Trump va por el Poder Judicial
Urbano Barrera
El gobierno del presidente Donald Trump tiene en la mira y entregará informes de ministros, magistrados y jueces corruptos que se ha prestado a ‘conspiraciones’ y ‘golpes de Estado técnico-legales’.
A la Casa Blanca se han dirigido ciudadanos de Canadá, Estados Unidos y México defraudados, despojados de sus bienes y que no han encontrado justicia en los tribunales o en la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN).
Los casos que se revisan han sido presentados en las conferencias matutinas de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, pero sólo se han turnado a las dependencias del ramo, archivados con argumentos técnico-jurídicos o al total olvido.
Mientras tanto, los ‘conspiradores’ continúan activos o forman parte de redes intercontinentales para seguir con los negocios y despojos multimillonarios.
Equiparable al ‘huachicol fiscal’ se exhibirán casos de robos de propiedades en playas y que con documentos alterados, falsificación de planos y coordenadas, corrupción en los Registros Públicos de la Propiedad y mediciones amañadas, han borrado del mapa predios y a sus legítimos propietarios.
Hoy tiene por encargo especial el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Duglas Johnson concentrar toda la información sobre vejaciones a ciudadanos estadounidenses, canadienses y méxico-americanos para exigir se restituya el Estado de Derecho.
Además, desmembrar las cadenas de corrupción dentro de los poderes legislativo y judicial, en donde saldrán a relucir nombres de legisladores y ministros(as) a los que ya se les investiga su patrimonio y cuentas bancarias en el extranjero.
Desde el gobierno del gobernador Roberto Borge Angulo (2011–2016) se inició el negocio del despojo de predios de millonario valor en el estado de Quintana Roo.
Un total de 16 propietarios, perdieron sus predios con maquinaciones de autoridades, gobernadores, peritos, jueces, magistrados y ministros. No tuvieron procesos legales transparentes y apegados a la ley.
Para ello, se coludieron servidores públicos de las presidencias municipales —encabezados por los alcaldes—, directivos del Registro Público de la Propiedad, notarios y peritos que alteraron planos y coordenadas hasta desaparecer polígonos de tierra.
Con esta práctica nociva despojaron a cientos de legítimos propietarios de su patrimonio valuado en dólares, tan solo una fracción de tierra y las costas por juicio propiedad de Graham Gordon Alexander Aguilar se calculan en 39.1 millones de dólares. Esta mafia, entre otros operadores fue encabezada por Sidharta Carlos Bermúdez.
Hay que recordar que a Sidharta Carlos Eduardo Bermúdez se le premió con la Notaría Publica 97 de Cancún gracias a las relaciones de su padre Gabino Andrade Romero, primer defensor y apoderado del pederasta Jean Succar Kuri, al que dejaron de defender por el pleito de las ‘Villas Solymar’, y que en el 2021 representó a Roberto Palazuelos para efectuar un desalojo en Tulum.
Los despojos y negocios continuaron en el gobierno de Carlos Joaquín González (Mérida, Yucatán, 6 de enero de 1965), quien desde que asumió el cargo —25 de septiembre de 2016—declaró que las viejas prácticas de sus amigos priistas, en cuanto a entrega de concesiones de notarías y taxis, serían historia.
Sin embargo, todo fue mentira porque ha beneficiado y sigue beneficiando a amigos cercanos a él y a sus hijos desde Canadá en donde es embajador desde el 5 de enero de 2023 por nominación de Andrés Manuel López Obrador.
Como diplomático influye en los negocios y protege a sus socios, prestanombres y cómplices, además de tener estrecha relación con ministros y ex ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como Jorge Mario Pardo Rebolledo (1 de febrero de 1961) a quien victimas de despojo de predios en Quinta Roo, acusan de ser cómplice de la red de defraudadores inmobiliarios y de despojadores de predios en playa.
Esto es, la cadena de despojo era maquinada por funcionarios municipales y alcaldes, después protegida por gobernadores, peritos, jueces, magistrados y ministros. En este momento hasta por embajadores como Carlos Joaquín González desde Canadá.
Las víctimas de despojos de tierras y centros recreativos en playas como Tulum, cuestionan por qué el primer ministro de Canadá Mark Carney y su antecesor Justin Trudeau, no cuestionan la permanencia de un embajador con acusaciones y señalamientos en México.
En los próximos días, semanas y meses, el gobierno de Estados Unidos pasará de la cancelación de visas, a la revisión de capitales en inversión que comprometa intereses trilaterales, cruces de información sobre declaraciones patrimoniales y congelamiento de cuentas de jueces mexicanos en Estados Unidos.
Con el arribo de Hugo Aguilar Ortiz, como presidente ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se le informó del caso de despojos de terrenos de playa en Tulum en perjuicio de propietarios mexicanos y extranjeros.
En estos fraudes están imputadas autoridades municipales de Tulum, alcaldes; además de gobernadores, peritos, notarios y ahora embajadores.
