- La bancada priista impulsa una reforma para eliminar la discriminación tarifaria basada en ubicación geográfica y condiciones climáticas
- El pago de la luz ha generado desigualdades, dejando fuera a comunidades marginadas y sectores de bajos ingresos que pagan más sin recibir beneficios de subsidios
El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República, liderado por Manuel Añorve Baños, impulsa una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica para eliminar las tarifas diferenciadas por regiones y garantizar precios justos en todo el país.
Desde la tribuna, el senador Ángel García Yáñez presentó la iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, a nombre propio y de los integrantes del grupo parlamentario del PRI. Explicó que la propuesta busca terminar con un esquema tarifario que discrimina a miles de familias según su ubicación geográfica y sus condiciones climáticas. En su lugar, el Ejecutivo Federal establecería un mecanismo de tarifas equitativo que garantice justicia para todos los hogares mexicanos.
“La pobreza energética es una realidad que golpea a millones de personas. La luz no es un lujo, es una necesidad. No tener electricidad no es solo no poder encender un foco, es no poder conservar alimentos, no poder estudiar de noche, no poder prender un ventilador en el calor extremo o una calefacción en el frío. Hay familias que viven con la angustia de que les corten la luz porque no pueden pagar un recibo que se vuelve impagable. No es justo que el acceso a la electricidad dependa del lugar donde vives y no de cuánto puedas pagar”, dijo el senador priista.
El GPPRI propone un precio máximo de electricidad equivalente a un salario mínimo vigente en la Ciudad de México, con el propósito de aliviar la carga económica de las comunidades marginadas y los sectores de bajos ingresos, quienes actualmente pagan más sin recibir subsidios.
El esquema tarifario actual ha beneficiado a ciertas regiones mientras que otras, con igual o mayor necesidad, han sido ignoradas. Actualmente, los subsidios y tarifas preferenciales se asignan según la temperatura media de cada zona, dejando fuera a comunidades con dificultades económicas que no cumplen con los criterios climáticos establecidos y que, por tanto, deben pagar mucho más, según lo establece la iniciativa.
“La electricidad es un derecho y no garantizar su acceso es negar otros derechos fundamentales como la educación, la salud y una vida digna. No podemos seguir permitiendo que la energía sea un privilegio. Hoy tenemos la oportunidad de hacer lo correcto, de dar a la gente lo que le corresponde, de construir un país donde nadie tenga que vivir a oscuras, ni literal ni metafóricamente”, afirmó Ángel García Yáñez.
Los senadores del PRI sostienen que esta reforma no solo beneficiará a los hogares, sino también a la economía nacional. Reducir las tarifas eléctricas permitirá que las pequeñas y medianas empresas sean más competitivas, disminuyan costos operativos y generen más empleos. Una política energética justa no solo respalda a las familias, sino que fortalece la productividad y la competitividad del país.
“El acceso a la electricidad impacta directamente en la calidad de vida. Es inaceptable que algunos sectores se beneficien con tarifas reducidas mientras otros, en condiciones similares o incluso más precarias, enfrenten costos elevados. Una política tarifaria más justa incentivará el uso eficiente de la energía y fomentará la inversión en tecnologías limpias, lo que también promoverá el ahorro y la eficiencia energética en todo el país.”
La iniciativa priista ya está en manos del Poder Legislativo, donde se decidirá si se prioriza el bienestar de la población o si se sigue castigando a los más vulnerables con tarifas impagables. “Es hora de legislar con empatía, con sentido común, con el corazón en la mano. Hoy no dejemos pasar esta oportunidad”, puntualizó el legislador morelense.
