Damas de Blanco fueron sometidas de forma sistemática a vigilancia policial en sus viviendas durante los domingos del mes, con operativos de la Seguridad del Estado desde horas tempranas de la mañana hasta después del mediodía, cuyo propósito denunciado era impedir que salieran de sus casas para asistir a misa.