Durante la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Loretta Ortiz Ahlf señaló que, para mantener el estado constitucional social de Derecho, es necesario respetar la distribución de competencias entre autoridades.
Las alcaldías Coyoacán, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, de la Ciudad de México, promovieron diversas acciones de inconstitucionalidad en contra del Decreto por el que se reformaron artículos de la Ley de Establecimientos Mercantiles de la CDMX; al considerar que se reduce la esfera de atribuciones que las alcaldías tienen garantizadas a nivel legal y constitucional.
Al respecto, la ministra Loretta Ortiz dijo que las alcaldías no tienen interés legítimo para promover dichas controversias constitucionales ya que sus planteamientos recaen en disposiciones locales y no en las atribuciones contenidas en la Constitución Federal; en ese sentido, debía sobreseerse el asunto en su totalidad.
Esto resulta indispensable pues, de lo contrario, se podría alterar sin justificación el orden gubernamental cuyos protectores son en última instancia las y los integrantes del Alto Tribunal.
No obstante, por mayoría de votos, el Pleno resolvió declarar la validez de la normativa impugnada, con excepción del artículo 4, fracción XIII bis, porque es competencia de la alcaldía otorgar permisos, licencias y autorizaciones de funcionamiento de establecimientos mercantiles en situaciones de emergencia, casos fortuitos o de fuerza mayor, y no de la Jefatura de Gobierno. <Se editó este mensaje.>