La defensa de los hermanos Farías Laguna precisa información difundida por la FGR

Nacional
  • La defensa exige debido proceso, carpeta íntegra y una investigación sin sesgos en el caso Farías Laguna
  • Ojeda deberá comparecer ante una juez; la defensa reclama acceso a documentos que, sostiene, acreditan la no participación de los hermanos.
  • La defensa cuestiona una investigación selectiva que, sostiene, omite otras líneas y podría ocultar a los verdaderos responsables.

El despacho Epigmenio Mendieta & Abogados, defensa de Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, considera necesario precisar que la información difundida recientemente por la Fiscalía General de la República presenta una versión parcial de los hechos.

La Fiscalía presentó como nuevo hallazgo el cateo de una bodega arrendada por Manuel Roberto Farías Laguna, aunque la orden de cateo existe desde el 1 de febrero de 2026. En el inmueble no fueron localizadas armas ni documentos confidenciales de seguridad nacional. Además, los documentos que la Fiscalía pretende atribuir a los hermanos Farías Laguna no están firmados por Manuel Roberto ni por Fernando, sino por el exsecretario de Marina.

La defensa solicita una carpeta de investigación íntegra y acceso a los documentos que obran en poder de la Secretaría de Marina. También pide revisar los criterios con los que se ordenaron las reservas o clasificaciones de seguridad nacional, particularmente respecto de aquella información que resulte indispensable para el esclarecimiento de los hechos.

Rafael Ojeda Durán deberá comparecer, luego de que la defensa solicitara su declaración como testigo. La defensa busca conocer qué sabía sobre las presuntas irregularidades, cuándo tuvo conocimiento de ellas, qué información recibió de Fernando Farías y qué acciones emprendió; particularmente, si es verdad o no que recibió al contralmirante Rubén Guerrero.

La defensa sostiene que una estructura de contrabando de combustibles habría requerido superar controles, inspecciones, autorizaciones y registros de siete dependencias y entidades federales. Por ello, plantea que deben investigarse todas las líneas y determinarse la responsabilidad individual de cada involucrado, con debido proceso y acceso a la evidencia.