Javier Divany Bárcenas
El presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Ricardo Monreal Ávila, presentará iniciativa para combatir el delito de extorsión, con el propósito de fortalecer la respuesta institucional, optimizaría el uso de los recursos y asegurar el acceso igualitario a la justicia y a la protección de derechos en todo el territorio nacional.
Además, la adopción de un enfoque integral indispensable para atender de manera efectiva este fenómeno, evitando soluciones fragmentadas e ineficaces que perpetúan la desigualdad y la impunidad.
Ricardo Monreal, destacó que luego de ser aprobadas las leyes en materia de seguridad pública por el Congreso de la Unión, el Secretario de Seguridad Pública y el Gabinete de Seguridad han anunciado una estrategia nacional que iniciará en ocho estados del país, donde se concentra casi el 70 por ciento de las extorsiones.
La iniciativa modifica el artículo 73 constitucional, en su fracción 21, con el objetivo de combatir este flagelo que “se ha venido incorporando, lamentablemente en perjuicio de los ciudadanos: la extorsión. Es juntos como podemos enfrentar el reto de la delincuencia organizada”.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para expedir la Ley General en materia de prevención, sanción y persecución del delito de extorsión y la atención a víctimas de este delito, estableciendo la concurrencia y la coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, y en lo que corresponda, a las alcaldías de la Ciudad de México, así como las modificaciones conducentes a la legislación penal.
Precisa que, la promulgación de una ley general aseguraría la adecuada implementación de los compromisos internacionales asumidos por México en la materia, pues la falta de un marco normativo homogéneo ha sido objeto de observaciones por parte de organismos internacionales que han señalado la necesidad de fortalecer la legislación y los mecanismos de coordinación.
Resalta que la extorsión es un delito que afecta a todos los sectores de la sociedad, sin distinción de nivel socioeconómico, profesión o lugar de residencia, desde los grandes empresarios hasta las amas de casa, estudiantes, comerciantes informales y productores del campo.
Indicó que esta legislación debería involucrar a los tres niveles de gobierno, promoviendo la concurrencia de facultades y atribuciones para la colaboración y atención específica de este delito.
“La necesidad de expedir una ley general en la materia radica, entre otros aspectos, en la disparidad de criterios normativos que actualmente existen entre las entidades federativas y en la falta de una respuesta coordinada a un fenómeno que, por su naturaleza y alcances, requiere de un marco jurídico homogéneo y eficaz”, manifestó el líder de morena en San Lázaro.
