- Sociedad civil latinoamericana lanza un llamado urgente para garantizar el acceso equitativo a Lenacapavir, medicamento innovador de prevención del VIH, cuyo costo exorbitante y licencias restrictivas amenazan con agravar la desigualdad en salud en la región.
- Denuncian exclusión de la región en licencias de Gilead pese a su participación en ensayos clínicos.
En un llamado urgente a los gobiernos de América Latina, Medicamentos para el Pueblo, AIDS Healthcare Foundation (AHF), Public Citizen, redes regionales y más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil, exigen acceso equitativo a Lenacapavir, un medicamento inyectable de acción prolongada que promete transformar la prevención del VIH.
Este pronunciamiento colectivo se publica en un contexto alarmante: 1.3 millones de personas contrajeron VIH en 2023 a nivel mundial, cifra que rebasa los objetivos internacionales de reducción de nuevas infecciones. Lenacapavir ofrece una esperanza concreta: con una sola inyección protege durante seis meses, lo que representa una innovación sin precedentes.
Pero su precio supera los 40 mil dólares anuales por persona lo hace inalcanzable para los países de renta media y alta de América Latina. A pesar de que su costo de producción se estima en menos de 100 dólares, la farmacéutica Gilead mantiene una política restrictiva que excluye a países clave como México, Brasil, Colombia y Perú de su licencia voluntaria, incluso cuando algunos de estos países participaron en los ensayos clínicos.
Desde 2024, la sociedad civil regional se ha movilizado con fuerza. En el Día Mundial del Sida (1 de diciembre), 113 organizaciones denunciaron públicamente la exclusión de la región con el lema “Gilead en deuda con América Latina”. A esto se sumó una nueva iniciativa el 18 de diciembre: “América Latina exige acceso equitativo a Lenacapavir”, respaldada por 94 organizaciones y 13 líderes sociales, que presentó un llamado directo a 22 gobiernos nacionales.
Este esfuerzo no solo busca garantizar el acceso al medicamento, sino también promover cambios estructurales: licencias obligatorias, rechazo de patentes secundarias injustificadas, impulso a la producción regional y aprovechamiento de las flexibilidades legales del Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC.
Salud pública vs. monopolios farmacéuticos
En Argentina, la Fundación GEP logró impugnar la solicitud de patente de Gilead sobre Lenacapavir ante el INPI, que la rechazó por carecer de novedad e inventiva. Este precedente abre la puerta para acciones legales similares en toda la región, donde los monopolios farmacéuticos impiden el acceso a medicamentos esenciales.
A los obstáculos económicos se suman restricciones contractuales impuestas por Gilead, falta de transparencia, retrasos en alternativas genéricas (no disponibles antes de 2028) y ausencia de voluntad política. Este escenario perpetúa una brecha de acceso inadmisible.
Los firmantes instan a los gobiernos latinoamericanos a:
Garantizar el acceso equitativo a Lenacapavir, tanto para prevención del VIH como para personas con resistencia a otros tratamientos.
Reforzar marcos regulatorios que faciliten el registro de versiones genéricas e incentiven la producción local.
Utilizar todas las herramientas legales, incluidas licencias obligatorias, para romper barreras impuestas por monopolios.
Rechazar patentes secundarias sin justificación terapéutica ni innovación real.
Involucrar activamente a la sociedad civil en decisiones relacionadas con tratamientos innovadores y acceso a la salud.
El acceso a medicamentos financiados con fondos públicos debe ser considerado un bien público global. La salud no puede estar subordinada a intereses comerciales. La sociedad civil sigue dispuesta a colaborar con las autoridades, pero si no hay avances concretos, los gobiernos deberán tomar medidas firmes. Las licencias obligatorias han demostrado ser eficaces en países como Brasil, Colombia y Ecuador ante situaciones similares.
AHF y las organizaciones firmantes reiteran: no es momento de discursos, es momento de actuar.
