- Presidente de Sala Superior destaca que la cooperación internacional contribuye a contrastar experiencias, revisar estándares y acompañar la construcción de mecanismos útiles para la realidad mexicana
- Magistrada Claudia Valle Aguilasocho consideró importante establecer estándares y protocolos de actuación que den lugar a reformas legales y reglas de competencia que reconozcan los efectos jurídicos extracomunitarios de las decisiones tomadas por las autoridades indígenas o afromexicanas
- Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, imparte conferencia magistral, donde consideró que los pueblos y comunidades indígenas necesitan tener conciencia ciudadana
- Silvia Morimoto, representante del PNUD, resalta que México fortalece la participación y el liderazgo de mujeres indígenas como agentes de transformación en sus comunidades
- Víctor Aznar, representante de la AECID, advierte que no puede existir un acceso efectivo a la justicia, si una persona no puede comprender el proceso judicial en el que está participando, ni puede expresar lo que necesita defender
El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García, anunció la eventual creación de un Grupo de Reflexión Técnica Internacional, integrado por personas expertas que, desde distintas disciplinas, países y experiencias comparadas, acompañen a esta autoridad jurisdiccional a avanzar en el fortalecimiento de la justicia electoral indígena en México.
El presidente de la Sala Superior dio a conocer dicho plan, durante la inauguración del evento “Respuestas internacionales para el acceso a la justicia de comunidades indígenas: Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias”, que se llevó a cabo en la sede del TEPJF, con la participación de autoridades del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la presencia de la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, así como del vicepresidente del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, Rodrigo Paillalef.
“Nuestra expectativa es que este diálogo permita avanzar hacia un Grupo de Reflexión Técnica Internacional, integrado por personas expertas de distintas disciplinas, países y experiencias”, enfatizó, al tiempo que puntualizó que “La pluralidad cultural de México no es un obstáculo para la justicia, al contrario, si esta pluralidad cuenta con la comprensión y la sensibilidad necesarias puede ser uno de sus asideros más profundos”, y expresó que los pueblos y comunidades indígenas nos recuerdan que la justicia para ser verdaderamente justa requiere de palabra, memoria, diálogo, acuerdo y reconocimiento mutuo.
Al encabezar el encuentro, Bátiz García destacó que “lo que nos convoca es una cuestión de fondo: cómo lograr que la justicia llegue mejor a los pueblos y comunidades indígenas; no sólo como posibilidad formal, sino como respuesta real, comprensible, oportuna y culturalmente pertinente”, y en ese sentido, subrayó que “La cooperación internacional viene a ensanchar nuestra mirada: contrastar experiencias, revisar estándares y acompañar la construcción de mecanismos útiles para la realidad mexicana”.
Hablar de acceso a la justicia, exige hablar también de desigualdad. Hablar de la justicia electoral indígena exige hacerlo desde la autonomía, los sistemas normativos internos y del pluralismo jurídico del país, mencionó. Los pueblos y comunidades —indicó— son portadores de memoria jurídica, organización comunitaria y formas legítimas de deliberación, por lo que “la interculturalidad es una forma de diseñar justicia. Se trata de construir, con ellas, cauces institucionales capaces de dialogar con sus formas propias de autoridad, decisión y acuerdo”.
El TEPJF y el PNUD, refirió Bátiz García, han compartido una ruta de trabajo fructífera para analizar estos desafíos y pensar respuestas institucionales más efectivas. A esta colaboración, agregó, se suma la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con una trayectoria valiosa de suma de esfuerzos.
Al tomar la palabra, la magistrada de la Sala Superior Claudia Valle Aguilasocho sostuvo que, en la agenda de protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, así como de su ejercicio sin barreras que delimiten demandar su tutela, es crucial colocar en el centro el acceso a la justicia y los mecanismos alternativos de solución de controversias.
