- La organización exige la instalación inmediata del Consejo Nacional de Participación Escolar por medio de un oficio dirigido al titular de la Secretaría de Educación Pública.
- El Artículo 3° constitucional y Ley General de Educación obligan a la autoridad educativa a promover canales de participación.
- Según datos, al cierre del ciclo 2024-2025 se instalaron consejos estatales en solo un 25% del país y un escaso 7.7% de los municipales; además, en el 78.1% de las escuelas contaban con un consejo registrado.
Educación con Rumbo solicita la instalación inmediata del Consejo Nacional de Participación Escolar, órgano previsto en la ley, y cuya omisión deja fuera de las decisiones educativas a madres y padres de familia, docentes, directivos y organizaciones civiles.
El Artículo 3º Constitucional y la Ley General de Educación obligan a la autoridad educativa a promover canales de participación mediante los Consejos de Participación Escolar. Por ello, entregamos, de manera formal, un oficio dirigido al titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, en el que denunciamos que el Consejo Nacional no ha sido establecido formalmente.
Lo anterior provoca un debilitamiento de los consejos estatales, municipales y escolares. Advertimos que la falta de funcionamiento de estos espacios refleja la unilateralidad con la que se toman decisiones que afectan directamente a 23.4 millones de estudiantes de educación básica.
Según información pública, en el ciclo escolar 2024-2025, se instalaron ocho Consejos Estatales de Participación Escolar en la Educación, lo que equivale al 25% de las entidades federativas del país; se establecieron 191 Consejos Municipales de Participación Escolar en la Educación, sólo un 7.7% de los municipios de toda la República. Para junio de 2025, se contabilizaron 161,295 Consejos Escolares, de 206,383 escuelas en México, por lo que falta instalar el 21.9% de los Consejos de cada escuela.
En Educación con Rumbo estamos convencidos de que la participación de madres y padres de familia, docentes, directivos y sociedad civil no puede seguir excluida en la toma de decisiones educativas, ya que su presencia impulsa la evaluación, la transparencia y la rendición de cuentas. Por ello, exigimos al titular de la dependencia federal, que cumpla con las obligaciones que la ley impone y proceda de manera urgente a la instalación del Consejo Nacional de Participación Escolar.
Asimismo, demandamos la reactivación efectiva de los Consejos locales en las 32 entidades federativas, para garantizar decisiones construidas en corresponsabilidad con toda la comunidad educativa.
