• El senador Miguel Ángel Riquelme y la senadora Mely Romero Celis cuestionaron la eficacia de la Estrategia Nacional de Seguridad.
• Durante el primer año de la administración federal se registraron 26,583 homicidios dolosos, lo que equivale a 70 diarios.
Durante la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, los legisladores del Partido Revolucionario Institucional alertaron sobre la persistencia de altos índices de violencia, inseguridad, impunidad y la falta de coordinación efectiva entre la Federación, los estados y los municipios. Señalaron que, aunque el gobierno ha promovido cifras de reducción delictiva, la realidad en las calles y la experiencia de la ciudadanía reflejan un panorama muy distinto.
El senador Miguel Ángel Riquelme Solís destacó que, aunque respaldaron la reforma al artículo 21 de la Constitución como un voto de confianza, la Estrategia Nacional de Seguridad carece de metas claras, indicadores confiables y atención a policías locales, repitiendo modelos centralistas y militarizados del sexenio anterior. “En los primeros 12 meses de gobierno se registraron 26,583 homicidios dolosos, equivalentes a 70 diarios. Las cifras oficiales indican una disminución de 32%, pero analistas coinciden en que la reducción real no supera el 16%”, precisó.
Además, cuestionó la metodología para clasificar delitos, incluidos homicidios con dolo eventual, feminicidios y crímenes de odio, así como la transparencia de los datos presentados por la Secretaría.
El legislador subrayó la gravedad de la violencia contra la niñez y la juventud. “Más de 1,600 niñas, niños y adolescentes fueron asesinados este año, 9% más que en 2024. ¿Qué respuesta damos a los padres de estas víctimas?”, preguntó, y recordó que más de 14,700 personas permanecen desaparecidas hasta octubre y que desde el último año del sexenio anterior el acumulado supera las 133 mil víctimas.
Por su parte, la senadora Mely Romero Celis enfatizó la necesidad de presencia institucional y coordinación federal-local, especialmente en Colima, donde la violencia aumentó y la percepción de inseguridad entre la población creció. Subrayó que la política de seguridad no puede medirse solo por cifras o estadísticas, sino por resultados concretos en cada municipio, colonia y comunidad. “Colima no se va a resignar. Queremos que las acciones federales generen seguridad real para la ciudadanía y que exista diálogo y coordinación con autoridades locales”, señaló.
Ambos legisladores coincidieron en la urgencia de fortalecer las instituciones, apoyar a las policías locales, garantizar justicia a las víctimas y ofrecer seguridad tangible a las familias mexicanas. Concluyeron que el PRI está listo para sumarse a todas las tareas, impulsar leyes, gestionar presupuestos y contribuir desde el Senado a la construcción de la paz en México.
