Urbano Barrera
En las elecciones de 2027 tres fuerzas se medirán antes, durante y después de la jornada cívica del 6 de junio: partidos políticos, crimen organizado y gobierno, esta última se jugará el todo por el todo, para garantizar una elección pacífica, libre de miedo y sin baños de sangre.
Las autoridades electorales deberán demostrar su capacidad para identificar y evitar la violencia, pero sobre todo cerrar el paso a los carteles que trataran de imponer a un buen número de los 500 diputados y 19 mil funcionarios para cargos públicos que habrán de pelearse.
En esta jornada se multiplicarán las campañas, las negociaciones partidistas y la competencia por ayuntamientos, congresos locales y gubernaturas. Pero, al mismo tiempo, se ampliará los puntos de contacto entre la política y los intereses criminales.
Debe quedar muy claro que el riesgo no consiste únicamente en que un candidato sea asesinado o que un aspirante reciba amenazas para abandonar la contienda.
Ahora, la intervención criminal evolucionó y adopta formas menos visibles: financiamiento ilícito, extorsión a candidatos, imposición de proveedores, presión sobre estructuras partidistas y exigencias para colocar funcionarios dispuestos a proteger negocios ilegales.
El objetivo puede ser obtener contratos, realizar obra, controlar policías municipales, facilitar el tráfico de drogas o garantizar impunidad.
La violencia política registrada en años recientes ofrece una advertencia. De acuerdo con datos de organizaciones civiles citados por el INE, durante 2024 se documentaron 138 agresiones contra candidaturas, entre ellas 40 asesinatos, 41 atentados, 32 amenazas, 14 ataques armados, 10 secuestros y una desaparición.
Estas cifras corresponden a registros de violencia contra candidatos y no representan por sí mismas el universo completo de agresiones contra funcionarios, militantes y familiares. Aun con esa precisión, revelan la gravedad del problema.
La dimensión acumulada también es inquietante. En la óptica de la plataforma Votar entre Balas, impulsada por Data Cívica, México Evalúa y Animal Político, se han documentado 3 mil 82 amenazas, asesinatos, ataques armados, desapariciones y secuestros vinculados con la violencia político-criminal entre 2019 y el 29 de septiembre de 2026.
El registro abarca a personas del ámbito político y gubernamental, así como instalaciones de partidos y de gobierno. No se trata exclusivamente de hechos ocurridos durante campañas, sino de una violencia que puede operar antes, durante y después de las elecciones.
Los municipios merecen especial atención. Allí se encuentran autoridades con responsabilidades directas sobre seguridad pública, permisos, uso de suelo, obra pública, mercados y servicios. En una localidad sometida a extorsiones o disputas territoriales, controlar la presidencia municipal puede representar para una organización criminal una ventaja estratégica. Por ello, una elección local puede adquirir una importancia económica y territorial que rebasa ampliamente el presupuesto del ayuntamiento.
Los estados con antecedentes documentados de violencia política enfrentarán una presión especial, aunque el riesgo no se limita a una lista fija de entidades. Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Veracruz y Oaxaca han figurado entre los territorios señalados en reportes recientes sobre agresiones a actores políticos.
Las condiciones cambian de un municipio a otro y no sería correcto asumir que todos los candidatos de esas entidades están vinculados con delincuentes o que todos sus procesos electorales serán violentos.
El problema tampoco tiene un solo color partidista. Las organizaciones criminales no necesitan compartir una ideología para buscar influencia sobre gobiernos de distintos signos. Pueden presionar a un partido en una localidad, respaldar indirectamente a un aspirante en otra o amenazar a funcionarios de una administración que se resista a sus exigencias.
La pregunta central no debe ser qué partido denuncia más a sus adversarios, sino qué fuerzas políticas están dispuestas a transparentar sus candidaturas y a investigar sus propios riesgos.
En ese contexto, los procesos internos serán una primera prueba. Las dirigencias partidistas tendrán que explicar cómo seleccionan a sus aspirantes, cómo revisan sus fuentes de financiamiento y qué hacen cuando reciben información creíble sobre amenazas o posibles nexos criminales.
Una candidatura competitiva no puede convertirse en una excepción a los controles de integridad. Tampoco una acusación sin pruebas debe utilizarse para eliminar rivales: la verificación necesita procedimientos objetivos, evidencia verificable y respeto al debido proceso.
El INE ha comenzado a construir mecanismos específicos para revisar la integridad de las candidaturas. En septiembre de 2026 instaló una comisión orientada a coordinar solicitudes de información con instituciones de seguridad y fiscalías.
