• El registro obligatorio de líneas móviles exige hasta 924 mil registros diarios, cifra materialmente inviable.
• La iniciativa busca extender el plazo a 740 días hábiles para proteger la conectividad y los datos personales.
Durante la sesión de la Comisión Permanente, el senador Ángel García Yáñez presentó a nombre del senador Pablo Guillermo Angulo Briceño, del Partido Revolucionario Institucional, una iniciativa para reformar el artículo Trigésimo Transitorio de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El propósito consiste en ampliar el plazo del registro obligatorio de líneas celulares y prevenir afectaciones graves a millones de personas usuarias, así como riesgos a la privacidad y a la inclusión digital.
El legislador explicó que la ley vigente busca el registro de entre 158 y 160 millones de líneas móviles en un periodo con cierre en junio de 2026. Este esquema exige alrededor de 924 mil registros diarios, una meta inviable desde el punto de vista técnico y operativo. Esta presión ha generado saturación de plataformas, fallas recurrentes y vulnerabilidades que expusieron datos sensibles de usuarios, advirtió.
Por ello, la iniciativa plantea la ampliación del plazo a 740 días hábiles y la asignación de 90 días naturales a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para el ajuste de lineamientos. “El combate al delito no puede traducirse en la desconexión de millones ni en la exposición de datos personales. La seguridad debe avanzar con inclusión, legalidad y respeto a los derechos fundamentales”, concluyó.
Recordó que experiencias nacionales e internacionales evidencian los riesgos de plazos rígidos. En México, el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil desapareció tras la comprobación de que no redujo delitos y sí vulneró derechos. En países como Filipinas, solo 49 por ciento de las líneas obtuvo registro en el plazo inicial, situación que forzó una ampliación para prevenir desconexiones masivas y exclusión social.
Subrayó que organismos como la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la GSMA recomiendan plazos graduales, salvaguardas de privacidad y marcos proporcionales. Asociaciones del sector han emitido alertas sobre costos superiores a 4 mil millones de pesos, además de riesgos desproporcionados para comunidades rurales, indígenas y de alta marginación, donde la telefonía móvil constituye un servicio esencial.
