En el marco del Primer Congreso Nacional de Derecho Electoral, el magistrado presidente de la Sala Superior Gilberto Bátiz García expuso que en el Proceso Electoral 2027 habrá controversias, conflictos y decisiones difíciles, por lo que las autoridades electorales deberán prepararse para asegurar que, aún dentro de la competencia más intensa, cada persona tenga a su disponibilidad la vía expedita para hacer valer sus derechos político-electorales y la vía necesaria para defenderse.
“Que sean el voto y el derecho, y nunca el ejercicio de la fuerza, los que ordenen frente a nuestras responsabilidades y, de cara con el centro a la ciudadanía siempre, que ordenen una disputa democrática”, sostuvo Bátiz García, al impartir la Conferencia Magistral: “Retos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ante el Proceso Electoral 2027”, en el campus Saltillo de la Universidad Americana del Noreste (UANE).
Ante la comunidad estudiantil y docente de dicha institución académica, así como de autoridades electorales locales y nacionales reunidas en el Auditoria B de la UANE, el magistrado presidente del TEPJF planteó cinco retos para que las entidades electorales estén aptas para responder a las exigencias de la contienda del próximo año: llegar preparadas; reducir las barreras para el ejercicio de los derechos políticos-electorales; responder a las transformaciones que la conversación pública pone en sus manos y oídos, a través de diferentes mecanismos; examinar los efectos electorales que se generan a partir de la violencia y reconocer qué respuesta es la que necesita cada uno de los conflictos dados.
Bátiz García señaló que, para las autoridades electorales, la existencia de conflictos tiene que ser la vocación de su quehacer, ya que la existencia de conflictos les permite la oportunidad de generar certeza, la cual no debe de significar la ausencia de los conflictos porque en una sociedad libre deberán existir desacuerdos sobre las propias reglas.
Importante es cuando se generen estos desacuerdos y sobre todo en qué momento de la contienda se estén generando los propios acuerdos, pero no solamente que tenga que existir desacuerdos sobre las reglas dadas para el inicio de un propio proceso.
“Para nosotros, la certeza tiene que ser comprendida como que estas diferencias, en sus distintos matices, en sus distintas oportunidades o en sus distintos momentos, puedan encontrar los causes institucionales”, precisó.
Durante su conferencia en el referido Congreso, titulado “Reflexiones sobre la actividad administrativa y Jurisdiccional” y organizado por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, Bátiz García destacó que, de enero de 2025 a agosto de 2026, la Sala Superior del TEPJF resolvió 15 mil 711 medios de impugnación que tienen que ver con grupos en situación de vulnerabilidad, en donde están pueblos y comunidades indígenas, asuntos de género, violencia política, diversidad sexual, discapacidades, juventudes, personas afromexicanas y migrantes.
“Esta realidad lo que muestra es una tarea que va mucho más allá de las disputas que existen entre los actores políticos. El Tribunal Electoral, los tribunales electorales, las entidades electorales, no sólo somos instituciones políticas; tenemos la capacidad, la oportunidad de ser instituciones que protegen el ejercicio de los derechos en condiciones de participación profundamente desiguales”, sostuvo.
Por ello, el magistrado presidente de la Sala Superior enfatizó que los cinco retos que puso en perspectiva en su exposición convergen en una sola responsabilidad común para las autoridades electorales del país: mantener el conflicto democrático en los cauces de la institucionalidad, en los cauces que ofrece el Derecho. “Esto lo tienen que saber los justiciables, lo tienen que saber los actores políticos, lo deben tener entendido como una de sus propias garantías. Es la narrativa que necesita el propio sistema”, puntualizó.