Sin embargo, la verificación prevista es voluntaria y la comisión no tiene facultades para retirar por sí misma postulaciones. Esto deja una responsabilidad decisiva en los partidos y en las autoridades competentes. La existencia de un mecanismo institucional es un avance, pero su eficacia dependerá de la calidad de la información, la cooperación entre dependencias y la rendición de cuentas.
La seguridad de los candidatos será otro desafío. No bastará con asignar escoltas después de una amenaza pública. Se necesitarán evaluaciones de riesgo oportunas, canales confidenciales de denuncia, protocolos para proteger a familiares y equipos de campaña, y coordinación entre autoridades federales, estatales y electorales. Las medidas deben responder a riesgos concretos y evitar que la protección oficial se distribuya según la importancia política del aspirante o su cercanía con el gobierno.
Pero la protección de los candidatos no garantiza por sí sola una elección libre. También deben protegerse los funcionarios de casilla, los representantes partidistas, los periodistas, los observadores y los ciudadanos.
Una comunidad puede acudir formalmente a votar y, al mismo tiempo, enfrentar intimidación para elegir a determinada opción. El desafío consiste en asegurar que el voto sea secreto, que la participación no provoque represalias y que los resultados se respeten sin presiones armadas.
El financiamiento electoral exige una vigilancia igualmente rigurosa. Los recursos ilícitos no siempre llegan como grandes cantidades de dinero en efectivo: pueden ocultarse mediante aportaciones trianguladas, gastos no reportados, servicios pagados por terceros o estructuras empresariales utilizadas para encubrir su origen.
La fiscalización necesita cruzar información financiera, investigar operaciones sospechosas y fortalecer la colaboración entre las autoridades electorales, fiscales y hacendarias, siempre dentro de sus atribuciones legales.
La infiltración también puede continuar después de la jornada electoral. Si un grupo criminal consigue influir sobre una candidatura ganadora, su interés puede trasladarse a la designación de mandos policiales, la contratación de obras, la concesión de permisos o el control de determinadas actividades económicas.
Por eso, la respuesta democrática debe incluir vigilancia sobre el ejercicio del gobierno, auditorías, mecanismos de denuncia y sanciones efectivas. El problema no termina cuando se cuentan los votos; puede comenzar una nueva etapa cuando se distribuyen los cargos y los recursos públicos.
La prensa tendrá una función crucial. Investigar redes de financiamiento, documentar amenazas y explicar los vínculos probados entre actores públicos y criminales permite que los ciudadanos tomen decisiones informadas.
Sin embargo, el periodismo también puede convertirse en blanco de intimidaciones. Las autoridades deben garantizar condiciones para investigar y publicar, mientras que los medios deben distinguir los hechos comprobados de los rumores y evitar que acusaciones no verificadas se conviertan en condenas públicas.
A los ciudadanos les corresponde exigir información, pero no cargar con la responsabilidad que compete al Estado. Denunciar presiones puede ser peligroso cuando no existen garantías de protección. Por ello, las instituciones deben ofrecer canales seguros, investigar sin discriminación y comunicar resultados. La participación ciudadana será más sólida si votar, organizarse y observar una elección no implica exponerse a represalias.
El proceso de 2027 también será una prueba de cooperación institucional. Ninguna dependencia, partido o nivel de gobierno puede resolver por sí solo la amenaza. El intercambio de información debe ser oportuno, las investigaciones deben avanzar con independencia y los responsables deben enfrentar consecuencias judiciales.
A la vez, la seguridad no puede convertirse en pretexto para vigilar arbitrariamente a opositores, desacreditar candidatos o restringir derechos políticos. La defensa de las elecciones exige combatir tanto la intervención criminal como los abusos de autoridad.
En definitiva, el escenario electoral de 2027 estará marcado por una gran interrogante: ¿podrá México garantizar que la competencia política se resuelva mediante propuestas y votos, y no mediante amenazas, dinero ilícito o violencia?
La respuesta no dependerá de una sola operación de seguridad ni de un discurso de campaña. Dependerá de la capacidad de los partidos para cerrar el paso a intereses criminales, de la eficacia de las instituciones para prevenir e investigar agresiones y de la voluntad de los gobiernos para proteger a todas las fuerzas políticas por igual.
Las urnas deben seguir siendo el espacio donde la ciudadanía decide quién gobierna. Si el crimen organizado consigue imponer candidatos, silenciar comunidades o condicionar decisiones públicas, la afectación no se limitará a una elección: alcanzará la seguridad, los servicios y la confianza en la democracia durante años.
La prioridad rumbo a 2027 debe ser que ningún ciudadano vote bajo amenaza y que ningún aspirante tenga que negociar con delincuentes para competir. En esa garantía se medirá una parte fundamental de la fortaleza democrática de México. Si no se concretan estos objetivos, hay muchos interesados en hacerlo desde fuera, principalmente Estados Unidos de América.