- Plantea que los sistemas de agua realicen estudios químicos inmediatos y adviertan a la población sobre los riesgos desde los primeros reportes de contaminación
- Advierte que una obra hídrica en Jalisco podría costar 48 mil millones de pesos en 25 años y señala que existen 22 centros de estrés hídrico en el país
La senadora Claudia Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa para ordenar a los encargados de los sistemas hídricos urbanos a realizar estudios químicos y emitir alertas públicas ante los primeros reportes de agua sucia o contaminada. La propuesta contempla información sobre los riesgos, las medidas de atención y los plazos para resolver el problema.
La legisladora recordó que, desde 2022, habitantes de la Zona Metropolitana de Jalisco reportaron problemas con la calidad del agua, sin una respuesta oportuna. Señaló que las autoridades no deben esperar a que la población salga a las calles para actuar. Además, advirtió que México cuenta con 22 centros de estrés hídrico que requieren atención preventiva.
Por ello, exigió a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el cumplimiento de los plazos legales para resolver los trámites relacionados con concesiones de pozos, restituciones por colapso, cambios y transmisiones de dominio, así como reasignaciones de volumen. Advirtió que la acumulación de expedientes afecta a quienes dependen de estos permisos para disponer del recurso hídrico.
También cuestionó el proyecto de asociación público-privada para construir un acueducto paralelo en Jalisco. La inversión inicial sería de 12 mil millones de pesos, aunque el costo podría alcanzar los 48 mil millones durante 25 años. Consideró necesario evaluar las alternativas para garantizar una solución eficaz, sin comprometer las finanzas públicas.
La priista llamó a las autoridades federales y estatales a atender los problemas del agua antes de que se conviertan en crisis sociales. Sostuvo que la prevención, la información oportuna y el cumplimiento de la ley son indispensables para proteger a la población y evitar soluciones tardías que comprometan los recursos públicos.