- La jefa de Gobierno refrendó la política de cero tolerancia a la corrupción y al desvío de recursos públicos; y afirmó que cada peso de los impuestos debe regresar al pueblo en forma de obras y bienestar
- Destacó que la fiscalización externa e independiente fortalece a las instituciones y contribuye a garantizar el derecho a una buena administración pública, con transparencia y rendición de cuentas
- Llamó a las alcaldías, con respeto a su autonomía, a orientar la inversión pública hacia las necesidades de la población, como la recuperación del espacio público, el mejoramiento del alumbrado, la recolección de basura y la reparación de baches
La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que el inicio de las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a las alcaldías de la Ciudad de México constituye un ejercicio fundamental para garantizar el derecho a una buena administración pública, fortalecer la rendición de cuentas y asegurar que los recursos públicos se traduzcan en obras y bienestar para la población.
“Cada peso que recibimos de la Federación y cada peso que aporta la ciudadanía aquí con sus impuestos tiene que regresar al pueblo en forma de obras y bienestar”, expresó.
Durante la “Apertura de Auditorías Integrales a Recursos del Gasto Federalizado de la Cuenta Pública 2025”, destacó que la fiscalización requiere la coordinación de los tres órdenes de gobierno, los organismos autónomos y las instancias auditoras, bajo una responsabilidad común: vigilar que el dinero del pueblo se ejerza correctamente.
Asimismo, reconoció las capacidades técnicas e institucionales de la ASF y de la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM).
Brugada Molina señaló que como diputada y como alcaldesa impulsó la vigilancia y el buen uso de los recursos públicos.
Esa experiencia, explicó, le permitió asumir responsabilidades desde distintas perspectivas: como vigilante de los recursos, como autoridad encargada de ejercerlos y, actualmente, como jefa de Gobierno. Desde esta última responsabilidad, afirmó, impulsa un sistema sólido de vigilancia y fiscalización en coordinación con la ASF, la ASCM y la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.
La mandataria capitalina destacó la importancia de supervisar el gasto federalizado por su impacto en el presupuesto y por su papel en el pacto federal, la autonomía de las entidades y la capacidad de los gobiernos locales para atender las necesidades de la población. Señaló que los recursos federales son ejercidos tanto por el Gobierno de la Ciudad de México como por las alcaldías, por lo que deben existir mecanismos eficaces para garantizar su correcta aplicación.
Aseguró que su administración mantiene una política de cero tolerancia a la corrupción y al desvío de recursos públicos. En ese sentido, llamó a las alcaldías, con pleno respeto a su autonomía, a orientar la inversión hacia las principales demandas ciudadanas, como la recuperación del espacio público, la recolección de basura, el mejoramiento del alumbrado y la reparación de baches.
La jefa de Gobierno vinculó este compromiso con el Decálogo de Ética, Honestidad y Cero Corrupción, presentado al cumplirse dos años de su administración y firmado por los integrantes del gabinete. Añadió que también será suscrito por las personas trabajadoras de confianza del Gobierno de la Ciudad de México.
Entre sus principios, mencionó considerar el presupuesto como sagrado, garantizar el derecho a una buena administración pública, combatir la corrupción y la impunidad, eliminar los privilegios, asegurar la transparencia, reducir la burocracia, ofrecer soluciones, brindar un trato digno a la ciudadanía, evitar el abuso de poder y gobernar desde el territorio.
“El poder es para servir, jamás para servirse”, recordó, al subrayar que la función pública debe ir más allá de administrar los recursos. “El servicio público no es sólo para administrarlo, sino que es para transformar”, afirmó.
Brugada Molina sostuvo que la vigilancia externa e independiente fortalece a las instituciones y no debilita a los gobiernos. Reiteró que la honestidad es una obligación irrenunciable y que la rendición de cuentas constituye un pilar de la democracia.
“La transparencia no es una concesión del poder, es un derecho también del pueblo”, señaló, al llamar a mantener una coordinación permanente entre los distintos órdenes de gobierno y las instancias fiscalizadoras para consolidar una administración pública honesta y eficiente.
El titular de la Auditoría Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, reconoció la relevancia de la Ciudad de México en materia de administración pública, armonización contable y procedimientos de rendición de cuentas, y destacó que la fiscalización debe tener como destinataria final a la ciudadanía.
El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, Javier Herrera Borunda, afirmó que la rendición de cuentas es una herramienta para fortalecer la paz social, pues permite a la población conocer el destino de los recursos públicos. Recordó que, mientras el marco de fiscalización federal ha incorporado reformas constitucionales en 2018 y 2026, la Ley de Fiscalización de la capital data de 2014.
El auditor superior de la Ciudad de México, Edwin Meráz Ángeles, señaló que la coordinación interinstitucional permitirá poner en marcha las revisiones del gasto federalizado a partir de la reforma publicada el 14 de mayo pasado, que establece la homologación normativa con alcance nacional. Reiteró el compromiso de la ASCM de realizar las auditorías con criterios técnicos, imparcialidad y apego a los procedimientos establecidos, tanto en la revisión de la información como en la atención de aclaraciones.
El diputado local Gerardo Villanueva Albarrán destacó que la fiscalización contribuye a democratizar la vida pública cuando los gobiernos orientan sus recursos a la realización de obras y acciones de beneficio social. Por ello, convocó a las alcaldías y al equipo del Gobierno de la Ciudad de México a trabajar de manera coordinada para fortalecer la fiscalización y garantizar que los recursos públicos contribuyan al cumplimiento de las metas sociales.