- El Estado no puede trabajar dividido frente a una corrupción que muchas veces actúa de manera organizada: diputado Herrera Borunda
- Diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC emiten comentarios sobre la rendición de cuentas
La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que preside el diputado Javier Octavio Herrera Borunda (PVEM), recibió la segunda entrega de informes individuales de auditoría correspondientes a la Cuenta Pública 2025, por parte del titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios Cardel.
Herrera Borunda comentó que en una democracia, el dinero público tiene dueño: es el pueblo de México, y “quien administra ese dinero tiene la obligación de explicar cómo lo utiliza, pero, sobre, todo, responder de los resultados para los cuales le fue asignado ese presupuesto, Y, para rendir cuentas no se necesita presentar sólo un informe, entregar documentos o cumplir con una formalidad legal, pues “rendir cuentas significa que nadie maneje recursos públicos por encima de la ley, ni al margen del escrutinio público”.
Por ello, dijo, la entrega de este Informe de Cuenta Pública 2025 representa mucho más que un ejercicio institucional, “más con la coyuntura noticiosa de hechos tan relevantes como los que hemos estado viendo que acontecen en el Instituto Nacional Electoral; representa la oportunidad para reafirmar un compromiso que debe unirnos a todos: construir un Estado eficaz para prevenir, detectar, investigar y sancionar a los corruptos”.
Afirmó que el mensaje es claro: la corrupción no se combate con instituciones aisladas, se combate cuando se trabaja de manera conjunta, si bien, cada una tiene sus facultades, son distintas, tiene responsabilidades propias, herramientas especializadas, pero todas forman parte de un mismo esfuerzo.
“Combatir eficazmente la corrupción hay que seguir la ruta del dinero, detectar las irregularidades, determinar las responsabilidades y, cuando corresponda, aplicar las sanciones de ley. No basta con descubrir que se perdió el dinero, hay que saber quién lo desvió, cómo le hizo y qué consecuencias debe enfrentar”, añadió.
Enfatizó que una auditoría que no conduce a correcciones se queda corta, una investigación que no avanza pierde eficacia y una responsabilidad acreditada que queda sin sanción alimenta la impunidad. Por eso, es tan relevante la coordinación institucional, “hoy más que nunca, y nos sumamos como órgano legislativo a esa colaboración”.
Herrera Borunda aclaró que no se van a duplicar funciones ni invadir competencias, se trata de sumar capacidades de compartir información conforme a derecho y cerrar espacios que permiten que las irregularidades sigan cometiéndose. “La corrupción aprovecha esos vacíos institucionales y nuestra obligación es que donde antes había vacíos hoy exista coordinación, donde había obstáculos existan soluciones y donde había impunidad prevalezca la ley”.
Puntualizó que este esfuerzo necesita también de un elemento indispensable, que “el Poder Legislativo sea capaz de anticiparse a los desafíos que enfrentan nuestros tiempos. Ahí es donde entramos nosotros los diputados, pero no partimos desde cero, hemos impulsado por unanimidad herramientas que fortalecieron a la Auditoría que le permiten hoy denunciar y activó a tiempo una investigación de faltas graves administrativas, sobre todo en el caso tan destacado del INE, porque tenemos claro que el combate a la corrupción no tiene colores y debe tener instituciones fuertes, leyes eficaces y resultados verificables”.
Relató que, gracias a esa reforma, el auditor está anunciando un esfuerzo inédito y tendrá sanciones o tendrá más bien calificación de faltas administrativas graves o denuncias penales en un muy corto tiempo. “Hay una oportunidad para que abramos un diálogo para ver cómo podemos hacer más eficaz la parte sancionadora, resarcitoria, si tenemos que entrar a una reforma constitucional lo haremos valientemente, tenemos que acortar esos tiempos, no podemos tener casos que duren eternamente sin sanción, una vez que ya se calificó la falta administrativa”.
Ello, abundó, es una forma de ocultamiento de la verdad, cuando la sociedad quiere respuestas y el escrutinio público lo demanda, “si no lo hacemos no vamos a poder combatir la corrupción”. Además, la corrupción no se combate con herramientas del siglo XX, cuando ellos ya saben usar instituciones, procedimientos, utilizar mecanismos tecnológicos para actuar de manera coordinada y corromper a varios.
La ciudadana—apuntó—no quiere solamente saber cuántas auditorías se realizaron o cuántas observaciones se emitieron, quiere saber qué se corrigió, cuánto dinero se recuperó y quién respondió por esos daños causados; esa debe ser la medida del éxito y el nuevo paradigma. Una política que trascienda administraciones, gobiernos y coyunturas, el Estado no puede trabajar dividido frente a una corrupción que muchas veces actúa de manera organizada.
“Hoy tenemos la oportunidad de dar un paso importante, debemos de demostrar que la fiscalización sirve precisamente para actuar con oportunidad. Desde la Comisión de Vigilancia, reiteramos nuestra disposición para trabajar con todas estas instituciones, escuchar sus propuestas, revisar el marco jurídico, construir herramientas eficaces. Estamos dispuestos a legislar aquí antes de que acabe diciembre. Un México sin corrupción es posible”, precisó el diputado Javier Herrera.
