Emiten diputadas y diputados posturas sobre Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos

Política
  • ParticipaN representantes de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC

Diputada y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC emitieron comentarios sobre el dictamen que expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, el cual busca acelerar la digitalización de la economía, mediante pagos electrónicos universales, identidad digital confiable e inclusión financiera.

Beneficia a la economía y a los consumidores

El diputado Carlos Hernández Mirón (Morena) aseguró que se le dará al país una herramienta necesaria que impulse el mercado interno, así como un beneficio transversal directamente en el comercio que se realiza en la nación. No implica un impacto presupuestal, pues en el propio Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, se consideran 4 mil millones de pesos que irán directamente a la Agencia de Transformación Digital, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Indicó que existe la infraestructura necesaria para contar con pagos masivos y con todas las condiciones. El Inegi dice que el 98 por ciento de mexicanas y de mexicanos hoy cuentan con un dispositivo celular, un elemento fundamental que va a ser necesario en las transacciones. “Votemos a favor de esta iniciativa, que es noble, que beneficia a la economía, a los consumidores y apoya directamente a nuestro país”.

Es una propuesta autoritaria, arrogante y prepotente

Para el diputado Homero Ricardo Niño de Rivera Vela (PAN) el dictamen es autoritario, arrogante y prepotente. “No estamos en contra de las nuevas tecnologías y de los pagos digitales, de lo que estamos en contra es de la manera en que se plantea esta iniciativa. Nos dicen que los sectores estratégicos y actividades relevantes que se definan serán los obligados a aceptar pagos digitales, pero no nos dicen cuáles son los criterios a través de los cuales se van a definir estos sectores y actividades relevantes”.

Resaltó que genera incertidumbre al no saber si se está en un sector estratégico o actividad relevante, y tampoco se habla de mecanismos de defensa. Se propone definir sectores estratégicos, pero sin consultar a la gente que está en el campo. “La democracia se trata de ponerle frenos al poder en beneficio de los ciudadanos y todo lo que ustedes nos vienen a proponer aquí siempre es exactamente lo contrario.  Vienen a proponer siempre ponerle controles a los ciudadanos en beneficio del poder”.

El dictamen es adecuada e indispensable

Ernesto Núñez Aguilar, diputado del PVEM, indicó que la aprobación del dictamen es adecuada e indispensable, ya que al expedir la Ley General de Economía Digital se establece un marco jurídico sólido y con certeza para garantizar que la tecnología sea el motor de desarrollo compartido y de bienestar. Esta ley transformará la relación de las personas con el gobierno y con el sistema financiero, ya que democratiza los pagos digitales y ordena a los tres órdenes de gobierno la implementación de transferencias, códigos QR y cobros con tarjeta en el pago de trámites y servicios públicos.

También, impulsa la inclusión y la justicia financiera mediante herramientas de confianza como la CURP digital y el expediente digital ciudadano, permitiendo así a la ciudadanía acceder a créditos y servicios financieros cien por ciento digitales con plena validez jurídica y sin trabajos burocráticos; asegura la transición ordenada y paulatina donde la Secretaría de Hacienda determinará los sectores estratégicos y garantizará la equidad territorial comprometiendo al Estado a desplegar planes de conectividad que lleven esta transformación digital a las zonas rurales y parajes donde hoy persisten las brechas de acceso.

Se trata de un avance tecnológico con rostro humano

A su vez, el diputado Luis Armando Díaz (PT) expresó que, por primera vez, se contará con un marco jurídico que obliga a los tres órdenes de gobierno a impulsar los pagos digitales, y establece reglas de confianza, identidad digital, trazabilidad, seguridad e interoperabilidad para que todas y todos puedan usarlo. “El problema que atiende esta ley es claro, México no carece de infraestructura digital, lo que falta es que esa infraestructura llegue a la vida cotidiana de las personas”.

Hizo mención que cuando una persona o un pequeño negocio opera exclusivamente en efectivo, queda fuera del sistema financiero. “Cada pago digital genera un registro. Cada registro ayuda a construir un historial. Ese historial abre la puerta al crédito, a la formalización y al crecimiento; se trata de un avance tecnológico con rostro humano. Respaldamos que la ley establezca reglas claras de seguridad, identidad digital e interoperabilidad. Las personas deben tener la certeza que su dinero y sus datos están protegidos”.

Acceso a las tecnologías de información y comunicación es desigual

En opinión del diputado Emilio Suárez Licona (PRI) México requiere transitar por los cambios y transformaciones que permitan reducir la brecha de la economía digital; sin embargo, “vemos este dictamen con profunda preocupación, porque con lo que se plantea aprobar, el riesgo de ampliar la brecha digital es mayor. El acceso a las tecnologías de información y comunicación en nuestro país es claramente desigual. Anunciamos nuestro voto en contra de una reforma que es al menos insuficiente”.

Subrayó que un problema del dictamen es el relativo a la seguridad de las personas frente al aumento potencial de fraudes y ciberdelitos. Esta ley podría combatir y ayudar a modernizar la economía mexicana y ampliar el acceso a servicios financieros, pero como está planteada, el riesgo es que aumente la exclusión, la vigilancia y la vulnerabilidad tecnológica si se aplica de manera obligatoria, sin infraestructura suficiente ni conducción efectiva de los usuarios.

