Gerardo Sánchez Sansores, uno de los operadores más cercanos a Layda Sansores durante los primeros años de su gobierno, acusó a la administración campechana de utilizar una grabación editada para desacreditarlo. La denuncia revive los cuestionamientos sobre los métodos utilizados durante años en el Martes del Jaguar contra diversos adversarios políticos.
Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora Layda Sansores y uno de los operadores políticos más cercanos a su administración durante los primeros años de gobierno, acusó públicamente al gobierno de Campeche de difundir una grabación editada y sacada de contexto para desacreditarlo.
La acusación no sólo exhibe una ruptura dentro del círculo más cercano de la mandataria, sino que reabre una de las preguntas más incómodas de la política mexicana reciente: si hoy un integrante del propio Clan Sansores denuncia manipulación de grabaciones, ¿qué tan sólidas fueron las campañas construidas durante años desde el Martes del Jaguar contra sus adversarios políticos?
La acusación vino desde dentro
La polémica estalló luego de que Gerardo Sánchez Sansores difundiera un mensaje en el que acusó al vocero del gobierno estatal, Juan Manuel Herrera, de utilizar una grabación manipulada para construir una narrativa falsa en su contra. Según su versión, el audio fue editado y presentado fuera de contexto con el propósito de dañar su imagen pública.
El señalamiento llamó la atención no sólo por su contenido, sino por la posición de quien lo realiza. Durante años, Sánchez Sansores formó parte del círculo político más cercano a Layda Sansores y tuvo un papel relevante en la estrategia de comunicación de la administración campechana. Su cercanía con el poder estatal lo convierte en una voz con conocimiento directo de la operación política y mediática del gobierno.
El audio de los “80 milloncitos”
La denuncia de Gerardo Sánchez Sansores surge tras la difusión de audios en los que presuntamente se le escucha hablar sobre el cobro de sobornos y pagos millonarios para la obtención de permisos de construcción durante la gestión de Layda Sansores al frente de la alcaldía Álvaro Obregón.
En una de las grabaciones se escucha a una voz atribuida a Sánchez Sansores hablar de una supuesta ‘mordida’ de hasta 80 millones de pesos derivada de un desarrollo inmobiliario, mientras que en otra se hace referencia al costo de licencias para construir en zonas con restricciones.
A raíz de la publicación de esos materiales, Sánchez Sansores aseguró que las grabaciones fueron editadas y sacadas de contexto para construir una narrativa falsa en su contra.
El señalamiento resulta particularmente relevante porque reproduce el mismo argumento que durante años sostuvieron Alejandro Moreno, Ricardo Monreal y otros personajes exhibidos en el Martes del Jaguar: que los audios fueron manipulados o presentados de forma parcial para alterar su significado original.
Durante años, esas denuncias fueron desestimadas por el gobierno de Campeche y presentadas como simples intentos de defensa de quienes eran exhibidos desde el poder. Sin embargo, ahora la acusación proviene de alguien que formó parte del propio círculo político de Layda Sansores.
De operador de la maquinaria a víctima de sus métodos
Gerardo Sánchez Sansores no fue un observador externo de la estrategia de comunicación del gobierno de Campeche. Durante años fue señalado como uno de los operadores más influyentes del entorno de Layda Sansores y como una de las figuras con mayor peso en la construcción de la narrativa gubernamental.
Diversas investigaciones periodísticas y actores políticos documentaron la influencia que ejercía sobre la estructura de comunicación estatal. Entre esos señalamientos destacó su presunto papel en la llegada de Walther Patrón a la Coordinación General de Comunicación Social, funcionario que previamente había trabajado en una empresa de comunicación propiedad del sobrino de Layda Sansores.
Durante años, desde el Martes del Jaguar fueron difundidos audios, chats, conversaciones privadas y acusaciones contra figuras como Alejandro Moreno, Ricardo Monreal, periodistas, empresarios y legisladores. En muchos de esos casos, los señalados denunciaron manipulación, edición o descontextualización de los materiales utilizados para atacarlos.
Por ello, la denuncia actual resulta especialmente significativa. Quien hoy acusa al gobierno de Campeche de difundir una grabación editada y sacada de contexto no es un opositor ni uno de los personajes exhibidos desde el poder. Es alguien que durante años fue identificado como parte del grupo que diseñó, operó y defendió esa estrategia de comunicación.
La paradoja es difícil de ignorar. Uno de los hombres más cercanos al sansorismo, y familiar directo de la gobernadora Sansores, hoy acusa exactamente los mismos métodos de agresión y golpeteo que durante años fueron desestimados cuando los planteaban sus adversarios políticos.
La acusación de Gerardo Sánchez Sansores cambia por completo la lectura de los ataques impulsados durante años desde el Martes del Jaguar. Si uno de sus propios operadores denuncia manipulación de grabaciones, la credibilidad de los audios utilizados contra Alejandro Moreno y otros adversarios queda severamente comprometida.
Por primera vez, la sospecha de que los materiales fueron editados o utilizados para construir narrativas políticas no proviene de las víctimas de esos ataques, sino de alguien que formó parte del grupo que los impulsó. Y cuando la denuncia surge desde dentro, la duda alcanza a toda la historia que durante años se presentó como verdad.
