PVEM propone que el Estado destine mayor presupuesto para niños en orfandad

Política

Javier Divany Bárcenas

La protección de menores de edad debe ser una responsabilidad permanente del Estado mexicano, respaldada por recursos públicos suficientes, específicos y transparentes, así lo consideró el diputado del Partido Verde Ecologista, Jesús Cuanalo Araujo, quien señala que en próximos presupuestos debe ser una prioridad.

“No podemos permitir que su futuro dependa únicamente de la generosidad de particulares, de las donaciones que reciben las casas-hogar o de las posibilidades económicas de las instituciones que los atienden”, enfatizó.

Durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2027, Cuanalo Araujo presentó una reserva a fin de reasignar 200 millones de pesos al Sistema  para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), específicamente al programa de Servicios de Protección y Asistencia Social.

En su planteamiento, explicó que incluyo apoyos para que este sector de la población pueda seguir estudiando después de cumplir 18 años y concluya una carrera universitaria o una formación profesional.

“Cumplir 18 años, no significa que una persona haya adquirido automáticamente los recursos económicos, emocionales y educativos para enfrentar sola la vida, puntualizó.

Demandó no permitir que una niña o un niño que ha pasado años bajo la protección de una institución llegue a la mayoría de edad y se encuentre, de pronto, sin hogar, sin recursos y sin oportunidades para continuar su preparación.

“Tenemos que construir un sistema que acompañe su desarrollo y que les permita alcanzar sus aspiraciones”, abundó el legislador.

“Una nación no solamente se mide por el tamaño de su economía, por sus grandes obras de infraestructura o por la magnitud de su presupuesto. También debe medirse por la manera en que cuida a sus niñas y niños, especialmente a aquellos que han perdido a sus padres, que han sido abandonados o que, por diversas circunstancias, han quedado sin una familia que pueda protegerlos”, comentó el diputado del PVEM.

Jesús Cuanalo considero que los diputados deben prestar mayor atención presupuestaria a una población que requiere protección especial; las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad, abandono o sin cuidados parentales.

En la reserva presentada se buscó que se reasignaran 200 millones de pesos al Sistema Nacional DIF, específicamente al programa de Servicios de Protección y Asistencia Social Integral, con el propósito de fortalecer la atención de niñas, niños y adolescentes en casas hogar y centros de asistencia social.

Explicó que la propuesta consistió en transferir esos recursos desde un programa de apoyo administrativo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, sin incrementar el gasto total del presupuesto federal.

Además, se trata de una propuesta concreta para colocar esta necesidad en la discusión de las prioridades nacionales.

El legislador del Verde indicó que su preocupación es desde 2025 cuando presentó una iniciativa orientada a establecer recursos públicos federales para garantizar la atención integral de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad o abandono.

Mi planteamiento va más allá de asegurarles un lugar donde dormir o alimentos para subsistir, es que México pueda garantizarles atención médica, salud mental, alimentación, vivienda digna, educación, protección y acompañamiento hasta que cuenten con las herramientas necesarias para construir una vida independiente.

Quienes crecen sin cuidados parentales puedan continuar estudiando después de cumplir los 18 años, con apoyos que les permitan concluir una carrera universitaria o una formación profesional.

“No debemos permitir que una niña o un niño que ha pasado años bajo la protección de una institución llegue a la mayoría de edad y se encuentre, de pronto, sin hogar, sin recursos y sin oportunidades para continuar su preparación, tenemos que construir un sistema que acompañe su desarrollo y que les permita alcanzar sus aspiraciones.

Señaló que, de acuerdo con información del INEGI, en el Censo de 2020 se identificaron mil casas hogar para menores de edad en México.

Pidió fortalecer a las casas hogar y centros de asistencia social, tanto públicos como privados debidamente autorizados y supervisados, para que cuenten con condiciones adecuadas de seguridad, personal especializado, alimentación, servicios médicos, apoyo psicológico y educación.

Además, de debe privilegiar siempre que sea posible el derecho de las niñas y los niños a vivir en familia, mediante mecanismos seguros de reunificación familiar, acogimiento y adopción. Las casas hogar deben formar parte de un sistema integral de protección, no sustituir permanentemente el derecho a una familia.

La atención psicológica merece una consideración especial, pues muchos menores que han enfrentado abandono, violencia o pérdida familiar requieren acompañamiento profesional para superar experiencias difíciles y desarrollar plenamente sus capacidades.

También debemos ofrecerles oportunidades culturales, deportivas, educativas y de convivencia que fortalezcan su autoestima, sus habilidades y su proyecto de vida.

“Aspiro a que México cuente con una política nacional que asegure recursos públicos etiquetados, mecanismos transparentes de financiamiento y un sistema de atención integral para cada niña, niño o adolescente que se encuentre sin cuidados parentales”, concluyó.