Digitalizar, sí, pero con el costo a cargo del Estado

La diputada Patricia Flores Elizondo (MC) propuso incluir en ley que los costos de terminales, QR, conectividad y adaptación para micro y pequeños negocios los asume el Estado, así como la infraestructura que habrán de desarrollar los municipios pequeños de pocos recursos, con un fondo etiquetado en el presupuesto y que se prohíba trasladar esas comisiones al consumidor. “Si no está en la ley, no está garantizado”.

Cuestionó que el efectivo se permitirá en caso de contingencia. Dijo que no se define quién declara la falla, ni cuánto dura, ni cómo paga la gente. “Legislar es poner los límites en la ley, pero aquí Hacienda decide. La iniciativa no dice qué datos se guardan, por cuánto tiempo, quién los consulta ni para qué. No habla de auditorías independientes ni de sanciones por filtraciones. Es una puerta abierta peligrosa en las manos de un Estado que ha usado a este Congreso, a sus diputados, solo para concentrar poder. Digitalizar, sí, pero con el costo a cargo del Estado y no de la tiendita”.

Posturas en pro y contra

La diputada Verónica Pérez Herrera (PAN) señaló que una cosa es que la tecnología facilite la vida y otra muy diferente es que “termine facilitándole al gobierno la posibilidad de saber cada vez más sobre tu vida”. Modernicemos México, “pero no confundamos modernización con control, ni digitalización con vigilancia, ni una buena herramienta con una obligación mal diseñada”.

Jesús Valdés Peña, diputado de Morena, aclaró que la digitalización significa ampliar alternativas, facilitar el comercio y darle a una pequeña empresa mexicana las herramientas para llegar a más consumidores. Esta propuesta fortalece la democracia de la economía, impulsa el desarrollo económico, reduce los costos y tiempos de operación, garantiza mayor inclusión financiera, incentiva la educación financiera y reduce la brecha digital.

En tanto, la diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas (MC) indicó que este dictamen significa una imposición y una prohibición y lo que se plantea lejos de promover la inclusión financiera, se generarán más esquemas informales y mercados negros. Por ello, “votaremos en contra porque hay mejores formas de lograr los objetivos planteados”.

La diputada Cindy Winkler Trujillo (PVEM) sostuvo que esta ley no va a eliminar el efectivo en México y no establece que todas las compras deban realizarse digitalmente, ni que a partir de su entrada en vigor deje de utilizarse el efectivo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá determinar sectores estratégicos o actividades específicas en ciertos sectores, como en los medios digitales, como única forma de pago.

A su vez, el diputado Emilio Lara Calderón (PRI) dijo coincidir en que México necesita una economía digital que abra oportunidades y proteja a las personas, pero lo que “no podemos permitir es que la necesidad recaudatoria de este gobierno lo pretendan disfrazar como si fuera una inclusión”, porque una cosa es fomentar oportunidades y otra es obligar como lo establece al facultar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para decidir los sectores donde únicamente se podrán utilizar medios digitales para realizar los pagos.

Para el diputado José Antonio López Ruíz (PT) esta propuesta ayuda a muchas personas porque el 85 por ciento utilizan internet, tiene acceso a dispositivos móviles, la infraestructura ya existe.  Es una ley con 22 artículos, cinco títulos y que busca modernizar, ampliar oportunidades y aprovechar la tecnología como un fin que ayuda y facilita la vida.

Por el PAN, la diputada José Guillermo Anaya Llamas dijo estar a favor de facilitar pagos, reducir trámites y aprovechar las herramientas digitales que se tienen, “el problema es que una cosa es promover la digitalización y otra muy distinta es convertirla, sin las garantías suficientes como es el caso, en una condición para que las personas puedan realizar determinadas operaciones económicas.

En su turno, el diputado Luis Humberto Fernández Fuentes (Morena) explicó que esta ley busca facilitar y extender los pagos digitales en México aprovechando herramientas que ya existen. Se plantea que los gobiernos puedan aceptar medios digitales, facilitar la apertura y contratación de servicios digitales, ampliar la inclusión financiera y aumentar la seguridad y eficiencia de las transacciones.

El diputado Christian Mishel Castro Bello (PRI) se manifestó en contra del dictamen “porque creemos que la transformación digital debe ir acompañada de políticas públicas de inclusión y accesibilidad, y actualmente no se cuenta con la infraestructura y la preparación suficiente para lograr los objetivos de esta ley. No se contemplan los medios y mecanismos para la implementación de un proyecto accesible e incluyente.

Luis Enrique Miranda Barrera, diputado del PVEM, enfatizó que se busca que la tecnología se convierta en una herramienta que facilite la vida de las y los mexicanos y abra oportunidades para quienes todos los días trabajan y emprenden.  Consideró que la tecnología tiene sentido cuando está al servicio de las personas, cuando ayuda a un emprendedor a crecer o a que una familia realice un trámite sin perder horas.

En tanto, el diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso (PAN) se pronunció a favor de modernizar a México, digitalizar la economía, facilitar los pagos y aprovechar la tecnología, “pero modernizar a México no puede significar sangrar la economía de las familias mexicanas, mucho menos utilizar la tecnología como pretexto para imponer más costos y más obligaciones”.

En su intervención, la diputada Alma Rosa De la Vega Vargas (Morena) externó su respaldo a la iniciativa de la presidenta de la República; “damos un paso firme y muy importante con la expedición de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos. Con esta nueva legislación “facilitamos el pago de trámites gubernamentales, de servicios y de productos mediante herramientas”.