- La migración revela cómo la capital se ha convertido en escenario de protección, integración y resistencia
La presencia de personas refugiadas y solicitantes de asilo provenientes de Haití constituye uno de los fenómenos migratorios más visibles de la última década en la Ciudad de México. Miles de familias buscan reconstruir sus vidas lejos de la violencia, la inestabilidad política y la severa crisis humanitaria que afecta a la nación caribeña.
Para el doctor Bernardo Bolaños Guerra, profesor investigador del Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Cuajimalpa, el asesinato del presidente Jovenel Moïse, en 2021, profundizó la inestabilidad institucional y la ingobernabilidad en esa nación.
“El problema de las pandillas continúa siendo una amenaza para la estabilidad del país. Incluso quien lidera algunas de ellas es un expolicía, lo que evidencia una penetración del crimen en las instituciones”, explicó en entrevista. El académico apuntó que esta situación está vinculada a severas carencias de pobreza y exclusión social que no han sido resueltas. A estos factores se añaden los desastres naturales que han golpeado a ese territorio.
Respecto a la concentración de la comunidad afrocaribeña en la capital de la nación, refirió que “es una urbe cosmopolita e internacional, pero además concentra oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar)”, por ello, “junto con Tapachula y Tijuana, se perfila como uno de los principales puntos de espera para quienes tramitan peticiones de asilo. Mientras aguardan la resolución de sus trámites terminan integrándose a la zona donde viven”, añadió.
En calles, albergues, centros comunitarios y espacios laborales de distintas alcaldías, han tejido nuevas formas de cohesión social y económica. Sin embargo, reconoció el especialista, este grupo poblacional se enfrenta a expresiones de discriminación racial. “Los propios migrantes señalan que existe racismo por ser afrodescendientes. Nadie puede dudar que hay prejuicios asociados a su color de piel y es algo que debemos superar como sociedad”, sostuvo.
En materia de políticas públicas, consideró indispensable fortalecer las capacidades institucionales del Estado mexicano. “Es necesario invertir más recursos en la Comar y en el Instituto Nacional de Migración (INM), para agilizar los procesos administrativos y evitar que los solicitantes permanezcan durante largos periodos en la incertidumbre”, afirmó.
Desde el ámbito universitario, Sandra Beatriz Fragoso Ramírez, alumna de la licenciatura en Historia en la Unidad Iztapalapa, que desarrolla una investigación sobre el tema, ha detectado que, de modo particular en el oriente de la metrópoli, uno de los aspectos más visibles del proceso migratorio es la manera en que, aunque persisten situaciones de vulnerabilidad y precariedad para algunos grupos, existen casos de inserción económica a través de pequeños negocios, actividades comerciales y empleos formales que les han permitido establecerse y generar ingresos propios.
El estudio exhibe que parte de la población migrante decidió quedarse en el centro urbano por las oportunidades laborales y de acceso a servicios que ofrece. En ese contexto, Fragoso Ramírez observa que los grupos familiares usan el espacio de estancia temporal, adaptación e incorporación y han comenzado a construir nuevas redes comunitarias.
Hasta mayo de 2026, el territorio capitalino albergaba a 2,632 refugiados haitianos, a partir de datos de la Comar. De acuerdo con el más reciente informe Un hogar en México de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), durante 2024 se registraron cerca de 80,000 solicitudes de asilo, ubicando al país entre los diez con mayor número de peticiones de protección en el mundo. Las nacionalidades con más procesos de protección se encuentran Honduras, Cuba, Haití, El Salvador y Venezuela.