- Con la emisión de los instrumentos jurídicos, la Secretaría de las Mujeres transparenta los recursos federales del ejercicio fiscal 2026 destinados a la atención, protección y acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia de género en los CJM
- Los subsidios forman parte del Componente A del Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención a las Causas
- Las entidades asumen compromisos de transparencia, rendición de cuentas e informes de avance físico-financiero bajo fiscalización federal
El Gobierno de México avanza en la formalización y publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de los convenios de coordinación y adhesión entre la Secretaría de las Mujeres y las entidades federativas para la operación, equipamiento y fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM).
Mediante este ejercicio de transparencia institucional, esta dependencia da certeza jurídica a la asignación de los recursos federales correspondientes al ejercicio fiscal 2026 del Componente A: «Centros de Justicia para las Mujeres», perteneciente al Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención a las Causas.
Este proceso presupuestal derivó de la publicación de la convocatoria oficial para acceder a los subsidios federales, mediante la cual se aprobaron un total de 41 proyectos presentados por las entidades federativas.
Dicha asignación beneficia directamente a 37 Centros de Justicia para las Mujeres (CJM), con lo que se fortalece la red nacional que actualmente cuenta con 83 centros en operación y proyecta alcanzar los 85 al cierre de este año.
Con la emisión progresiva de 28 convenios publicados hasta el momento en el DOF, se destinan fondos estratégicos orientados prioritariamente a la operatividad, equipamiento, fortalecimiento y optimización de los servicios de atención especializada que reciben las mujeres, sus hijas e hijos.
En la convocatoria se impulsó la creación de Centros de Justicia Itinerantes para las Mujeres, con el propósito de acercar los servicios de atención integral, especializada y multidisciplinaria, protección y acceso a la justicia a mujeres víctimas de violencia de género, así como a sus hijas e hijos, particularmente en zonas rurales o de difícil acceso y a mujeres indígenas, afromexicanas, con discapacidad, adultas mayores o en situación de pobreza.
Como resultado de esta acción, durante el ejercicio fiscal 2026 entrarán en operación 17 Centros de Justicia Itinerantes en nueve entidades federativas: Baja California, Chiapas, Colima, Nuevo León, Oaxaca, Guerrero, Aguascalientes, San Luis Potosí y Sinaloa.
En este paquete de convenios se da seguimiento a la segunda etapa del CJM de Jojutla, Morelos, cuya creación inició con el subsidio de 2025, y se contempla la creación del CJM de Tonalá, Chiapas.
Cada instrumento jurídico establece que los subsidios deberán aplicarse en rubros operacionales, equipamiento e infraestructura integral que garanticen la protección y el acceso a la justicia de las usuarias.
Esto incluye la adecuación de espacios para la atención interdisciplinaria, el fortalecimiento a las áreas de medidas u órdenes de protección, casas de emergencia, ludotecas, ajustes razonables para personas con discapacidad, áreas de atención integral para mujeres, sus hijas e hijos.
Conforme a las reglas de operación y los lineamientos estipulados en los acuerdos, los gobiernos estatales receptores asumen la obligación de ejercer los fondos de forma transparente, sujetándose a la entrega periódica de informes técnicos y financieros de avance.
El seguimiento del gasto estará bajo la vigilancia de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y de la Auditoría Superior de la Federación.
Con este marco normativo y presupuestal, el Gobierno de México, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reafirma el principio de justicia territorial para descentralizar los servicios esenciales de atención a las violencias por razón de género.
En atención al mandato presidencial, la Secretaría de las Mujeres articula esfuerzos con los estados para consolidar espacios seguros, dignos y eficientes en donde las mujeres ejerzan plenamente su derecho a una vida libre de violencias.
