- En el Congreso de la Ciudad de México fue presentada una iniciativa de reformas a diversas disposiciones del Código Penal capitalino con ese objetivo
Debido a que miles de niñas y niños sufren abandono, desatención y violencia en sus hogares, en el Congreso de la Ciudad de México se presentó una iniciativa de reformas a diversas disposiciones del Código Penal capitalino, para endurecer las sanciones contra madres y padres de familia, tutores o quienes ejerzan su custodia que incumplan sus obligaciones de cuidado y pongan en riesgo a los menores de edad.
La autora de dicha propuesta es la diputada Adriana Espinosa de los Monteros García, quien explicó que la falta de cuidados y el abandono de los infantes son formas de violencia que, pese a no ser notorias físicamente, merecen ser castigadas con mayor fuerza.
“La omisión de cuidados también es violencia. No siempre deja marcas visibles en el cuerpo; no siempre se manifiesta mediante golpes. A veces se presenta en un plato vacío, en una enfermedad que no recibe atención médica; en una niña o un niño que pasa horas sin supervisión, obligado a aprender a sobrevivir, sobre todo en los momentos más adversos y estar descubriendo su mundo solos”, expresó.
En la Sesión Ordinaria del pasado 10 de noviembre, la legisladora de MORENA subió a la tribuna para explicar que su iniciativa busca incrementar la pena mínima de prisión para quienes cometan abandono o negligencia en los cuidados de menores de edad y tengan la obligación legal de protegerlos.
Además, que se duplicarían las sanciones cuando sea contra infantes que no rebasen los 12 años, pues carecen de la autonomía o herramientas para garantizar su propia supervivencia. Incluso la autoridad judicial podría retirar, suspender o restringir la patria potestad o custodia, por considerar como negligencia grave la privación reiterada de alimentación, atención médica, educación o supervisión.
La representante popular indicó que el 28 por ciento de los reportes de menores en situación de riesgo son por omisión de cuidados o abandono. “Pensemos en los recurrentes reportes que atestiguan los servicios de emergencia en nuestra ciudad: recién nacidos y lactantes localizados en plena vía pública, expuestos al frío y al peligro, cuya única defensa ante la intemperie fue el llanto que alertó a un transeúnte”, lamentó.
En ese contexto, aclaró que su propuesta no pretende criminalizar la pobreza ni las condiciones de vulnerabilidad económica que enfrentan algunas familias, particularmente las madres jefas de familia, sino sancionar las conductas que pongan en riesgo la integridad de niñas y niños.
“Lo que sancionamos es la negligencia grave, deliberada y reiterada que pone en peligro la vida del menor. El Artículo Cuarto de nuestra Constitución consagra el principio de interés superior de la niñez. No es una frase decorativa para los discursos”, puntualizó Adriana Espinosa de los Monteros.
Sostuvo que la protección de la infancia requiere acciones institucionales que permitan prevenir situaciones de abandono antes de que ocasionen daños irreparables, pues el cuidado de niñas y niños representa una obligación que debe garantizarse desde el ámbito familiar y el Estado.
“Hablamos de seres humanos que llegan al mundo dependiendo absolutamente de los adultos; que necesitan protección, alimento, salud, afecto y, sobre todo, un entorno donde puedan crecer con dignidad y seguridad. Pensemos en los pequeños encerrados bajo llave que pasan horas asomándose a una ventana para pedir auxilio o algo de comida a los vecinos”, recalcó la morenista.
De acuerdo con la iniciativa de reformas al Código Penal capitalino, actualmente la pena mínima es de tres meses a tres años de prisión, y pasaría a un rango de seis meses a tres años, cuando no haya lesión o daño a los menores de edad. Las penas se duplicarían cuando se ponga en riesgo a aquellos que no rebasen los 12 años y quedarían de uno a seis años de prisión.
También se otorgarían facultades a los jueces para decretar la pérdida, suspensión o restricción de la patria potestad, tutela o custodia de los menores de 18 años, y se entenderá como negligencia grave la privación, intencionada o reiterada, de alimentos, atención médica urgente, educación obligatoria o supervisión física que pongan en riesgo la integridad de este sector de la población.
En caso de precariedad económica, ésta no constituirá el delito por sí sola, salvo que exista una conducta dolosa, negligente, grave o reiterada, que ponga en peligro la salud, integridad o vida de las niñas o los niños.
La iniciativa fue turnada por la Mesa Directiva del Congreso capitalino a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, con opinión de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, para su análisis y dictaminación.



