- Democracia de plomo
Urbano Barrera
El próximo 2027 será un año que sacudirá a México. Seguro, con el proceso electoral, vendrán decenas de ejecuciones, escándalos de corrupción y revelaciones políticas desde fuera del país.
Estados Unidos tendrá un papel relevante y decisivo al abrir expedientes e investigaciones que se piensan inexistentes.
Pero el crimen organizado hará valer su poder y demostrará su fuerza porque ya pago el derecho de piso y la garantía de “seguridad” con los que se fueron y con los que están en funciones.
Con ello, vendrán ejecuciones en los puntos estratégicos de siembra, producción y tráfico de drogas en el país.
Reclamarán derecho los “huachicoleros”, las células dedicadas a robo en carreteras, los extorsionadores, los saqueadores de recursos minerales, marinos y demás…
De igual forma, las hordas políticas incrustadas en la administración publica y, por los sectores afectados tanto en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Hay molestia en la clase empresarial, patronal, en los secotores populares, trabajadores, campesinos, jóvenes y contribuyentes cautivos. El año será extremadamente violento.
Hay que recordar que los asesinatos políticos en México no comenzaron con Morena. Son parte de una problemática histórica vinculada con el crimen organizado, la corrupción institucional, las disputas territoriales y la debilidad de los gobiernos municipales.
No obstante, la responsabilidad de gobernar implica hacerse cargo de los problemas heredados y de aquellos que se producen durante el ejercicio del poder. Así, Morena es responsable de lo sucedido y lo que no puedo hacer.
Durante el sexenio de López Obrador, de 2018 a 2024, los homicidios de autoridades municipales se mantuvieron como una constante.
En el sexenio fueron asesinados 23 alcaldes en funciones y tres alcaldes electos. Las cifras revelan la vulnerabilidad de quienes gobiernan los municipios y, la debilidad de recursos y poder para enfrentar las amenazas criminales. Durante el proceso electoral de 2023-2024, se registraron 130 agresiones contra personas aspirantes y candidatas, de las cuales 34 fueron asesinatos. El 31 por ciento de las agresiones documentadas correspondió a integrantes o aspirantes de Morena, mientras que otro porcentaje importante afectó a partidos de oposición.
La tragedia de 2024 tuvo nombres y rostros que difícilmente pueden reducirse a una estadística. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Gisela Gaytán, candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya, Guanajuato, asesinada el 1 de abril, durante el primer día de su campaña. Su homicidio evidenció que ni siquiera una candidatura respaldada por el partido gobernante estaba a salvo de la violencia.
La violencia también alcanzó a quienes ya habían obtenido el respaldo de las urnas. Alejandro Arcos Catalán, alcalde de Chilpancingo, Guerrero, fue asesinado el 6 de octubre de 2024, apenas seis días después de asumir el cargo. Su muerte provocó indignación nacional y exhibió la fragilidad de las autoridades municipales frente a las organizaciones criminales. El mensaje fue particularmente inquietante: ganar una elección y asumir constitucionalmente una presidencia municipal no garantiza que el Estado pueda proteger la vida de quien la encabeza.
El problema tampoco terminó con la conclusión del gobierno de López Obrador. Claudia Sheinbaum asumió la Presidencia el 1 de octubre de 2024, dando continuidad al proyecto político de Morena, pero heredando una crisis de seguridad que exigía resultados concretos. En los primeros meses de su administración, los asesinatos de autoridades locales volvieron a ocupar los titulares. Entre ellos estuvo el de Jesús Franco Lárraga, alcalde de Tancanhuitz, San Luis Potosí, asesinado en diciembre de 2024. La continuidad de estos episodios obliga a examinar la eficacia de las estrategias de seguridad más allá de los discursos oficiales.
En noviembre de 2025, el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal independiente de Uruapan, Michoacán, sacudió nuevamente al país. El edil había denunciado públicamente la inseguridad y las amenazas que enfrentaba su municipio. Fue asesinado el 1 de noviembre, durante las celebraciones del Festival de las Velas. Su muerte convirtió en una tragedia nacional una problemática que las autoridades locales y las comunidades venían denunciando desde hacía tiempo: la presión criminal sobre los gobiernos municipales.
