La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) reconoce el fallo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), órgano del Banco Mundial, al frenar reclamaciones altamente especulativas de una empresa privada, que pretendía que los taxis de la capital sustituyeran el taxímetro análogo por tabletas electrónicas, situación que representaba implicaciones económicas adicionales para las y los prestadores del servicio en cada uno de sus viajes.
El Gobierno de México a través de la Secretaría de Economía, representó al Estado Mexicano ante un Tribunal Arbitral. Después de varios años de litigio y al no concretarse dicho modelo, la empresa concesionaria inició un arbitraje internacional en el que reclamó una indemnización cercana a los 3 mil millones de dólares; no obstante, la petición fue desestimada.
La Secretaría de Movilidad destaca que este fallo representa un precedente importante en la defensa del interés público, al evitar que decisiones del pasado derivaran en afectaciones económicas para la ciudadanía.