Toda la información que conoció la SCJN, particularmente el ex ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo —que ya no aparece en los archivos judiciales— fue entregada al gobierno del presidente Donald Trump, para que se reclame justicia, además de que se pondrá en evidencia la podredumbre en amplios sectores del Poder Judicial.
Graham Gordon Alexander Aguilar uno de los despojados y quien ya entregó expedientes en la Casa Blanca, acudió este abril de 2026 a la SCJN para intentar se le haga justicia en el nuevo sistema penal, pero al mismo tiempo acudió al Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Solicita la inmediata integración y resolución de los expedientes 945/2025, 919/2016, 30/2026, 999/2025, 99/2026, 9/2026, 3/2029, 262/2018 y 37/2019. Por esta razón y otras más de carácter político habrá consecuencias en breve.
Hasta el pasado 28 de abril y tras cien días de omisión en la reparación del daño, la situación procesal es de omisiones y retrasos.
1. El Segundo Tribunal Colegiado (27° Circuito). Queja 30/2026, mantiene en Estado en Lista de Sesión: El expediente no fue listado para resolución en la sesión ordinaria.
Actualización de Acuerdos: No se han publicado nuevos autos de notificación. El recurso continúa bajo el análisis de la ponencia asignada.
Observación: Dado que el tribunal está al tanto de la solicitud de atracción en la SCJN (945/2025), es habitual que el Colegiado mantenga el expediente en “estudio” sin emitir fallo final hasta que la Corte defina si ejercerá su facultad de atracción, evitando así sentencias que pudieran quedar sin efecto.
2. Juzgado Cuarto de Distrito (Cancún). Amparo 919/2016. Estatus de la Audiencia: Se confirma el diferimiento de la audiencia constitucional (programada originalmente para finales de abril). La nueva fecha tentativa se ha fijado para la segunda quincena de mayo de 2026.
Novedades en la Lista de Acuerdos: Se registró un ingreso de promociones por parte de las autoridades responsables (Registro Público y Catastro) en respuesta a los requerimientos sobre los antecedentes del predio.
El juzgado sigue integrando el Incidente de Cumplimiento Sustituto. Se han agregado certificaciones sobre la imposibilidad material de restitución alegada por el Gobierno de Quintana Roo, lo cual es la base para la cuantificación de los 39.1 millones de dólares.
3. Suprema Corte de Justicia (SCJN). Facultad de Atracción 945/2025
Sesión del Pleno (28 de abril): La lista oficial de hoy no incluyó el expediente 945/2025 para votación. El Pleno se centró en Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad.
Estatus Interno: El expediente permanece en la Sección de Trámite. Aunque administrativamente se dio por “concluida” la fase de atención ciudadana (SATEC) el 24 de abril, jurídicamente el asunto está vivo y esperando que el Ministro Presidente Hugo Aguilar Ortiz (o el ministro designado) presente el proyecto de admisión al Pleno.
En su conferencia mañanera y después en su rancho de Palenque, Chiapas, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador conoció el caso del millonario despojo de tierras en zonas de playa y que significaría un ‘Huachicol de Arena Blanca’.
Giró instrucciones a la Secretaría de Gobernación (Segob) para que revisara las denuncias y se abrió el expediente UG-21/REQ/2023 bajo el Folio E.CCG.23-1310. Oficio No. DAJCS/211/476/2023.
La Dirección General de Asuntos Jurídicos, Control y Seguimiento de la Segob se enteró del desalojo y robo de su predio con maniobras de autoridades y peritos de la Fiscalía del Estado de Quintana Roo.
No obstante, dieron una justificación técnica-legal para no entrar al caso a diferencia de lo que hoy se hace en el caso de los dos agentes del Centro de Inteligencia Americano (CIA) muertos en Chihuahua, donde la Fiscalía General de la República (FGR) ya se constituyó como parte investigadora.
La Segob resolvió que no entraría a la investigación del caso porque: “no se desprende facultad alguna a recuperar predios de particulares, ni desalojar a los ocupantes, como tampoco el otorgar títulos de propiedad privada, ni la de investigar actos de corrupción de autoridades del gobierno de Quintana Roo; consecuentemente, existe imposibilidad jurídica y material para que esta dependencia —Segob— atienda conforme a lo solicitado”.
Pese a que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador conoció las imputaciones de fraude y colusión de Carlos Joaquín González, el 5 de enero de 2025 lo nominó para ser embajador de México en Canadá, desde donde continua operando la red de despojo y control institucional, asegura Graham Gordon Alexander.
Agotadas todas las instancias institucionales y al ver que la red de protección se orquesta desde los niveles municipales, estatales, federales y diplomáticos, las víctimas decidieron pedir ayuda al presidente Donald Trump, quien ya conoce de este caso y de ahí que basa sus amagos de imponer aranceles superiores al 25 por ciento, en caso de no reestablecerse en México el Estado de Derecho.
Ante tales situaciones, seguirán en el futuro cercano la cancelación de visas, exhibición de funcionarios, políticos, legisladores, notarios, peritos, fiscales, ministros, magistrados, jueces y diplomáticos.
