Javier Divany Bárcenas
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 355 votos a favor y 132 en contra, el dictamen a la Ley Federal de Derechos, con el que se busca garantizar que la explotación de los bienes del dominio público de la nación se lleve a cabo de manera óptima.
Los cambios establecen el cobro de nuevos derechos y actualizan otros en materia migratoria, por el estudio y trámite de cualquier solicitud de inscripción de valores, la inscripción en sí, así como por la supervisión de las emisoras simplificadas que inscriban sus valores en el Registro Nacional de Valores a cargo de Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Esto, por concepto de servicios relativos a los marbetes y precintos, por la prestación de los servicios en materia sanitaria, servicios aeronáuticos, fitosanitaria y zoosanitaria; por servicios marítimos que proporciona la Secretaría de Marina.
También, por aprovechamiento de bienes de dominio público de la nación, sobre agua y descargas de aguas residuales; uso, goce o aprovechamiento de las playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas.
En materia de telecomunicaciones y radiodifusión; uso o aprovechamiento del espectro radioeléctrico, y por el acceso a los museos, sitios y zonas arqueológicas a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como el derecho por el acceso a los museos administrados por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.
La diputada Claudia Rivera Vivanco, de Morena, señaló que la Ley de Ingresos de la Federación es una pieza clave para sostener el equilibrio de nuestras finanzas públicas y, lo digo claro, garantizando el bienestar del pueblo, y no el privilegio de unos cuantos.
Este proyecto no nace de caprichos fiscales, como logran observar, tiene fundamento macroeconómico: el Paquete Económico 2026 que estima ingresos totales por 10.193 billones de pesos, con un crecimiento nominal del 12 por ciento respecto al de este año.
Por el PAN, la diputada Silvia Patricia Jiménez, señaló que la Ley de Amparo les da a Morena la herramienta perfecta para sangrar a los contribuyentes, pues dicen que esta reforma actualiza cuotas, que armoniza disposiciones, que moderniza procedimientos.
Pero cuando una ley aumenta cobros a los migrantes, concentra recursos en el aparato fiscal, elimina fuentes de financiamiento, instituciones autónomas y abre espacios de discrecionalidad administrativa, no estamos ante una actualización, estamos ante una regresión.
El artículo 8 es que muchos hoy defienden como una mera modificación contable aumenta los derechos migratorios y con ello aumenta también la distancia entre la ley y la dignidad.
El Partido Revolucionario Institucional, a través de su diputado, Juan Moreno de Haro, mostró a nombre del partido el profundo rechazo a la propuesta de la Ley Federal de Derechos contenida en el Paquete Económico 2026, y enviada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.
En primer lugar, los incrementos propuestos en materia migratoria son desproporcionados y profundamente insensibles ante la realidad que vive México y su relación con los flujos migratorios.
Además, elevar las cuotas para visitantes sin permiso de trabajo a 983 pesos, con un aumento del 14.2 por ciento, y duplicar cuotas para residentes temporales y permanentes, que hay que decirlo, alcanzan hasta 25 mil pesos, es cerrarle la puerta a quienes buscan integrarse de forma regular al país.
En un contexto donde México exige humanidad y corresponsabilidad internacional ante la migración, aplicar tarifas confiscatorias es una contradicción ética y por supuesto política. El mensaje que se manda es que regularizarse cuesta caro, es que el trámite migratorio se vuelve un lujo. En segundo lugar, la iniciativa afecta la competitividad económica y el desarrollo tecnológico.
