Corroe extorsión CDMX de Clara Brugada
Urbano Barrera
La extorsión es la amenaza más corrosiva para la vida cotidiana en la Ciudad de México gobernada por Clara Brugada. Hoy ataca a tiendas, pequeños empresarios, familias, ambulantes, profesionales y profesionistas, agrandes empresario, pero ofende aún más cuando proviene de funcionarios y empleados de gobierno.
Ahora, el debate no debe limitarse a determinar qué partido gobierna, sino a evaluar si las políticas públicas consiguen proteger a la población y reducir la capacidad de los extorsionadores.
La extorsión tiene muchas caras. Está el delincuente que exige una cuota periódica a un comerciante; quien amenaza a una familia por teléfono; el supuesto integrante de una organización criminal que inventa vínculos para intimidar a su víctima, y las redes que utilizan amenazas digitales para obtener dinero. Aunque estas modalidades no son idénticas, todas explotan la vulnerabilidad de las personas y la necesidad de trabajo.
El problema afecta a los trabajadores informales, a quienes venden en mercados y a quienes dependen del espacio público para ganarse la vida. La ocupación indebida de la calle y el cobro ilegal por utilizar determinados espacios exigen respuestas firmes, más no palizas y extorsiones de gobierno.
Los datos oficiales permiten dimensionar una parte del desafío. En enero de 2026, el Gobierno capitalino informó que durante 2025 fueron detenidas 272 personas por extorsión y tentativa de extorsión, un aumento de 33 por ciento respecto de 2024. Pero quien frena a los extorsionadores del gobierno.
Si bien en la Ciudad de México gobiernan las 16 alcaldías la alianza Morena-PT-PES, PAN-PRD-MC y PRI, quien da la cara en forma general es Clara Brugada que permite el desorden y la brutalidad.
En la alcaldía Benito Juárez, comerciantes de la zona de Ermita (junto a la estación del Metro) fueron brutalmente golpeados por miembros de la Dirección de Gobierno de la demarcación administrada por el panista Luis Mendoza, además de que les fueron decomisadas sus mercancías y utensilios de trabajo.
Un total de 22 de comercios sobre ruedas fueron agredidos sin previo aviso. Los responsables del operativo son: el director de gobierno, Antonio Castro Lorenzo, Antonio González Mancilla, mejor conocido como “Toñito”, Edgar Ulises Pacheco y Cristian Diego González Islas, así como ‘Orlando’ o “Tazaján”, quien ejerció más violencia en los hechos.
Todo podría justificarse si se tratase de reordenamiento de la vía pública o recuperación de espacios, lo que no se vale según declararon públicamente los comerciantes es que los extorsionan mensual mente con 10 mil pesos para poder trabajar.
Lo anterior deriva en que cuando no hay respuesta de los comerciantes son reprimidos violentamente por elementos de la alcaldía, bajo el pretexto de recuperar espacios.
Ante este suceso la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que hay una veintena de demandas y denuncias contra estos funcionarios “que se han convertido en una mafia que extorsiona y amenaza a comerciantes establecidos, semi fijos y ambulantes cuando no pagan la cuota requerida”.
Los comerciantes piden a la fiscal Bertha María Alcalde Luján, retome estos casos graves de extorsión, intimidación, robo, lesiones por parte de la mafia que opera en la Dirección de Gobierno de Luis Mendoza debido a que los abusos de autoridad dejan en el desamparo a cientos de familias de comerciantes que viven en la demarcación al abuso de poder de estos servidores públicos.
De acuerdo con testimonios, videos e imágenes, en este Operativo hasta a mujeres con diabetes les robaron sus peluches, frituras y productos con los que se ganaban la vida trabajando.
Abogados de los comerciantes denunciantes aseguran que ya preparan demandas administrativas y penales en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México por los abusos de las autoridades que dirige Luis Mendoza.
Los comerciantes afectados revelaron que el “brazo ejecutor” de este alto funcionario es Antonio González Mancilla, mejor conocido como “Toñito” y quien es uno de los responsables del denominado operativo “triciclo blanquiazul”.
Asimismo tiene dos operadores, Edgar Ulises Pacheco y Cristian Diego González Islas, quienes tienen amenazados y en “renta” a los líderes de las zonas de Portales, Insurgentes, Mixcoac, Universidad, entre otros.
Otro de los miembros de esta gavilla de empleados delegacionales es Orlando Alonzo Fernández, quien es también chofer del director de gobierno Antonio Castro, quien, junto con Luis Enrique Rodríguez Romero “Kike”, amenazan a los comerciantes e impusieron a la cuota mensual de 10 mil pesos “parejo”, bajo la amenaza de quienes no cumplan serán golpeados o incluso “levantarlos”.
En relación a la zona de Portales, en específico los afectados, señalaron al inspector Sergio Vázquez, quien, por si fuera poco, también cobra “piso” a todos los giros nocturnos en contubernio con Luis Ruíz Ruíz, “Jorge”, quien junto con su hijo, también intimida y amenaza a los afectados.
Clara Brugada, debe estar atenta a esta situación, pues aun cuando no sean sus correligionarios le están calentando la plaza y las consecuencias son negativas para la ciudad y su imagen.
