La senadora Alma Carolina Viggiano Austria presentó ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) un escrito en el que solicita el inicio de un procedimiento oficioso y, en subsidio, su tramitación como queja o denuncia, para investigar el contrato celebrado entre el Comité Ejecutivo Nacional de Morena y la Financiera para el Bienestar (Finabien), destinado a la dispersión de pagos identificados como “apoyos sociales”.
De acuerdo con el escrito, el contrato (clave DRS/SCRS/GCSFB/SEPJ/60/2022), suscrito el 1.º de junio de 2022, fue prorrogado hasta el 28 de junio de 2024, semanas después de la jornada electoral federal del 2 de junio de 2024. La solicitud se sustenta en documentación oficial, incluida la cédula de resultados de una auditoría del Órgano Interno de Control de Finabien emitida en diciembre de 2025.
Entre los hechos que se ponen a consideración de la autoridad electoral destaca que el instrumento contractual contempló la emisión de hasta 252,901 giros nacionales; que Morena habría pagado alrededor de 3.5 millones de pesos en comisiones; y que, conforme a la propia auditoría, no se habría aplicado protocolo alguno de cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, pese a alertas internas desde enero de 2023.
La solicitud señala, además, que de la revisión de los informes de ingresos, egresos y campaña rendidos por Morena al INE durante 2022-2024, no se advierte que el contrato ni los recursos dispersados a su amparo hayan sido reportados a la autoridad fiscalizadora.
En el escrito se pide al INE que ejerza plenamente sus facultades de investigación: requerir información y documentación a Finabien y a su Órgano Interno de Control, levantar los secretos bancarios, fiduciarios y fiscales cuando proceda, y solicitar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda los informes de operaciones financieras correspondientes.
Asimismo, se solicita que, de resultar procedente conforme a los hallazgos, la autoridad electoral dé vista a las autoridades hacendarias y a las competentes en materia de prevención de lavado de dinero, entre ellas la UIF y la Fiscalía General de la República (FGR), para que actúen en el ámbito de sus respectivas atribuciones.
La senadora Viggiano Austria subrayó que la presentación de este escrito tiene como propósito que la autoridad electoral esclarezca el origen, el monto y el destino de los recursos involucrados, en defensa de los principios de equidad en la contienda, transparencia y rendición de cuentas que rigen el financiamiento de los partidos políticos.