Según revela el proyecto “Votar entre Balas”, la dimensión del problema es mayordebido a que se han registrado más de 3 mil 81 amenazas, asesinatos, ataques armados, desapariciones y secuestros contra personas del ámbito político y gubernamental, así como instalaciones públicas y partidistas, entre 2019 y el 29 de septiembre de 2026.
La violencia se espera de nueva cuenta en municipios de Guerrero, Veracruz, Guanajuato y Oaxaca aparecen entre las entidades con mayor incidencia (78%). Esta distribución demuestra que el problema no se limita a las grandes ciudades ni a las disputas por el poder federal. La violencia se manifiesta principalmente en territorios donde controlar una presidencia municipal puede significar influir en presupuestos, contratos, obra pública, cuerpos policiales y decisiones administrativas.
En este contexto, los asesinatos políticos adquieren una dimensión que va mucho más allá de la eliminación física de una persona. Cuando un candidato es asesinado, también se amenaza a sus simpatizantes, se intimida a sus adversarios y se envía un mensaje al electorado. Cuando un alcalde pierde la vida, se debilita la autoridad institucional y se abre la posibilidad de que intereses criminales intenten influir en la sucesión política. La violencia, por tanto, no solamente cobra vidas: también puede modificar las condiciones en las que se ejerce el poder.
Frente a esta realidad, Morena tiene una responsabilidad política ineludible. Haber llegado al poder con una propuesta de transformación también significaba asumir el compromiso de fortalecer las instituciones y garantizar condiciones de seguridad para la ciudadanía. No sería correcto atribuir automáticamente cada asesinato a una decisión del Gobierno federal o responsabilizar a un partido por todos los crímenes cometidos durante su administración. Pero tampoco resulta aceptable utilizar la herencia de gobiernos anteriores como explicación permanente para justificar la falta de resultados.
La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta un desafío que requiere algo más que operativos y despliegues de fuerzas federales. Es indispensable fortalecer las policías municipales, mejorar los mecanismos de inteligencia, investigar las redes financieras de las organizaciones criminales y establecer protocolos eficaces para proteger a candidatos y funcionarios amenazados. La protección debe comenzar antes de que ocurran los atentados, porque una escolta asignada después de una amenaza ignorada puede llegar demasiado tarde.
También es fundamental combatir la impunidad. Cada asesinato político que permanece sin esclarecer representa una derrota para las instituciones y alimenta la percepción de que matar a una autoridad puede tener consecuencias limitadas. Las fiscalías deben investigar no solamente a los autores materiales, sino también a quienes ordenan, financian y facilitan estos crímenes. Sin investigaciones que alcancen las estructuras intelectuales y financieras detrás de los homicidios, la violencia seguirá reproduciéndose.
A noviembre de 2026, la violencia contra autoridades municipales continúa siendo una preocupación nacional. De acuerdo con un recuento publicado por El País en julio de este año y actualizado posteriormente, durante la administración de Claudia Sheinbaum se han registrado 13 asesinatos de alcaldes. La cifra debe leerse considerando que su gobierno todavía está en curso y que los periodos presidenciales no tienen la misma duración transcurrida. Sin embargo, constituye una señal de alerta sobre la persistencia de los riesgos que enfrentan los gobiernos locales.
Ahora, la interrogante es ¿México puede considerarse una democracia plenamente funcional cuando existen municipios donde las amenazas criminales condicionan las decisiones de sus gobernantes, donde los candidatos necesitan protección para recorrer sus propias comunidades y donde algunos funcionarios terminan pagando con su vida el ejercicio de sus responsabilidades? La democracia no consiste únicamente en instalar casillas, contar votos y entregar constancias de mayoría. También exige que quienes resultan electos puedan ejercer sus cargos sin estar sometidos al poder de las armas. Para el 2027 ¿Cuántos y quiénes serán los sacrificados en la democracia de plomo?
