Javier Divany Bárcenas
La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó la noche del lunes el dictamen de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum que reformas a la Ley General de Salud, para prohibir totalmente los vapeadores y otros cigarrillos electrónicos, regular la compra consolidada de medicamentos, así como incrementar las atribuciones en materia sanitaria.Morena y aliados del PT y PVEM determinaron prohibir por completo este tipo de dispositivos para el consumo de productos de nicotina, lo que inconformó a los panistas, priistas y lo desproporcionado de encarcelar a los consumidores.
Advirtieron del surgimiento de un “mercado negro”, ante la negativa de solo regular el uso de estos productos.
La iniciativa de Claudia Sheinbaum fue aprobada por 27 votos en favor, 8 en contra –incluido el de Greycy Durán (PT)- y una abstención de la petista Martha Aracely.
Casandra de los Santos (PVEM) sostuvo que, además de prohibir los vapeadores por los daños que generan a la salud, fortalece opciones de tratamiento a distancia, como la telemedicina, los cambios incluyen mejoras en la adquisición y abasto de medicamentos e insumos sanitarias, mediante las compras consolidadas.
Hablo de las atribuciones de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en materia de vigilancia sanitaria y control de productos peligrosos, y fortalece la industria farmacéutica nacional al vincularse con las empresas del ramo que tengan capacidad de producir en el país.
En tanto, Fernando Castro Trenti subrayó que la propuesta de Sheinbaum no sanciona ni busca encarcelar a quienes tengan vapeadores, como afirman los críticos de la iniciativa, sino únicamente combatir el “mercado negro” de dichos productos, por los daños a la salud que generan.
En contra de la reforma, Iraís Reyes de la Torre (MC) consideró que la prohibición total de los vapeadores es una de las medidas más “punitivas y desproporcionadas” que se han decretado en mucho tiempo.
Expuso que el artículo 282 Quater de la Ley General de Salud prohíbe todo tipo de operaciones con los cigarrillos electrónicos, incluida la posesión y la conservación, y prevé penas de entre uno y ocho años de cárcel a quienes violen la norma.
En ese ánimo, cuestionó: “¿vamos a convertir en criminales a las personas por tener vapeador? ¿Por qué se imponen castigos más altos a tener un vapeador que a delitos como lesiones, portación de armas sin licencia y robo? Necesitamos regulación inteligente, no prohibición medieval.
No merecemos cárcel por tomar decisiones de consumo personal, o ser tratados como sospechosos”.
Ana Isabel González (PRI) advirtió que las prohibiciones de sustancias o de los dispositivos para consumirlas las vuelve “más tentadoras” y criminaliza a quienes las utilizan.
“Es muy drástica la propuesta de llevarlo al tema penal. Debemos regular, pero prohibir y penalizar de esa manera, abre otras puertas y otros panoramas, como el mercado negro, la venta clandestina y la distribución clandestina”, sostuvo.
De su lado, el panista Éctor Jaime Ramírez Barba manifestó su preocupación por otros puntos de la iniciativa. Uno de ellos, subrayó, es que se modifican las reglas de operación del Fondo de Salud para el Bienestar, para que su fideicomiso sea operado por un “comité burocrático” que, además, puede disponer del uso de esos fondos para temas distintos a la atención de los pacientes de enfermedades graves, como el cáncer, y anunció reservas sobre este punto.
