- Advierte que la modernización catastral y registral no debe vulnerar la autonomía municipal ni trasladar nuevas cargas económicas a los ayuntamientos
- Señala que posibles modificaciones en los valores catastrales podrían elevar el impuesto predial y afectar el patrimonio de las familias mexicanas
El senador Gabriel Elizondo Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, votó en contra del dictamen que expide la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral. El legislador advirtió que la propuesta establece nuevas obligaciones de modernización, digitalización y capacitación para los municipios, sin prever recursos adicionales para su cumplimiento.
Elizondo Pérez sostuvo que la Federación no debe transferir responsabilidades a los gobiernos locales sin garantizar los recursos necesarios ni considerar sus capacidades económicas. Señaló que los ayuntamientos deben atender servicios esenciales, como el suministro de agua, el alumbrado público y el mantenimiento de las calles.
El senador afirmó que el PRI respalda la modernización de los catastros y registros públicos de la propiedad mediante herramientas tecnológicas para simplificar trámites, combatir irregularidades y brindar certeza jurídica al patrimonio familiar. Sin embargo, advirtió que estos avances no deben justificar la centralización de decisiones ni vulnerar la autonomía municipal y la libre administración de la hacienda de los ayuntamientos.
Asimismo, alertó que una eventual modificación de los valores catastrales podría derivar en mayores cobros del impuesto predial para las familias, aunque la ley no establezca directamente un incremento de este gravamen. Por ello, llamó a evaluar con responsabilidad cualquier medida con posibles repercusiones en la economía familiar.
El senador subrayó que el desarrollo del país requiere municipios fuertes, con autonomía y recursos suficientes para cumplir sus responsabilidades. Reiteró que su voto en contra responde a la defensa del federalismo y a la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para que los ayuntamientos ofrezcan servicios públicos de calidad.