Prisma empresarial

Finanzas

La corrupción en Pemex a tambor batiente

Concanaco * México Evalúa * Sheinbaum

Por Gerardo Flores Ledesma

EL ASUNTO de la corrupción en Pemex está a tambor batiente a nivel de mandos medios para abajo. Los negocios son millonarios y se ventilan entre gerentes al interior de la paraestatal y empresarios como Gas Natural del Noroeste (GNN), porque arbitrariamente fijan precios, emiten facturas infladas hasta en 20 veces el costo real del combustible, en perjuicio a empresas pequeñas y medianas, pero sobre todo exhiben una grave violación de leyes, normas y derechos constitucionales.

El tema es más profundo, cuando se confirma que el contubernio echa mano del chantaje, la extorsión, la amenaza e incluso provoca operativos contra industrias en el que participan autos sin placas, sin logotipos y con personal no identificado y enmascarados al más puro estilo de los grupos del crimen organizado, y que desembocan en la toma de las unidades económicas, incluso por meses, sin apego a la legalidad, sólo para intimidar, porque simplemente no se quiso formar parte del círculo de corrupción.

El antecedente es breve, pero la situación es grave para cientos de empresas en el país, porque en 2019 estos negocios, con dos décadas de trabajo legal y que dan trabajo a 300 empleados en promedio, sufrieron la cancelación de contratos que tenían con Pemex, aunque vencían hasta 2022, y “alguien” determinó entregar las concesiones de distribución y transporte del gas natural a muy pocas empresas como fue el caso de GNN, propiedad de SIMSA.

Estos actos inconcebibles, bochornosos, subrepticios y con negociaciones en lo oscurito, han desatado demandas contra funcionarios de la paraestatal, como la que existe en contra de Beda Carreto Santiesteban, gerente de Comercialización de Gas Natural y Etano de Pemex, quien mañana martes 19 de octubre deberá acudir a la Fiscalía Célula III-4 de Córdoba, Veracruz, para enfrentar las acusaciones de negligencia y abuso en sus funciones, asentadas en la carpeta de investigación 2666/2021.

La susodicha funcionaria culpó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de haber cancelado los contratos de manera unilateral y manda a las empresas con quien tiene la exclusividad de transporte.

De ese modo se negó a varias empresas veracruzanas su derecho a abastecerse de gas natural directamente de los ductos de Pemex. La conducta de Carreto Santiesteban favorece a empresas como GNN, que a través de su filial Energas, opera con prácticas monopólicas y fija precios a su antojo, a través de ductos y tomas que no son de su propiedad, sino de la nación.

La conducta de esa funcionaria de Pemex Transformación Industrial evidencia que las malas prácticas y la corrupción predominan desde hace dos lustros en la petrolera, y que varios de sus funcionarios ahora están al servicio de concesionarios como GNN o bien forman parte de las «nóminas» de delincuentes de «cuello blanco».

Con este tipo de actos de corrupción, desde las filas burocráticas, se daña a la economía de Pemex y contribuye a su desmantelamiento, y con el apoyo de empresas, como las mencionadas, se fomenta la venta de combustibles a precios más altos que los determinados por el mercado y las autoridades nacionales, lo que ha provocado daños monetarios cuantiosos a muchas industrias de la zona y el cierre definitivo de otras.

Se sabe que la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas) y la misma Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya hacen investigaciones al respecto.

Falta saber qué dirá en presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este cochinero.

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TODOS LOS sectores económicos han hablado del tema de la contrarreforma eléctrica. Los empresarios, inversionistas del país y del exterior, así como expertos piden que se frene el documento que envió a los legisladores el presidente López Obrador el pasado 1 de octubre.

Sin duda, todos queremos energía accesible, segura, sostenible y moderna, porque el uso de ella beneficiaría directamente el patrimonio natural de México, pilar del sector turismo, que según la Concanaco tiene una población ocupada de 3 millones 931 mil personas hasta el cierre de junio 2021.

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MÉXICO EVALÚA subraya que el cambio en el sector energético y en la política de propiedad estatal que conlleva de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Pemex, causaría graves daños a las empresas privadas y a las entidades productivas del Estado, que pasarían a convertirse en organismos del Estado.

La CFE se convertiría en un ente dotado de autonomía constitucional (como el Banco de México), con la posibilidad de tener un estatus legal superior al de las secretarías de Estado, hecho que nos regresa a un Estado más centralizado, menos transparente y con nula rendición de cuentas, con múltiples afectaciones a la competitividad del país, las finanzas públicas, los derechos adquiridos y el bienestar de la población, en general.

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FAMILIAS DE Iztapalapa, concretamente de la Unidad Habitacional Artículo Cuarto Constitucional, conocida como Biatlón, ubicada en Avenida Fuerte de Loreto y Batalla 5 de mayo, pidieron a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, intervenir ante grupos armados que amenazan y extorsionan para invadir y desalojar a familias de sus departamentos.

Los quejosos acusan que urge detener la violencia que se agudizó en los últimos meses, y demandaron la presencia de la Guardia Nacional para proteger a la población.

Los grupos, con armas de alto poder, son identificados como Los Rojos, Francisco Villa, Tepito, Lienzo Charro y Ejército de Oriente, que tienen “halcones” que vigilan horarios, lugares de trabajo y miembros de la familia para amenazarlos de que tienen 24 horas para desocupar el departamento o morirá un familiar. Con ese modus operandi han desalojado a familias de sus departamentos en 20 edificios invadidos. La pregunta de los colonos de dicha unidad es si habrá respuesta de la autoridad o esperarán a que se formen grupos de autodefensa, sin calcular en dónde tope este problema.

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