• Advierten que la llegada masiva de visitantes a Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey puede incrementar riesgos de trata de personas y explotación sexual
• Plantean operativos especiales, campañas de prevención y una estrategia integral para proteger a mujeres, niñas, niños y adolescentes
Las y los senadores del Partido Revolucionario Institucional presentaron un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades federales y locales a fortalecer las medidas de prevención, vigilancia y coordinación institucional contra la trata de personas y la explotación sexual durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá como sedes a Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
Las y los legisladores señalaron que la realización del Mundial representa una oportunidad histórica para impulsar el turismo, la economía y el intercambio cultural; sin embargo, advirtieron que la concentración de cientos de miles de visitantes nacionales y extranjeros también puede generar condiciones favorables para el aprovechamiento de organizaciones criminales en la comisión de delitos, particularmente en perjuicio de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Mediante el punto de acuerdo, el PRI exhortó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Fiscalía General de la República, a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Turismo y a los gobiernos de Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León a implementar operativos especiales, campañas de prevención y una estrategia integral para la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes durante el desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
La propuesta también contempla el fortalecimiento de la capacitación y sensibilización de prestadores de servicios turísticos, establecimientos de hospedaje, plataformas de transporte y personal de atención al público, con el objetivo de identificar posibles situaciones de riesgo, activar protocolos de denuncia y colaborar oportunamente con las autoridades competentes.
Recordaron que la trata de personas constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos, ya que atenta contra la libertad, la integridad personal, la seguridad y el libre desarrollo de las personas. Asimismo, destacaron que México tiene obligaciones constitucionales e internacionales en materia de prevención, investigación y sanción de estos delitos, además de brindar protección y atención a las víctimas.
Las y los senadores subrayaron que organismos internacionales y especialistas han advertido que los eventos masivos pueden aumentar la vulnerabilidad de ciertos grupos poblacionales ante redes de explotación sexual y laboral. Por ello, consideraron indispensable el establecimiento de mecanismos de coordinación entre autoridades de seguridad, procuración de justicia, turismo, movilidad, protección civil y sistemas de protección de niñas, niños y adolescentes.