- El crecimiento de la inseguridad pública en México provoca que el sector privado juegue un papel fundamental.
- Desde mayo de 2021 se aprobó una reforma constitucional que facultó al Congreso para expedir la Ley General de Seguridad Privada.
- ASUME confía que esta Ley sea aprobado durante el liderazgo del Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Las Agrupaciones de Seguridad Unidas por un México, mejor conocida como ASUME, consideran que es urgente que el Poder legislativo apruebe la Ley General de Seguridad Privada, debido a que en el país existe una alta informalidad, falta de estándares homologados y poca coordinación con las autoridades públicas, lo que pone en riesgo a empresas y ciudadanos.
Esta Ley debió haberse expedido desde hace 3 años y tiene como objetivo garantizar, de manera inmediata, un marco jurídico que garantice servicios de seguridad con un alto estándar de calidad.
Armando Zúñiga Salinas, Presidente de ASUME, afirma que “la Ley General de Seguridad Privada es muy importante porque se suma a la estrategia de seguridad del País. Este sector, con más de 600 mil elementos, cuida a las empresas, zonas residenciales e instituciones y puede representar hasta un millón de empleos”.
De hecho, “la creciente inseguridad pública en México ha llevado al sector de la seguridad privada a desempeñar un papel esencial como complemento de las fuerzas públicas”.
Sin embargo, el sector enfrenta obstáculos que deben ser considerados urgentemente. Uno de ellos, es la falta una regulación uniforme, toda vez que la seguridad privada en México se rige por una serie de normas y regulaciones dispersas y desactualizadas. Esto ha generado un vacío legal que permite la operación de empresas de seguridad privada sin los controles y supervisión necesarios.
“Actualmente, operamos bajo un esquema fragmentado: una Ley Federal obsoleta, 32 leyes estatales y cientos de reglamentos municipales. Esta diversidad normativa genera más de 500 contradicciones que complican la operación de las empresas y, lo que es peor, fomentan la corrupción y la competencia desleal”, dice Zúñiga Salinas.
Un marco regulatorio uniforme permitiría mejorar la calidad del servicio a través de empresas capacitadas y certificadas, garantizaría condiciones laborales dignas para los trabajadores y fortalecería la confianza de los usuarios al combatir la informalidad.
El presidente de ASUME, explica que “en mayo de 2021 se aprobó una reforma constitucional que facultó al Congreso para expedir esta Ley. Sin embargo, aunque el plazo venció en noviembre del mismo año, seguimos esperando su promulgación. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha avanzado en un proyecto, y confiamos en que pronto sea aprobado bajo el liderazgo de Omar García Harfuch”.
Beneficios de la Ley General de Seguridad Privada para México
La Ley General de Seguridad Privada no solo beneficiará al sector, sino también a la sociedad en general. Con esta ley, podremos garantizar servicios más confiables y efectivos, reducir riesgos, atraer inversiones y fortalecer la colaboración entre la seguridad pública y privada. Esto se traducirá en una mejora significativa en la percepción de seguridad en el país.
La seguridad privada es más que un servicio, dice Armando Zúñiga, es un pilar indispensable para la tranquilidad de las personas y el desarrollo económico de México. Como sector, estamos listos para colaborar con el gobierno y contribuir a la construcción de un entorno más seguro y ordenado.
Es por ello que la Ley General de Seguridad Privada en México completará aspectos como son los siguientes:
- a) Estándares de calidad y eficacia: La ley establecerá los estándares de calidad y eficacia para los servicios de seguridad privada, incluyendo la capacitación y entrenamiento del personal de seguridad.
- b) Supervisión y control: La ley establecerá mecanismos de supervisión y control para garantizar el cumplimiento de los estándares y requisitos establecidos.
- c) Régimen de sanciones: La ley ofrecerá un régimen de sanciones para las empresas de seguridad privada que incumplan con los estándares y requisitos establecidos.
En conclusión, la urgente necesidad de una Ley General de Seguridad Privada se debe a la falta de regulación y supervisión efectiva, que ha generado una serie de problemas y riesgos para la seguridad ciudadana. Una ley, que regule la creación y operación de empresas de seguridad privada, establezca estándares de calidad y eficacia, y contemple mecanismos de supervisión y control, sería un paso importante para garantizar la seguridad y la integridad de los ciudadanos.