Posicionamientos de diputadas y diputados
La diputada Ana Elizabeth Ayala Leyva (Morena) indicó que esta entrega muestra la puesta en marcha de las nuevas facultades derivadas de la reforma de mayo de 2026 a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, donde destaca la imposición de multas por entregas parciales de información, las investigaciones de oficio y la presentación de denuncias de hecho, lo que confirma que ninguna institución está exenta de la rendición de cuentas.
“Seguiremos por esa ruta, impulsando reformas que coloquen a la fiscalización a la vanguardia de las mejores prácticas, con procesos de sanción más ágiles y la modernización de las herramientas tecnológicas y administrativas”, enfatizó.
Del PAN, el diputado Miguel Ángel Guevara Rodríguez pidió que el caso del INE sea un ejemplo de procedencia, se investigue y llegue a las últimas consecuencias, se dé aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera, al SAT y la FGR, y que los resultados de las investigaciones sean públicos, así como poner fin a las licitaciones a modo, con sobrecostos, y “no se den los contratos a quienes tienen los mejores contactos o amoríos”.
Insistió en avanzar hacia las auditorías en tiempo real, que “la ASF tenga más dientes”, herramientas y mejores mecanismos para detectar riesgos desde que se realizan las contrataciones y no solo cuando ya se ejercieron los recursos, así como identificar empresas relacionadas entre sí, estudios de mercado manipulados, precios inflados y posibles conflictos de interés.
Por el PVEM, el diputado Ricardo Madrid Pérez afirmó que la entrega de este informe individual constata el cumplimiento en tiempo y forma de las facultades que la Constitución Política le confiere al órgano fiscalizador, labor fundamental en los avances en la rendición de cuentas por parte de los gobiernos e instituciones que ejercen recursos públicos, lo que se sustenta en un trabajo sólido y objetivo. Aseguró que las reformas en la materia realizadas en 2026 están dando resultados positivos en la transformación de la ASF.
Sostuvo que no se trata de dar únicamente más facultades, sino de hacer más moderna la forma de trabajar, con procesos más claros, más herramientas para investigar y un mejor seguimiento, aunado que, en esta realidad de uso de la Inteligencia Artificial, la fiscalización no se puede quedar atrás. “Respaldamos este informe de resultados pues es un paso importante para fortalecer la fiscalización de los recursos públicos”.
El diputado del PT, Gerardo Olivares Mejía, al manifestar su respaldo a una fiscalización efectiva y profunda, destacó que este acto no debe entenderse como un trámite administrativo ni como un acto protocolario, pues es un pilar para fortalecer la transparencia, la medición de cuentas y la confianza de la ciudadanía en las instituciones, por lo que es indispensable analizar los informes con mirada crítica, responsable y constructiva.
Precisó que evaluar cómo se ejercen los recursos públicos es una tarea que convoca a todas y todos los legisladores, funcionarios, servidores públicos y ciudadanía, pues para que su labor tenga resultados concretos es necesario que sus hallazgos no se queden solamente en el papel, deben servir para corregir deficiencias, mejorar la gestión gubernamental, prevenir la repetición de malas prácticas y, cuando proceda, recuperar los recursos públicos afectados.
Del PRI, el diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla aseveró que la responsabilidad legislativa no se agota solamente con recibir los informes, sino se tiene el deber de analizarlos, de estudiar sus resultados y ejercer las atribuciones de seguimiento que le corresponden a la Cámara de Diputados, y este análisis se debe concentrar en la calidad del ejercicio presupuestal, en la eficacia de los mecanismos de control interno y en particular en la capacidad de las instituciones para corregir las deficiencias identificadas.
Refirió que la revisión de la Cuenta Pública se debe sustentar en evidencia verificable, procedimientos técnicos, criterios consistentes y conclusiones debidamente fundamentadas; estos principios deben aplicarse sin distinción alguna, porque la fiscalización no puede tener criterios diferentes dependiendo del origen partidista de una administración, de su ubicación geográfica o de la identidad de sus titulares.
El diputado Gildardo Pérez Gabino (MC) afirmó que el dinero público no nace de las oficinas del gobierno, sale del esfuerzo y del trabajo del pueblo y en una democracia ninguna mayoría política debe estar por encima de la Constitución Política, porque las instituciones no pertenecen a quienes temporalmente gobiernan, sino a la nación y a las y los mexicanos.
Subrayó que hoy frente a las irregularidades administrativas y financieras investigadas en el Instituto Nacional Electoral (INE), se tiene que hablar de una institución que es indispensable para nuestra República: la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Por ello resulta indispensable aclarar cuántos pesos han regresado al patrimonio público y del monto total observado cuánto ha sido aclarado, cuánto se ha recuperado y cuánto continua pendiente.
A la entrega acudió el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), José Ramón Amieva Galvéz; el magistrado de la Segunda Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del TFJA, Francisco Medina Padilla.
De igual modo, la presidenta de la Comisión Nacional Antimonopolios, Andrea Marván Saltiel; el director general de Asuntos Normativos e Internacionales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Héctor Mares Gallegos.
También, el Contralor Interno de la Cámara de Diputados, Andrés Lozano Lozano; el secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah Gebara; el titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia, Ricardo Palma Rojas.