- México ya es país de refugio, advierte la doctora Natalia Rodríguez Ariano
Más de 117 millones de personas en el mundo han sido desplazadas por la fuerza, cifra que muestra la magnitud de una crisis global marcada por violencia, persecución, conflictos armados, desigualdad y violaciones a los derechos humanos.
A propósito del Día Mundial del Refugiado, que se conmemora el 20 de junio, la doctora Laura Natalia Rodríguez Ariano, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), advirtió que México ya no puede concebirse como una nación de origen o tránsito migratorio, porque se ha convertido en territorio de destino, espera y acogida.
El asilo no es solo un asunto de movilidad forzada, es una responsabilidad humanitaria y jurídica frente a personas que huyen para salvar la vida, proteger a sus familias, preservar su libertad o reconstruir su futuro.
Detrás de cada solicitud hay una historia de pérdida, miedo, separación familiar y necesidad de protección; por tal motivo, la atención a esta población no puede depender de la buena voluntad de los Estados, por el contrario, de compromisos asumidos en materia de derechos humanos.
“Nadie se convierte en refugiado por voluntad propia; la crisis migratoria debe estar en la agenda pública. Las personas en situación de desplazamiento no buscan privilegios, sino seguridad, estabilidad y una vida sin miedo”, expresó la académica de la Unidad Xochimilco.
La especialista recordó que México posee una larga tradición de asilo, memoria que forma parte de una identidad solidaria que hoy enfrenta nuevos retos debido a la escala, diversidad y complejidad de los flujos humanos.
Por lo tanto, la movilidad forzada ya no puede verse como un fenómeno ajeno ni pasajero. La presencia de personas de Centroamérica, el Caribe, Sudamérica, Asia y África muestra que el territorio requiere instituciones sólidas ante la creciente demanda de acceso real a vivienda, salud, educación, empleo e integración social.
A decir de la experta en política migratoria, uno de los mayores riesgos radica en tratar este fenómeno como problema de seguridad nacional. Esa mirada coloca a los individuos bajo sospecha, refuerza controles y omite causas de fondo como desigualdad, violencia, racismo, xenofobia, así como la persecución política, religiosa, étnica, de género u orientación sexual.
Muchas familias no realizan este tránsito por elección, sino como estrategia de supervivencia. En varias regiones de América Latina, los grupos criminales ejercen control territorial, imponen extorsiones, promueven reclutamiento forzoso y amenazan la vida cotidiana; por lo que abandonar el lugar de origen se vuelve la única salida posible.
Un panorama todavía más crítico lo enfrentan las infancias y adolescencias. Este grupo es uno de los más vulnerables, ya que no solo está expuesto a la separación familiar, también a violencia sexual, explotación, trata y reclutamiento criminal, a lo que se suman las dificultades para acceder a la atención médica y acceso a las aulas.
Rodríguez Ariano advirtió que la vulnerabilidad no termina al cruzar una frontera; en muchos casos inicia otra etapa de incertidumbre, pues discursos nacionalistas y conservadores presentan a las personas en movilidad como carga económica, amenaza cultural o competencia laboral.
Ante estas narrativas, la universidad pública tiene una responsabilidad central: producir conocimiento, desmontar prejuicios y llevar la investigación social más allá de los espacios académicos.
Para la investigadora, la UAM puede contribuir mediante seminarios, boletines, materiales audiovisuales, conversatorios y formatos accesibles que permitan a la sociedad distinguir entre información sustentada y discursos de odio.
Hablar de esta condición es hablar de dignidad humana, derechos y de la capacidad social para reconocer humanidad en la otredad. Por ello, el Día Mundial del Refugiado no debe limitarse a recordar una crisis global, sino a reconocer la resiliencia, la fortaleza y los aportes de millones de personas que han tenido que reconstruir su vida lejos de casa.
México no puede decidir si será o no un espacio de acogida. La realidad ya lo colocó en ese lugar y su principal desafío es asumir esa condición con políticas públicas, sensibilidad social y una mirada crítica capaz de responder a una crisis humana que forma parte del presente y del futuro del Estado.