Recordó que las comunidades y los pueblos indígenas y afromexicanos, desde su origen, han encontrado formas propias de respuesta a los problemas que surgen entre quienes los conforman, lo cual ha quedado plasmado en las leyes estatales sobre derechos indígenas. Refirió que, en México, 30 de 32 entidades federativas cuentan con alguna norma o ley cuyo objetivo es el reconocimiento de las normas internas de ese sector poblacional, de sus autoridades e incluso del establecimiento de un verdadero sistema de justicia.
Valle Aguilasocho consideró importante establecer estándares y protocolos de actuación que den lugar a reformas legales y reglas de competencia que reconozcan los efectos jurídicos extracomunitarios de las decisiones tomadas por las autoridades indígenas o afromexicanas, las reglas de prelación en el conocimiento de una misma problemática, las reglas claras sobre la fuerza de la decisión y la magnitud o medida de sus efectos dentro y fuera de las comunidades.
En el marco del encuentro, la Premio Nobel de la Paz impartió la Conferencia Magistral, donde habló del tema del derecho de las personas indígenas a la libertad de expresión, y consideró que los pueblos y comunidades indígenas necesitan tener conciencia ciudadana, como lo concibe el resto de la sociedad, “muchos de ustedes han oído que se dice que los indígenas son extranjeros en su propio país. Y a veces eso es cierto, pero a veces no, porque simplemente hay modelos que se han ido creando de acuerdo a la necesidad comercial o la necesidad educativa y la necesidad de participación”, precisó.
Sugirió a los partidos políticos a cumplir no sólo con la equidad de género, porque dijo que “género también pasa por pueblos indígenas, es decir, si queremos equidad de género, tenemos que identificar cuáles son los problemas que obstaculizan la participación de las mujeres en las diversas áreas, pero también las mujeres indígenas ¿verdad? pero también los pueblos en general afromexicanos”.
En su oportunidad, la representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, Silvia Morimoto, planteó que las mujeres y pueblos indígenas no deben ser únicamente consideradas como usuarios de los sistemas de justicia, “deben participar en su diseño, en su fortalecimiento y en la construcción de mecanismos culturalmente pertinentes que protejan sus derechos”, mencionó al considerar que los mecanismos alternativos de solución de controversias deben ampliar el acceso a la justicia.
Dijo que desde el PNUD han visto que en México el valor de fortalecer la participación y el liderazgo de mujeres indígenas como agentes de transformación en sus comunidades. Y reiteró el compromiso de ese organismo internacional de acompañar estos esfuerzos y de contribuir a generar instituciones capaces de responder a la diversidad, a las realidades de las personas.
A su vez, el responsable de Programas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en México, Víctor Aznar Kleijn, reconoció que el evento aborda una cuestión fundamental: garantizar un acceso a la justicia que sea realmente efectivo para los pueblos y comunidades indígenas, pues señaló que no puede existir un acceso efectivo a la justicia si una persona no puede comprender en el proceso judicial en el que está participando, ni puede expresar adecuadamente lo que piensa, lo que ha vivido o lo que necesita defender.
Expuso que “Cuando una persona que solamente habla tsetzal, tzotzil, tchol, xoque, mam o otra lengua originaria entra en contacto con una fiscalía, un juzgado o un centro penitenciario, estamos ante algo más profundo que una dificultad de comunicación. Estamos ante el riesgo de que esta persona no comprenda de qué se le acusa, no pueda explicar adecuadamente los hechos, no comprenda las consecuencias de sus declaraciones o no pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa. Y esto no es solamente una consideración de la cooperación internacional, es un mandato del propio Estado mexicano”.
Como parte del programa, se llevaron a cabo los paneles “Estándares internacionales para la construcción de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia electoral: contextos de comunidades indígenas” y “Herramientas para garantizar los derechos político-electorales y el acceso a la justicia con perspectiva intercultural y de género”.
Participaron en los mismos representantes de organismos internacionales y de instancias electorales de diferentes naciones de América Latina, así como especialistas y consultores en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas de México y otros países, quienes analizaron los estándares internacionales en materia de acceso a la justicia electoral para este sector de la población, con el fin de identificar elementos relevantes para la construcción de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia electoral compatibles con contextos indígenas.
