La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) denuncia que a un año de inicio de operación del Tribunal de Disciplina Judicial se intensificó el hostigamiento disciplinario que hoy enfrentan decenas de juezas, jueces, magistradas y magistrados de carrera judicial, tanto en activo como en retiro forzado, se desenvuelve en un clima de denuncia donde, lejos de agotar las vías recursivas ordinarias, se recurre a la presión institucional y a actuar sin independencia judicial.
Las decisiones de las y los jueces que las partes no comparten o no coinciden deben combatirse a través de los recursos que la propia ley contempla, tales como los medios de impugnación para controvertir la admisión de demandas o la concesión de suspensiones, y no mediante un sistema disciplinario. El Tribunal de Disciplina Judicial está utilizando de manera indebida la figura del “notorio descuido” para investigar decisiones jurisdiccionales que, por su propia naturaleza, constituyen criterios interpretativos legítimos y no errores u omisiones.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en el expediente 1726/2025-OJ-VI denuncia, por ejemplo, a la exjueza María Gabriela Ruiz Márquez, titular del entonces Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, por haber admitido a trámite un amparo y concedido una suspensión provisional en contra del proceso de la reforma judicial. Cabe precisar que la admisión de una demanda o el otorgamiento de una suspensión no juzgan la constitucionalidad definitiva de una norma, lo cual en su caso será materia exclusiva de la sentencia que se dicte en la audiencia constitucional, sino que evalúan únicamente la procedencia de la medida cautelar.
La queja de la Consejería Jurídica dio origen a la investigación OIRA/886/2025 del Tribunal de Disciplina Judicial, el cual emitió un Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa en contra de la jueza Ruiz Márquez pretendiendo corregir el criterio y el arbitrio adoptados en sus resoluciones.
Que vía la presión institucional se denuncie y se siga un procedimiento a personas juzgadoras que admitieron demandas y concedieron suspensiones respecto a la reforma judicial, constituye un desgaste innecesario, que obliga a las y los juzgadores en funciones a distraer sus recursos y tiempo en responder a trámites administrativos en lugar de abocarse a la impartición de justicia con independencia judicial, mientras que a quienes ya se encuentran en retiro se les obliga a destinar tiempo y recursos de su vida personal para responder a inquisiciones injustificadas, vulnerando la tranquilidad que les corresponde tras años de servicio.
A pesar de la alta relevancia del caso de la jueza Ruiz Márquez, éste no es un tema aislado; JUFED ha documentado al menos 20 procedimientos disciplinarios en trámite que comparten el mismo patrón: haber admitido demandas y otorgado suspensiones o en su caso dictado sentencias de amparo contra el proceso de la reforma judicial, configurándose denuncias promovidas por la misma vía institucional.
Cuando se inicia un procedimiento disciplinario por el simple hecho de disentir de un criterio jurídico, se deja entrever que quien resuelva en contra del poder en turno enfrentará consecuencias personales. El solo hecho de seguir un procedimiento de esta naturaleza genera un amedrentamiento y un desgaste innecesario que pone en riesgo la independencia de las personas juzgadoras federales en todo el país, no sólo la de quienes ya están siendo investigados.
