Alberto Woolrich
Existe una notable diferencia entre las togas que portan Ernestina Godoy Ramos como Fiscal General de la República y ciertos agentes del ministerio público de la Federación, con las togas que guían a la abogacía pensante, ya que esta última cuenta con la dignidad de ser independiente de la narco-delincuencia política; esa independencia, aunque la Primera Magistrada de la Nación lo dude, es el patrimonio que dignifica a esa abogacía emancipada.
Cuando las togas que portamos los abogados postulantes invocan un respeto a la Constitución Política, es a nuestra Patria a la que le debemos lealtad; las actuaciones y comportamientos de nuestras túnicas, conllevan a expresar una palabra protectora que haga valer los derechos de los gobernados y, siempre elevaremos el tono de esa voz a favor de la no dependencia de la narco-política.
La independencia de las vestimentas que portamos, sirven para que los gobernados pongan un obstáculo a la narco-política y efectúen con ello,
una confronta en contra de los embates de ese poder inmundo, así como de la arbitrariedad, de los abusos de poder, del desconocimiento en la interpretación de la ley, de la violación de los derechos que le asisten a los gobernados; esa independencia se mantendrá siempre y se hará respetar.
Han pasado décadas y aún con ello no se olvida que en aulas universitarias se aprendió que “el ministerio público no puede estar encadenado a ningún poder, menos al de la narco-política y/o corrupción”.
Quienes somos propensos a lecturas jurídicas hemos aprendido que la procuración de justicia debe ser independiente de la política y de la corrupción, en caso de que así no lo fuera, se otorgaría a los fiscales y ministerios públicos la facultad de decidir sobre las bases de consideraciones políticas o de corrupción y esto sería un contrasentido que afectaría el espíritu de la Asamblea Constituyente del 17 y, no hace falta gastar argumentos para que salte a la vista la verdad de lo que ocurre en la actual Fiscalía General de la República.
Algunas togas pervertidas de esa fiscalía se niegan a entender e interpretar adecuadamente lo antedicho y persisten en seguir manteniendo una dependencia de esa narco-delincuencia política, lo que nos hace afirmar que con ello no velan por la independencia de la justicia y solo dan continuidad a la corrupción de ese otro nefasto poder ajeno al Pacto Federal.
¿Permitirá la Presidenta Constitucional dar continuidad a esa degradación institucional?
Es cuánto.
Lic. Alberto Woolrich Ortiz.
Presidente de la Academia de Derecho Penal
del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A. C.
