- Se busca garantizar la seguridad y protección del pasaje, reforzando medidas de seguridad, certeza y confort
La Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Congreso capitalino aprobó el dictamen a la iniciativa ante el Congreso de la Unión para adicionar un artículo 43 Bis, del servicio de transporte privado de pasajeros con chofer, que operan y se administran por plataformas o medios digitales, a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, referente.
La iniciativa presentada por los diputados Alberto Martínez Urincho (MORENA), Israel Moreno Rivera (PVEM) y Pablo Trejo Pérez (PRD) propone establecer las bases generales para la seguridad y protección del pasaje en el servicio de transporte privado contratado por plataformas digitales, reforzando medidas de seguridad, certeza y confort.
El diputado Miguel Ángel Macedo Escartín (MORENA), presidente de la comisión dictaminadora, indicó, con datos del Diagnóstico Técnico Integral de Movilidad de la Ciudad de México 2020-2024, se realizan alrededor de un millón 62 mil viajes diarios en taxi, de los cuales el 11 por ciento corresponde al uso de taxis por aplicación.
A nivel local y nacional, dijo, “estamos frente a una clara transformación de las formas de movilidad urbana”, ya que se vive una época de avances tecnológicos, donde la conectividad global y el desarrollo de nuevas plataformas digitales han impactado de forma directa en los ámbitos de transporte de la ciudadanía.
Afirmó que ante el crecimiento del transporte por aplicación existe la necesidad de generar nuevas herramientas que garanticen el bienestar de las y los usuarios, por lo que “debemos impulsar mecanismos regulatorios flexibles y eficaces que permitan a la ciudadanía acceder a un servicio seguro, confiable y de calidad”.
El diputado Alberto Martínez Urincho (MORENA) señaló que es importante mejorar el servicio de transporte, por ello, la modificación debe incluir aspectos como conocer la identidad del conductor, datos del vehículo, planificar y trazar la ruta, una tarifa transparente, uso de tarifas dinámicas, evaluación de choferes y pasajeros.
La legisladora Patricia Urriza Arellano (MC) se manifestó a favor del dictamen y comentó que las personas conductoras de aplicación deben ser consideradas como trabajadores, agregó que la plataforma digital es la que debe hacerse cargo en caso de que haya algún siniestro o se involucren las autoridades en cualquier evento, no los conductores.
Por su parte, las diputadas Yolanda García Ortega (PVEM) y Jannete Elizabeth Guerrero Maya (PT) agradecieron la apertura por atender las observaciones y los comentarios hechos al dictamen, con los cuales se seguirán reforzando los derechos de las personas usuarias que habitan y transitan en la Ciudad de México.
La reforma propuesta indica que tratándose del servicio de transporte privado de pasajeros con chofer, que operan y se administran por plataformas o medios digitales, además de las condiciones y requisitos que establezcan las leyes aplicables, contarán con al menos: herramientas digitales accesibles y asequibles con las personas usuarias; transparencia y claridad en el cobro de tarifas o precios por el viaje; disposición en pago en efectivo o vía electrónica; información sobre la geolocalización del recorrido, identificación de la persona conductora y del vehículo.
Asimismo, protección de datos personales de conformidad con las leyes aplicables; seguro de cobertura amplia y medios de evaluación del servicio; protocolos de seguridad personal, limpieza y devolución de objetos olvidados; protocolos de atención en caso de emergencias; certificaciones periódicas de las personas conductoras de no consumo de drogas o alcoholismo, así como de la revisión y mantenimiento de los vehículos; reporte de incidentes viales, si los hubiera; y accesibilidad en vehículos y empatía de las personas conductoras con las personas usuarias, en caso de que pertenezcan a un grupo vulnerable.
Se plantea también que las plataformas y sus prestadores de este tipo serán responsables solidarios, y están obligados a colaborar en todo momento, con las autoridades competentes en caso de investigaciones o pesquisas relacionadas con la seguridad y la justicia.
