• Carolina Viggiano advirtió que el PRI ha identificado riesgos de fondo en la ley de telecomunicaciones. Cuestionó restricciones a concesionarios, el rol de la CFE, la imparcialidad de medios públicos y el impacto del artículo 201.
• Claudia Anaya cuestionó el uso comercial de una red subsidiada por el Estado y advirtió que deben corregirse los artículos que violentan derechos y tratados internacionales.
El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, encabezado por Manuel Añorve Baños, denunció que el análisis de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión avanza como un “simulatorio”. Este jueves se llevó a cabo el tercer conversatorio y, nuevamente, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, estuvo ausente. Añorve, quien ha dado puntual seguimiento a cada etapa del proceso, ha reiterado que el funcionario debe acudir al Senado y responder con claridad todas las dudas que ha generado esta iniciativa.
“Resulta inaceptable que quien estará a cargo de regular todo el sistema si esta ley se aprueba se niegue a dar la cara y explicar a detalle los cambios propuestos. Mientras el oficialismo impulsa una norma que pone en riesgo la libertad de expresión, sus operadores políticos se esconden del escrutinio público. Una ley que afectará a todo el país no puede construirse desde la opacidad ni excluyendo el debate democrático que exige una reforma de este calibre”, señala el GPPRI.
Durante el conversatorio, la senadora Carolina Viggiano Austria señaló que el PRI ha identificado riesgos que deben corregirse a fondo. “Queremos verdaderamente que sean tomadas en cuenta las inquietudes que aquí se han planteado. Aspiramos a más, a un nuevo marco normativo que realmente responda a la realidad”, afirmó.
Cuestionó las restricciones a concesionarios de redes públicas y el papel de la CFE como red compartida mayorista: “¿Cómo va a comercializar sus servicios de telecomunicaciones o de energía para otros concesionarios? ¿No distorsiona esto la competencia?”, preguntó. Subrayó que debe analizarse si el ecosistema digital requiere un marco legal propio: “¿No deberíamos tener un marco normativo separado para algo tan novedoso?”, planteó.
También expresó preocupación por la imparcialidad de medios públicos: “¿Canal 22 está cumpliendo con una verdadera alfabetización digital crítica o solo reproduce la narrativa del régimen?”. Sobre el artículo 201, que exige autorización previa de Gobernación para contenidos extranjeros, advirtió: “Esto afectaría directamente a la industria de la publicidad y abre peligrosamente la puerta a la censura”.
La senadora Claudia Anaya Mota insistió en su preocupación por el impacto que tendría la operación comercial de Altan bajo control del gobierno, al advertir una posible distorsión del mercado derivada del uso de infraestructura pública subsidiada. Recordó que “el gobierno ejerció un crédito fiscal por $40,000 millones sobre Altan y ahora Altan ya pertenece al gobierno”.
Señaló que esta red, operada con recursos públicos, está siendo utilizada para vender internet a centros comerciales y tiendas de autoservicio. Lo cual contrasta con el artículo 28 constitucional que considera el internet que provee el estado como actividad estratégica es decir exclusiva, los fines del internet del Estado son públicos y no comerciales ahora se está subsidiando a una empresa privada para que haga negocios
“¿Cómo es que no se genera una distorsión de mercado con esto?”, cuestionó.
Añadió que en 2014 se permitió la asociación entre la CFE y Altan bajo el acuerdo de prestar un servicio público de internet a comunidades remotas, no con fines comerciales. “Si nos pasamos a un servicio de carácter comercial, con la infraestructura que provee el Estado, ¿cómo es que pretenden ustedes que no haya una distorsión?”, remarcó.
Agradeció las intervenciones de quienes participaron en el conversatorio —especialistas en infraestructura, contenidos, publicidad extranjera y servicios digitales— y sostuvo que deben eliminarse los artículos que ponen en riesgo la libertad de expresión y abren la puerta a la censura. Asimismo, reconoció los señalamientos sobre posibles inconstitucionalidades y violaciones a tratados internacionales. “Por eso es importante que tomemos nota, que nos sigan haciendo marco de referencia de lo que estamos violentando para poder corregirlo en el futuro”, concluyó.
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