- En México, las mujeres indígenas y rurales lideran procesos de regeneración ambiental mientras enfrentan profundas desigualdades estructurales. Invertir en su educación, fortalecer sus capacidades y canalizar financiamiento hacia sus iniciativas es vital para construir comunidades más resilientes.
En México viven 67 millones de mujeres, de las cuales el 21% habita en zonas rurales, donde su rol como trabajadoras agrícolas es crucial. Estas mujeres no solo aportan valor trabajando la tierra, en la generación de productos agrícolas y el desarrollo de negocios, sino que también desempeñan un papel clave en la preservación de la biodiversidad.
En un escenario donde los métodos tradicionales de agricultura están erosionando los suelos, atentando contra la biodiversidad, contaminando las aguas y degradando los ecosistemas, los modelos regenerativos surgen como una respuesta necesaria para revertir estos daños.
El propósito de estas prácticas va más allá de la sostenibilidad: su enfoque apunta a restaurar ecosistemas, pero también a fortalecer a las comunidades, integrando saberes ancestrales, métodos agroecológicos y tecnologías sostenibles para construir sistemas productivos resilientes y en armonía con la naturaleza.
Sin embargo, avanzar hacia modelos regenerativos implica reconocer y fortalecer el papel protagónico de las mujeres indígenas y rurales, que son quienes lideran estas transformaciones en sus territorios, a través de prácticas que garantizan la producción de alimentos y la preservación de los recursos naturales.
Estas mujeres, que desempeñan un papel crucial en la producción de alimentos y en el cuidado del entorno natural, son también las más afectadas por los efectos del cambio climático, que limita sus derechos y reduce su capacidad de adaptación.
ONU Mujeres advierte que, a nivel global, el cambio climático podría sumergir a 158 millones más de mujeres y niñas en la pobreza, y poner en riesgo de inseguridad alimentaria a otros 236 millones para 2050.
En México, esta situación ya es palpable, ya que de las 14,3 millones de mujeres que viven en zonas rurales, 8,1 millones se encontraban en situación de pobreza en 2022.
Además, en la mayoría de los casos, las mujeres indígenas y rurales no tienen la propiedad de la tierra, ni los recursos esenciales para su subsistencia, su participación en la toma de decisiones es limitada y sufren violencia de género, entre otras problemáticas.
“Las mujeres enfrentan profundas brechas de género, muchas de ellas arraigadas en normas sociales de las comunidades tanto indígenas como rurales. Estas estructuras patriarcales dentro de su entorno limitan su participación en igualdad de condiciones con los hombres”, explica Ana Laura Cárdenas, experta en Violencia Basada en Género del Gender Knowledge Lab de Pro Mujer
Además, la experta explica que a menudo cargan con una doble o triple jornada. No solo trabajan la tierra, sino que también asumen responsabilidades como el cuidado de hijos e hijas y otras tareas del hogar, además de realizar otras actividades económicas como venta de comida o cría y manejo de animales de traspatio. Todo esto repercute en el uso desigual del tiempo y en una escasa valoración de su labor. Muchas veces ni siquiera se reconocen a sí mismas como productoras o campesinas, sino como ayudantes o asistentes del trabajo masculino, aun cuando las tierras que trabajan sean propias. Este fenómeno no solo refleja una desigualdad estructural, sino también una problemática de autopercepción y falta de reconocimiento del aporte de las mujeres al sistema productivo.
Valorar sus conocimientos, experiencias y aportes, así como atender sus necesidades específicas, resulta clave para fortalecer su autonomía en relación con el ambiente, y avanzar hacia una mejora integral en sus condiciones de vida, condiciones esenciales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos en la Agenda 2030.
En los últimos años, los inversores de impacto comenzaron a reconocer el papel estratégico que juegan las mujeres indígenas y rurales en la protección de ecosistemas, a través de un enfoque que promueve el financiamiento de proyectos que no solo buscan rentabilidad, sino que además, generan beneficios sociales y ambientales concretos.
“Canalizar recursos hacia iniciativas lideradas por mujeres indígenas o rurales como emprendimientos sostenibles, gestión territorial o producción agroecológica, contribuye no solo a su fortalecimiento económico, sino también a la resiliencia de sus comunidades y a la conservación de la biodiversidad. Invertir con enfoque de «no es solo una cuestión de justicia, sino también una estrategia clave para el desarrollo sostenible”, explicó Cárdenas.
Este tema será abordado en profundidad durante el GLI Forum Latam 2025, donde se debatirá cómo potenciar el liderazgo de las mujeres indígenas y rurales en la regeneración ambiental a través de políticas públicas, financiamiento con enfoque de género y modelos productivos sostenibles.
Sobre Pro Mujer:
Pro Mujer es una organización social con más de 35 años de trayectoria, líder en el avance hacia la igualdad de género en América Latina.
A través de un modelo holístico e integral que brinda servicios y herramientas de inclusión financiera y digital, salud y capacitación a las mujeres de la región, busca mejorar su calidad de vida, y transformarlas en agentes de cambio de sus realidades alcanzando su máximo potencial.
Pro Mujer es pionera en fomentar y concientizar acerca de la Inversión con Enfoque de Género como un mecanismo efectivo para combatir la desigualdad que afecta a las mujeres e impulsar la productividad de las compañías en América Latina. El trabajo de Pro Mujer está estrechamente alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU y ofrece resultados tangibles en ocho ODS: 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11 y 16.
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